Infojus Noticias

El levantamiento policial en numerosas provincias de nuestro país generó olas de saqueos, enfrentamientos y gran cantidad de muertos y heridos. Más allá de las cuestiones propias de cada caso, las protestas abrieron el debate sobre la necesidad de reformas las fuerzas provinciales, el rol de la policía y su vínculo con el poder político. “En situaciones de crisis puede haber una salida más conservadora”, dijo el sociólogo Gabriel Kessler a Infojus Noticias, “o se puede aprovechar la oportunidad para repensar las prácticas policiales, ver el agotamiento de un modelo de doble pacto y la necesidad de un mayor control civil sobre la policía”.

Gabriel Kessler es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento y del doctorado IDES-UNGS. Además es autor de los libros “Sociología del delito amateur”, que ya es un clásico, y de “El sentimiento de inseguridad”, entre muchos otros

-¿Qué factores influyeron para que el conflicto policial que nace en Córdoba se extendiera a casi todas las provincias del país?

-El “éxito” que tuvo para la policía la forma extorsiva con que lograron rápidamente concesiones en Córdoba  gravitó que en otras provincias se replicaran los métodos. La policía mostró la capacidad que tiene de generar una demanda de forma extorsiva y obtener una concesión rápida por parte del Estado al tiempo que se agitaba -o provocaba- el fantasma del caos. Ya sabemos que en diciembre hay un estado de expectación social, mediática y política de que algo puede pasar. A veces puede tener un efecto de autoprofecía realizadora: hay más temor político en general y además repercute muy fuerte en la opinión pública porque remite a distintas crisis: no sólo 2001, también lo que pasó el año pasado en Bariloche. En cuanto a su extensión -descarto la metáfora del “contagio”- hay algunos elementos que son particulares de la policía de Córdoba o la de Santa Fe, que tienen que ver con problemas de desarticulación de mercados ilegales. No está claro si eso ha pasado en otras policías. Pero si el proceso se replicó, es preciso indagar sobre conflictos latentes en otras policías y muy posiblemente no sólo salariales. Frente a esto llama la atención cómo en provincias de menor talla, donde hay interrelación y conocimiento entre la élite política y las fuerzas policiales, no se percibiera que esto se estaba incubando. Se nos plantean así varios interrogantes: uno, si hay un corte explícito de comunicación en ciertos grupos policiales y elites políticas locales cuyo rol es desactivar conflictos antes de su ebullición; y el otro, si no hay también un cisura entre cúpulas y bases policiales, cuestionándose la idea de verticalidad.

-¿Existen características comunes a todos los conflictos y fuerzas provinciales?

-De algunas fuerzas provinciales sabemos menos, al menos desde Buenos Aires. Hay puntos en común y diferencias. En las provincias más importantes, la Policía tiene un peso político-institucional más fuerte, por el número de agentes, la mayor importancia de la cuestión de la “inseguridad” y, a menudo, porque hay mercados ilegales más desarrollados de los cuales es un actor de su regulación. En ciertas provincias del NEA (Noreste Argentino) y el NOA (Noroeste Argentino) el trabajo policial puede tener algunas características similares pero otras distintas. Similares porque la preocupación securitaria está extendida a todas las ciudades grandes e intermedias del país. Distintas porque, al menos hasta hace unos años era así, los puestos policiales eran también parte de los dispositivos de otorgamiento de empleo público, en provincias donde esta forma de trabajo tiene un peso central. Por lo cual era un puesto deseable para una franja de la población. También ha habido otros acuartelamientos y conflictos policiales desde la restauración democrática hasta ahora, pero lo propio de este conflicto es la combinación entre acuartelamiento y saqueos.

-¿Se generó un empoderamiento de las fuerzas provinciales?

-Al menos hasta ahora, pareciera que la policía sale empoderada por varias razones: mostraron que los métodos extorsivos -es decir, utilizar las armas que les da la democracia para conseguir concesiones- les dieron resultados muy rápidamente, y muestran el poder que tienen en un momento en que hay de manera latente una imagen cuestionable de que “sin policía hay caos social”.

