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Conrado Yasenza: Me parece importante comenzar por cómo llega Usted a hacerse cargo de la Fiscalía en el Juicio sobre los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por el V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca. La querella la había iniciado el fiscal Hugo Omar Cañón, quien renunció para presidir la Comisión Provincial por la Memoria, y usted se hace cargo en 2009. Es correcto este dato, si?

Abél Córdoba: Hugo Cañón renunció para ser candidato del EDE (NdR: Encuentro por la Democracia y la Equidad) en Pcia de Bs As. Ya presidía la Comisión mientras era fiscal. En el 2006, por entonces yo participaba en organismos de derechos humanos. Con la reapertura de las causas por los crímenes durante la dictadura, me convocó Hugo Cañón para integrar los equipos de trabajo de la fiscalía, y hasta el 2009 trabajé con él. Cuando él da el paso a la política, fui designado a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca. Las líneas de trabajo, han sido la continuidad de lo que Hugo Cañón venía desarrollando desde los años 80, y a eso le pudimos sumar nuevos avances de abordajes e imputaciones que estaban pendientes y que no se habían podido desarrollar antes. Así fuimos ampliando las imputaciones y abarcamos no sólo a las jerarquías militares, sino también a los cuadros intermedios, a los ejecutores directos. Fue un avance relevante poder procesar a quienes fueron los guardias de “La Escuelita” que permanecían impunes, por la modalidad con la que habían actuado, usando nombres y alias de cobertura. Y lo mismo en la causa por los centros clandestinos de la Armada en Punta Alta. Ahí avanzamos también en imputaciones rearmando las cadenas de mando y determinando quiénes tuvieron participación en los crímenes que en el caso del centro clandestino de Baterías cuenta con más desaparecidos que sobrevivientes.

Al momento de asumir el cargo, tenía pleno conocimiento de que comenzaba un tarea ardua y tener que continuar la labor de Hugo Cañón, era otro desafío, ya que su figura era en buena parte la que sostenía las causas, no sólo por su valentía, sino que significaba y significa mucho aún para las víctimas, y testigos. Además también era previsible que si lográbamos vencer las resistencias judiciales, que se expresaban sobre todo en demoras y desvíos de los trámites, llegaríamos por primera vez a un juicio oral y público. Al cabo de este tiempo, más allá de haberse logrado el primer objetivo que era la condena de los responsables, está la satisfacción de haber podido armar un equipo de trabajo muy sólido, a la vez, con gente muy joven y perfiles profesionales específicos, formados mientras trabajaban en diferentes áreas de derechos humanos, lo cual, para el poder judicial local, es una renovación necesaria, que posibilita desarrollar otros enfoques, más profundos e interesantes, lo que es también imprescindible en esta materia, donde se necesita una comprensión de la materia que llamamos Lesa Humanidad, muy particular, tanto porque no deja de ser un servicio de justicia para las víctimas, cuya contención y comprensión es prioritaria y luego, para la comprensión de los hechos, trabajamos con hechos gravísimos, de gran relevancia social, pasada y presente y es necesario para entenderlos, tener enfoques conceptuales superadores del enfoque judicial clásico, por la valoración especial de los testimonios, la dificultad de investigación, la particularidad de los imputados que cometieron los hechos desde estructuras de poder y también por la persistente tensión que implica avanzar en esta materia, diría en todo el país, pero en Bahía Blanca, particularmente, tenemos factores de poder específicos que conforman un panorama siempre complicado o adverso, hostil a esos avances.

CY:  Sabemos  que desde el 2009 no fue fácil llevar adelante el proceso, que peligró en varias ocasiones debido a las trabas e intromisiones de,  por ejemplo,  el Juez del Tribunal Oral en lo Criminal, Gustavo Duprat, quien inicialmente se excusó de formar parte de la causa y luego pidió la excarcelación para ocho de los acusados que se encontraban detenidos. ¿Podría extenderse en este punto, que creo crucial para el posterior desarrollo del Juicio?

