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Dina Cardoso enfoca sus ojos llorosos a través de sus anteojos. “Yo espero que puedan ver más allá de la letra fría, que piensen en las familias que destruyeron, como si tuvieran un desaparecido, como nosotros”, dice. Hace una semana que no duerme. Difícilmente pueda hacerlo hasta el viernes próximo. Ese día, el de la primera sentencia en Jujuy por juicios de lesa humanidad, podrá empezar a hacer un duelo que lleva 37 años de espera. “No se trata sólo de justicia, se trata de cerrar una herida que lleva décadas abierta. Y tal vez ni eso: porque hasta que no nos digan dónde está el cuerpo de Avelino, no nos den un pedacito de hueso para enterrar y dejarle una flor, la herida no va a cicatrizar por completo”. Dina es la sobrina de Avelino Bazán, extitular del Sindicato Obrero Mina Aguilar (SOMA) y exdirector provincial de Trabajo en 1973. El caso de la Mina El Aguilar, al igual que el del Ingenio Ledesma, es un emblema de la complicidad empresarial con la represión: Bazán y un grupo de 26 mineros fueron secuestrados el 24 de marzo de 1976 con la participación de la empresa. A Bazán lo dejaron en libertad, pero lo volvieron a capturar en el ’78. Es el único de los mineros que permanece desaparecido.

“Hay compañeros que vieron listas en poder del jefe de Personal de la mina, Eduardo López. Y los traslados del 24 de marzo se hicieron en camionetas de la compañía, cargadas de minerales. Encima hacían poner las cosas de las familias que echaban del pueblo”, cuenta Dina a InfoJus. Ella, otro de sus tíos, y su madre –que vive en Palpalá, tiene más de 80 años y artrosis de cadera, pero no se perdió una audiencia-, no han descansado aportando pruebas a la investigación judicial.

El caso de Bazán y el de los otros es una de las cuatro causas que llegaron a juicio. Sin embargo, por la fragmentación de la etapa de instrucción, por 43 víctimas sólo hay tres imputados: el teniente primero Antonio Orlando Vargas, interventor militar del penal de Villa Gorriti, y dos militares de Inteligencia: José Bulgheroni y Rafael Braga.

“Nosotros vimos un juicio medio desprolijo. Todavía no puedo hacer un balance completo, porque falta la sentencia, pero para los alegatos, el presidente del tribunal (René Vicente Casas) les dio a las querellas una sola semana y a las defensas, como se enfermó un juez y hubo feriados, les dio un mes. También les dio tiempo de estudiar bien, poner y sacar. Por eso el tribunal nos preocupa. Estamos en una tensa calma”.

-Jujuy es una de las provincias donde queda más expuesta la participación civil en la dictadura militar.

-Sí. El caso del Ingenio Ledesma y la Mina El Aguilar fueron procedimientos espejo. Las dos empresas, inclusive, tenían el mismo militar como asesor. Pero no fueron sólo esos dos casos. Acá tuvimos el caso del obispo Medina, que murió impune, y que pasaba por los centros clandestinos y les decía que para que él los ayudara tenían que contar todo. Algunos lo hacían, y al tiempo veían secuestrados a los compañeros que nombraban.

- ¿Y el Poder Judicial?

-El juez Olivera Pastor tuvo las causas paralizadas durante mucho tiempo, hasta que logramos que lo apartaran. Él fue armando esta ingeniería de telaraña que hoy provocó que se estén juzgando por más de cuarenta víctimas sólo a tres tipos y que se tengan que instruir segundas partes de todas las causas. Durante este juicio oral fueron convocados como testigos tres exjueces. Para los tres se van a abrir nuevas causas, para investigar una presunta complicidad con la dictadura.

Dina recordó que durante el juicio oral surgió un dato preocupante: Hugo Fernando Eleit, uno de los testigos, contó que el padre del juez Casas cenaba todos los jueves con José Bulgheroni, uno de los imputados. “Su padre le pidió por mi libertad. Bulgheroni me dijo que le agradeciera al doctor Casas”, dijo Eleit. Y la sala quedó en silencio.