AC: Duprat no pidió la excarcelación de 8 acusados. Sino que resolvió, sin poder intervenir, no encarcelarlos. En Bahía Blanca el principal obstáculo para avanzar ha estado en el poder judicial. Han sido los jueces los operadores más efectivos de la impunidad. Y no es un dato menor la demora. Lo que muchas veces está en disputa es el tiempo. La confrontación entre la acusación y quien resiste a que se lo juzgue, porque se sabe con mínimas chances de poder eludir una condena porque hay mucha prueba en contra, pasa por el interés de la fiscalía en transitar la investigación de modo ágil, e ir a juicio de inmediato. Las defensas saben que el tiempo que pase sin juzgamiento es tiempo impune, pero son los  jueces que tienen, y en Bahía Blanca lo han ejercido, el poder efectivo para retrasar un juzgamiento. En ese sentido, los imputados que han muerto impunes y los años que demoró el primer juicio en poder hacerse son logros del juez retirado Álvarez Canale y del juez Juan Leopoldo Velázquez. La garantía de impunidad por falta de impulso lleva en Bahía Blanca el sello de Velázquez, que ha consagrado con años de demora la impunidad de imputados como Julián “El Laucha” Corres, uno de los torturadores de La Escuelita.

En Bahía Blanca es claro que hubo siempre una fiscalía dispuesta a impulsar el juicio, testigos dispuestos a declarar pese al maltrato judicial de tantos años; lo único que no teníamos era un tribunal que estuviera dispuesto a cumplir su rol imparcial. Cuando lo hubo, conformado por jueces de otras ciudades, por primera vez víctimas de hechos gravísimos, pudieron sentirse respetados por jueces democráticos. Ninguno de los jueces del tribunal local, ni  Juan Leopoldo VELÁZQUEZ; ni Gustavo DUPRAT, ni  Raúl Hilario  FERNÁNDEZ OROZCO estaba en condiciones de juzgar hechos e imputados con los que tenían compromisos. Incluso DUPRAT y VELÁZQUEZ operaron decididamente para favorecer a los militares imputados, evitando sus detenciones, con excarcelaciones que derivaron previsiblemente en fuga, como en el caso de Miguel García Moreno, liberado por Velázquez y desde entonces, prófugo. Le cabe por eso una clara responsabilidad.

CY: El Tribunal tuvo que ser conformado finalmente por Jueces Subrogantes no oriundos de Bahía Blanca. ¿Cuáles fueron las circunstancias, los hechos, que se sucedieron hasta llegar a conformar el Tribunal presidido por el Juez Jorge Ferro?

AC: El primer tribunal en Bahía Blanca estaba presidido por el juez Velázquez, quien integraba sus votos con una jueza jubilada, Beatriz Torterola. Las demoras, los criterios que aplicaban y que originaron el estancamiento de la causa, por no fijar fecha de debate o por ejemplo excarcelar a los imputados con antecedentes de fuga, eran la evidencia de una decisión callada de asegurar la impunidad. Cuando la Fiscalía constató, incluso fue publicado en diarios nacionales, que el presidente del tribunal VELAZQUEZ tenía amistad con un imputado, el abogado  Hugo Mario SIERRA, y de reuniones con uno de los abogados que defiende imputados y eso al mismo tiempo que se negaba siquiera a recibir en su despacho a un familiar de una víctima, fue claro y comprobado que en Bahía Blanca no habría posibilidad de enjuiciar a nadie y que los resortes corporativos locales eran los que operaban contra el juzgamiento y tenían en los jueces a los responsables de asegurar ese objetivo. La Fiscalía recusó al juez Velázquez que admitió los hechos y también se apartó el tribunal la jueza TORTEROLA, allí se designó a jueces de otras ciudades que conformaron un tribunal que tuvo un desarrollo ejemplar en este primer juicio, donde hubo comprensión de lo delicado de las condiciones de los testigos, decisión clara de no supeditar el juicio a otros factores que no sean los jurídicos y al sentenciar, lo hicieron de modo ejemplar. Eso demuestra que lo faltó en Bahía para juzgar antes, fue un tribunal imparcial.

CY: ¿Además del Juez Duprat y los abogados defensores de los imputados, qué otros sectores de la sociedad bahiense interfirieron en la posibilidad de contar con un tribunal propio, y por tal motivo, de llevar adelante el Juicio?

AC: Como he dicho los jueces fueron los que efectivamente interfirieron, luego hay en esta ciudad una conformación institucional muy particular, que no resulta ajena a un perfil social muy hostil para las víctimas desde el mismo momento de los hechos y que en algún grado se mantiene. El Fiscal Félix CROUS ha dicho que Bahía Blanca es la capital nacional del Terrorismo de Estado. Y coincido con esa apreciación. Es una ciudad que tiene 3 bases de la Armada en sus cercanías, el Comando del V. Cuerpo de Ejército, una unidad militar como el Batallón de Comuncaciones 181 y una usina ideológica desde lo comunicacional como La Nueva Provincia que sigue emitiendo los editoriales más antidemocráticos que puedan leerse y reivindicando a figuras como Emilio MASSERA o el mismo plan criminal de exterminio, al que el tribunal ha considerado, que no eran ajenos.

CY: ¿Cómo cree Usted que ha repercutido en Bahía Blanca la condena a prisión perpetua a catorce de los diecisiete imputados por delitos de lesa humanidad?

AC: Al mismo tiempo que está esa conformación, van surgiendo en Bahía Blanca espacios democráticos, espacios políticos y sociales que también han forjado esta sentencia. Entiendo que hay pendiente una difusión, no sólo de la condena, sino también de lo que han sido los testimonios y las declaraciones de los  imputados que sin dudas contribuirá a que un hecho histórico de relevancia nacional como el que ocurrió en Bahía sea percibido por más gente que la que está alrededor de este juzgamiento, como familiares o víctimas. Creo que sería conveniente que se ampliara la difusión de las audiencias, si hay consentimiento de los testigos, deberían ser emitidas por canales de televisión, radio, y llegar directamente y superar así la publicidad de la audiencia. Eso facilitaría la comprensión de lo relevante que es un juicio donde se están juzgando 40 homicidios por ejemplo, o permitiría superar enfoques tributarios de la ignorancia como aquel que dice “esto son hechos del pasado” o que reflejan esquemas de pensamiento autoritario, como el “hay que matarlos a todos”. Luego de cinco testimonios, es posible que quien piense eso, no lo pueda sostener, siquiera para sí mismo. Es un punto donde todavía se puede avanzar, la publicidad efectiva del juicio oral, más aún cuando se cuenta con el interés de muchos jóvenes con inquietudes por los hechos. Ir a una audiencia siempre va a requerir una decisión mayor, es una dificultad, si hay difusión pública de los testimonios, se lograría una llegada social que en algún punto transformaría muchos modos de pensar como los que todavía se escuchan.

CY: Fueron sentenciados también miembros de la policía y del Sistema Penitenciario Bonaerense. ¿Supone Usted que esto tendrá un impacto también en esas instituciones?

AC: Las condenas son una clara señal hacia las instituciones del Estado, una señal desde el estado democrático hacia las instituciones represivas. Son importantes. En primer término, un juicio oral tiene como público, quizás involuntario o impensado, a guardias del servicio penitenciario en actividad, a suboficiales de la fuerza que garantice la seguridad por ejemplo, que en Bahía Blanca fue la gendarmería. Sin dudas las condenas implican quiebres institucionales, la decisión de condenar importa deslegitimar desde el poder judicial actos de torturas, y enviar una señal de que no hay impunidad garantizada para quien cometa esos actos, aunque se realicen contra personas que quien hace esos actos no valora o considera sub-humanos. Pero está claro que tampoco es suficiente, y por eso, al mismo tiempo que se condena a quienes fueron jefes del unidades carcelarias, se sigue torturando, se sigue matando en la cárcel. La Comisión por la Memoria denuncia cada año esta situación, y en 2012 murió una persona cada 3 días en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, son condenas necesarias, pero evidentemente insuficientes. Por eso, lo imprescindible es juzgar a quien torturó en la dictadura y también, de inmediato, a quién comete violaciones a los derechos humanos ahora. Esa situación actualmente afecta de lleno en los sectores marginados de la sociedad, los torturados hoy son jóvenes excluidos, seleccionados en la calle por los criterios discriminadores y racistas de la policía en los barrios pobres de las ciudades, criterios luego legitimados por el poder judicial que no cuenta con una policía judicial y mientras ello no ocurra está destinado a ser el brazo jurídico que le da legalidad al dominio policial sobre el delito organizado y su sistema de castigos y connivencias. Es decir, para la situación actual de instituciones policiales y penitenciarias, es relevante juzgar y quebrar la tradición represiva, que no está superada, todavía es crítico pedirles documentación y también de eso es indicador que en el juicio oral quienes no colaboraron con la obligación de testimoniar, quienes fueron contra la administración de justicia e incurrieron en falso testimonio fueron integrantes del ejército, de la policía y del servicio penitenciario. Por eso es importante, pero será necesaria la decisión de los planos políticos para impedir una autonomía que se recorta de la democracia efectiva.