La mujer nació en Palpalá, un pueblito pequeño a una hora y media de San Salvador de Jujuy. Desde chica forjó un vínculo muy fuerte con su tío. “Yo viví de los seis a los siete años en la casa de Avelino. A mi papá se le había ocurrido que yo fuera a una escuela privada en la capital, y Avelino le dijo que me fuera a vivir con él un tiempo. Fue mi tutor. Fue a principios de los ’70, y recuerdo que por las tardes tenía reuniones de militancia y me pedía que lo acompañe. Después me llevaba a la heladería “Pingüino” a tomar un helado. En el camino, me decía que me quedara callada, que iba a haber mucha gente grande. Y me daba una silla giratoria. Yo me quedaba jugando ahí, hacía caso. Ya en ese entonces era uno de los dirigentes sindicales más respetados”.

Avelino nació en 1930 en una familia muy pobre de la Quiaca. Tenía ocho años cuando su hermana tuvo un entredicho con su patrona, la esposa del gerente de la mina, y su familia fue cargada en un camión que llevaba plomo y zinc y desterrada a la localidad cercana de Tres Cruces. En su primer año de la secundaria tuvo que dejar el colegio, pero empezó a foguearse en la actividad gremial. A los 17, volvió a la mina como jornalero y se acercó al sindicato. No tardó en convertirse en secretario general del gremio, desde 1958 hasta 1970. En 1966 fue electo diputado, y aunque la dictadura abortó su banca, le bastó para presentar el proyecto de pavimentación de la Ruta Nacional Nº 9 y de la creación de la actual Universidad de Jujuy.

-¿Tu tío tuvo problemas con los directivos de la mina?

-Después del Aguilarazo de 1973, Gendarmería puso una garita adentro de la mina. Mi tío le exigió a los directivos de la empresa que convinieran las horas extra con el sindicato. Pero fue todo lo contrario. En noviembre hubo un paro general de los obreros. Hubo represión y heridos. Desde ahí, mi tío quedó marcado.

Después del secuestro, a Avelino lo trasladaron a Villa Gorriti, a disposición del Poder Ejecutivo. En una de las visitas de su hermana, le pidió un cuaderno Rivadavia. En la visita siguiente le devolvió un manuscrito que llamó “El porqué de mi lucha”, que fue reeditado por el Archivo Nacional de la Memoria y que hoy es prueba en el debate oral. El 7 de octubre de 1976, lo trasladaron en un avión Hércules a la Unidad 9 de La Plata. En junio de 1978 lo dejaron en libertad. Volvió a Jujuy. El 26 de octubre de ese año, cuando se dirigía al cine, lo desaparecieron para siempre.

-¿Cuál es el vínculo que tiene en la actualidad la Mina El Aguilar con el poder político local?

-Total. Tanto que la delegación del comisionado municipal –allí no hay Municipalidad-, elegido por voto de los habitantes del pueblo, está dentro del predio de la mina. Y tiene que pedirle permiso a los directivos de la empresa para salir a hacer trámites, y la empresa le pregunta qué tipo de trámite va a hacer. Y con la provincia también.

-¿Creé que se puede lograr una condena contra Blaquier?

-Creo que se va a llegar, pero no sé cuánto puede demorar. Si no democratizamos la justicia, y llegan otro tipo de jueces como (Fernando) Poviña (juez de instrucción tucumano), la veo difícil.

-¿Qué va a pasar en Jujuy el viernes?

-Espero que haya prisión perpetua para todos los imputados. La sociedad jujeña es temerosa, quieta, sumisa. Muchos tienen miedo. Pero creo que si pasa lo que pasó con la causa de Marita Verón, la gente va a salir a la calle. Eso espero.

Dina y su hermana llegaron sin nada a Buenos Aires hace más de una década, en enero de 2002. El país había estallado, pero sabían que si no se instalaban aquí nunca se iba a conocer la historia de Avelino Bazán. Ella repartió volantes, su hermana se empleó como doméstica. Hoy, una década después, están por lograr lo que nunca esperaron: que por el crimen de su tío y otros desaparecidos jujeños se encuentren culpables y que alguien empiece a pagar.