CY: ¿Cómo analiza Usted el panorama de lo que se ha denominado en la actualidad como “Corporación Judicial”? ¿Cree que es necesaria una profunda revisión de los lazos y complicidades de la justicia con la última dictadura cívico-militar?

AC: Referido a esta ciudad, el panorama es crítico. Tenemos un tribunal oral conformado por un juez como Duprat que está denunciado ante el Consejo de la Magistratura por haber tenido una intervención irregular para evitar que se encarcele a los imputados por crímenes de Lesa Humanidad. En el mismo Tribunal está el Juez Velázquez quien decididamente por largos meses fue el más efectivo operador de la impunidad de los 17 condenados recientemente y también de varios más que murieron sin ser juzgados o se dieron a la fuga como García Moreno; y que por otra parte, no ha tenido implicancia alguna por las consecuencias de sus conductas. Y el tercer juez es Fernández Orozco, quien en plena dictadura pidió ejecutar a un imputado, ha sido en los años 80 defensor de imputados por estos crímenes y se ha jactado, esto lo ha denunciado el ex fiscal Hugo Cañón, de que con esas defensas fue cuando más plata embolsó. Así está conformado el tribunal oral de Bahía Blanca. Y en la instancia de instrucción, específicamente, en la causa donde se investigan los crímenes cometidos en la Armada Argentina, el abogado Eduardo TENTONI, que actúa como juez, ha sido también quien demoró interminablemente la causa, quien ha consagrado privilegios injustificados a imputados. Por ejemplo al imputado DE LEÓN, para no trasladarlo a la cárcel, lo mantuvo internado ocho meses en el Hospital Naval. Los médicos navales le daban el alta, le recordaban al juez que debía sacar a DE LEÓN del hospital naval, pero el juez  TENTONI lo mantuvo hasta tanto sacarlo del hospital implicara no la cárcel sino el domicilio. Tras ocho meses hospitalarios, fue llevado a su domicilio. En esa investigación, las irregularidades y dificultades para avanzar son manifiestas, dado el amateurismo de un abogado como TENTONI que no está a la altura de la función judicial. La propia Cámara de Apelaciones ha tenido que indicarle que perdió el rumbo, que es necesario que priorice lo importante sobre lo superfluo y pautas elementales que mientras se encuentre a cargo de la causa ARMADA, van en desmedro de quiénes padecen la impunidad. Además TENTONI viene siendo un apologista de la Armada, mientras la Armada no muestra disposición a entregar documentación de interés, TENTONI suscribe agradecimientos a la institución, que evidencian una simpatía más allá de la función. Por otra parte, ha tenido lo que el juez ad hoc TENTONI llamó “almuerzo de trabajo” con el actual jefe de inteligencia de la Armada Argentina, la fiscalía le ha pedido que explicite el contenido de ese encuentro, dado que la inteligencia militar no puede tener un marco interno, no puede operar en una causa judicial y pese a que van varios meses de ese pedido, el juez, se ha negado a dar explicación alguna. Ni siquiera ha respondido qué tipo de trabajo desarrolló con la inteligencia de la Armada. Obviamente que ese silencio es preocupante porque está a cargo de una causa muy delicada, y al mismo tiempo, los imputados son beneficiados con privilegios inconcebibles, como la habilitación de paseos barriales para quienes cumplan prisión domiciliaria.

La Nueva Provincia y los delegados desaparecidos

CY: Los trabajadores -delegados del diario La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, fueron secuestrados, torturados y asesinados. Por estos asesinatos está siendo investigado Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. ¿Cómo cree que proseguirá la investigación sobre la posible comisión de delitos de acción pública contra los directivos de La Nueva Provincia? En un documento de inteligencia de Prefectura sobre “guerrilla sindical” en La Nueva Provincia, consta que los directivos del diario documentaban cada paso de los delegados ante “los comandos militares y navales de la zona”.

AC: La investigación de esos homicidios, ha encontrado en esa documentación una de las claves por las cuáles se podrá profundizar, ya que quedó comprobado que había una contínua y minuciosa persecución sobre ambas víctimas y que el único conflicto que habían tenido en sus vidas, era con la empresa La Nueva Provincia. Es un caso que seguramente en breve estaremos también llevando a juicio. Por lo determinado hasta ahora, es evidente que el caso no sólo pertenece al plano militar, donde seguramente se ejecutó el hecho, sino que también había un interés del sector patronal en ellos, y tal como han declarado sobrevivientes de esa época, había una clara política de terror hacia otros empleados que a partir de esos homicidios recibieron un mensaje amenazante y disciplinador a la vez.

El caso Hidalgo-Souto

CY: Hay otro caso emblemático que es el asesinato de la pareja de militantes peronistas Daniel Guillermo Hidalgo y Olga Souto.  Y digo emblemático porque en ese asesinato, presentado como operativo antisubversivo, tuvo una participación destacada Carlos Alberto Arroyo (militar integrante del V Cuerpo de Ejército), quien no fue juzgado y permanece en libertad. Además la no condena de Arroyo deja evidenciado cómo estos personajes se camuflan en democracia y hasta ocupan cargos institucionales: En la Casa Militar durante el menemismo y custodia presidencial; y en 1993 estaba a cargo del Registro del Automotor N° 6 de Avellaneda. ¿Cuál es su apreciación sobre el caso en particular y sobre las falencias del sistema judicial?

AC: En el juicio que terminó recientemente quedó comprobado que el caso no había sido como lo difundieron el Ejército y La Nueva Provincia, e intentaron sostener los imputados, quedó acreditado que fue un fusilamiento, y que la crueldad que aplicaron ahí los oficiales del ejército  Julián Oscar "Laucha" CORRES; Miguel Ángel  GARCÍA MORENO, Carlos Alberto ARROYO entre otros, no tuvo límites. Luego de fusilar a los dos jóvenes, secuestrar a toda una familia, e incendiar el departamento, desaparecieron el cadáver de la mujer, Olga, que estuvo enterrado bajo otra identidad durante casi 10 años. Una década fatigó la madre de ella buscándola, iba a reuniones de familiares, ya en democracia, con la foto de su hija con la esperanza, esto da una pauta de lo doloroso, de que alguien la haya visto en un centro clandestino. Es fácil imaginar que si la esperanza está dada por el infierno, lo que esa madre vivía está más allá del límite de lo imaginable. En el caso de Arroyo fue uno de los ejecutores y luego condecorado por el hecho. En democracia y de la mano del poder político de Carlos Menem ocupó lugares como la casa militar y cumplió funciones relevantes. Sin dudas se trata de alguien que todavía hoy cuenta con acceso a sectores de poder y cuyo juzgamiento, nada menos que de un doble homicidio que se le imputa, es prioritario.

Dos Preguntas Personales

CY: ¿Sufrió algún tipo de amenazas durante el largo proceso hasta el dictado de la sentencia?

AC: No, no he tenido amenazas, lo ofensiva mayor ha sido desdelos órganos de prensa más reaccionarios, que tratan de afectar la política criminal que tiene como prioridad el juzgamiento de quienes han masacraron a una generación en Bahía Blanca con cuestionamientos para-procesales; y de los propios jueces que, por ejemplo, en el caso de Eduardo TENTONI llegó a investigar a mi familia para saber si algún familiar mío había sido víctima de la dictadura para así poder resolver mi apartamiento. Esa situación resulta preocupante porque quien está dispuesto a hacer un desvío de su función de ese tipo, sin dudas importa un riesgo para el proceso penal. Es nada menos que el juez, y tiene a cargo por ejemplo la protección de las víctimas, a las que hace dar explicaciones de por qué se presentan a declarar si pasó tanto tiempo.

CY: Me llamó la atención, y gratamente, la cita a Julio Cortázar en su alegato final. ¿Nos puede contar el porqué de esa cita?

AC: El alegato de la Fiscalía estuvo atravesado por menciones de otras disciplinas, de la sociología, la filosofía y la literatura. Es evidente que la mayor lucidez y la profundidad de análisis de situaciones humanas límites, no es patrimonio judicial; y hay claves para entender algunos aspectos de los hechos que juzgamos en la literatura de Roberto Arlt, en Jorge Luis Borges, obviamente en intervenciones como la de Julio Cortázar. Por ejemplo, tras pensar los modos de dar cuenta de la gravedad de un testimonio sobre la tortura elaborado por una víctima que relativiza los hechos que le ocurrieron fue un prólogo de Juan SASTURAIN quien mejor definía a ese terror que subyace oculto debajo de esa relativización necesaria para seguir viviendo y por supuesto en Gombrowicz que también fue citado. Y citar a escritores que han captado con su sensibilidad la trama de que están hechos los relatos, y también quienes han podido expresar acabadamente diferentes perfiles del terror resulta imprescindible; además el manejo del lenguaje de escritores así supera al de cualquier operador judicial. Con lo cual, asistieron con sus sensibilidades y expresividad a la difícil tarea de contar lo que había pasado y fundamentar los pedidos de condena. La cita específica de Cortázar ya había sido mencionada en un juicio en Buenos Aires por Félix Crous, y decidimos mencionarla también en Bahía Blanca porque  tiene la virtud de dar cuenta de numerosos aspectos que aparecieron en los hechos, de los imputados, de lo infernal y sobre todo de las ausencias, y desapariciones, que son la materia de la que está hecha nuestro presente. También comparto y obviamente consideré insuperable cómo expresó su llamado a mantener en un obstinado presente algo que se ha querido mantener en el cómodo país del olvido.

Final. Fallo Histórico

CY: Finalmente ¿Acuerda Usted en que este fallo y las condenas pueden considerarse como históricas? ¿Y por qué razones?

AC: En primer término es el inicio de juzgamientos más amplios, en esta jurisdicción está pendiente el juzgamiento nada menos que de las estructuras de la Armada Argentina y un primer juzgamiento en el que se haya comprendido la onda gravedad del terrorismo de estado y sus consecuencias sobre las víctimas, permitirá sin dudas, que los juzgamientos pendientes se realicen con celeridad.

Y es histórica desde varios aspectos, lo mencionamos al alegar: es la primera vez que un estrado judicial se pronuncia sobre crímenes ejecutados desde el poder. Bahía Blanca acumula desde su fundación hasta el presente, masacres, persecuciones, desapariciones, torturas, y el silencio de los tribunales.  También porque es el juzgamiento de miembros de las instituciones fundantes de la ciudad, y porque por primera vez en la historia, tres jueces por unanimidad resuelven que la verdad está en la palabra de las víctimas, que se ven así jerarquizadas, por primera vez no sienten sobre sí la bota militar, o la mirada culpabilizadora de una sociedad hostil, sino que insisto, por primera vez, se les reconoce su dignidad. Que el poder judicial integre su resolución con la palabra de la víctima es un avance en términos jurídicos e institucionales.

También es histórico porque los jueces han asumido con seriedad y firmeza su función y han decidido que la investigación que se desarrolle en lo sucesivo para determinar responsabilidades criminales, tenga por objeto al directorio de La Nueva Provincia. Es un aspecto innovador y sin dudas muy claro de que un abordaje judicial profesional, necesariamente debe avanzar hacia los responsables civiles y no limitarse a las estructuras militares.
Otro aspecto relevante es que esta sentencia condenatoria pasa a integrar la biografía de los condenados, en un plano inverso al de las víctimas, por lo cual también tienen así su verdad comprobada. Uno de los condenados, hasta el juicio rescataba: nunca nadie me mencionó, ningún organismo de derechos humanos de todo el mundo me incluyó en ningún listado. Que sea el poder judicial al cabo de un juicio oral y público el que restituya también la verdad a esas biografías de los condenados que no han manifestado arrepentimiento alguno, ni han tenido un gesto humanitario ni siquiera con los padres de los desaparecidos con quienes no sólo comparten generación, sino también la certeza de que la muerte es algo cercano estadísticamente, que pueden concluir que no queda mucho tiempo de vida, y quizás desde ahí aliviar el dolor que siguen causando con su silencio, y que por eso no dudamos en calificarlos de torturadores en ejercicio, y en acto en la propia audiencia ya que siguen sometiendo a sus víctimas a la incertidumbre de dar con los restos de sus seres queridos, entonces, esa verdad judicial ya no podrá ser eludida por ellos, y es una verdad que revela en cada condenado la crueldad que han aplicado contra los jóvenes de esta ciudad y que aplican todavía hoy, de hecho, de las muchas facetas históricas de este juzgamiento, que es la condena más severa aplicada en la historia judicial, quedan cuestiones pendientes que impiden suponer algo superado, que indican la gravedad de lo pendiente. Al cabo de este juicio, sigue pendiente como el primer día, dar con los hijos apropiados que nacieron en los centros clandestinos. Mientras eso sea así, resurgirá lo incompleto del logro, y la urgencia de esas búsquedas.