-¿Qué grado de autonomía tienen las policías provinciales y cuál es la relación de las fuerzas con el poder político?

-Depende del tipo de provincia y la coyuntura política. Hubo intentos de reforma amplia en Buenos Aires, en particular con un control civil de la fuerza con (León) Arslanian y una vuelta atrás en la época de (Daniel) Scioli; hubo también cambios, con sus contramarchas, en Mendoza y de manera más puntual en Córdoba y Santa Fe. Los hechos de los últimos meses y semanas en estas dos no generan las condiciones para discutir las consecuencias de estas reformas segmentadas, puesto que no sabemos su relación con los conflictos. En la Provincia de Buenos Aires, centro de todas las preocupaciones, se logró mantener un control sobre la policía. Eso no quiere decir que no funcione el famoso doble pacto: se le da autonomía a la Policía, que se maneja de manera autónoma, e implica que esta le garantiza cierta gobernabilidad al Ejecutivo. Que la policía pueda garantizar cierta verticalidad y disciplina interna muchas veces no está reñida con el hecho que pueda mantener sus negociados y sus violencias en determinados territorios.

-¿Se rompió este doble pacto en las protestas policíales?

-Si uno lo analiza por los resultados, estaría obligado a decir que sí. En Córdoba sin duda. En Santa Fe no fue el eje de estos conflictos, pero pareciera que está quebrado hace tiempo. En Tucumán, Salta, Chaco también. Esta crisis puede tener una salida conservadora en cuanto refuerza el poder extorsivo de la policía y de no modificar nada para no generar conflictos de gobernabilidad local. Depende no de la policía, sino de las fuerzas políticas progresistas, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad, los especialistas o interesados en el tema, de que sea una oportunidad para discutir en profundidad y encarar las reformas policiales que hace años adeudamos; no sólo en las provincias donde el tema está en el espacio público local, sino en otras, como la que nombramos recién, donde el tema estaba menos planteado.

-¿Se quebró la cadena de mandos durante esta protesta?

-En muchos casos, sí. De forma activa o pasiva los mandos no lograron desactivar esos conflictos. Algo pasó ahí. No sabemos cuándo es una ruptura de mandos y cuando es un apoyo encubierto. En todo caso si uno lo ve por los resultados, en algún lado se rompió. Como decía, sería preciso saber si se quebró la relación jerárquica interna o más bien fue entre los mandos y el poder político al que debían responder.

-Una situación recurrente en las protestas fue la de las esposas de los policías encabezando los reclamos, ¿qué representa esa imagen?

-Hay un tema muy fuerte, que también es común a los militares, que es la idea de la familia policial, emparentada a la familia militar, una idea claramente corporativa tradicionalista y sexista, pues como ha señalado Frederic: ¿qué pasa con las mujeres policías?. Al mismo tiempo es una manera de mostrar ese lugar particular que tienen como trabajadores que supuestamente no tienen voz. Lo cual es fuerte como imagen mediática pero irreal: la policía tiene obviamente canales formales e informales en la que hace llegar sus demandas al estado y los dirigentes políticos. Tampoco es cierto que las policías, a pesar de no estar sindicalizadas, no tengan instituciones desde cooperativas, mutuales, entre otras figuras legales, que aseguren los factores de bienestar que en otros trabajadores son parte de las tareas de los sindicatos.

-¿Cuál es su postura respecto a la sindicalización policial?

-Es un debate que se puede y debe dar, de hecho existen en otros países de la región (p. ej. Brasil, Perú), en la Unión Europea; en ningún lado tienen derecho a huelga, pero de hecho, por ejemplo en Brasil, hay huelgas policiales en general con resultados terribles en términos de violencia. Esto muestra que no es la solución a todos los problemas ni tampoco garantiza per se, por ejemplo, que disminuyan la regulación de mercados ilegales. Hay una serie de interrogantes ligadas a la sindicalización, entre otras, ¿un sindicato nacional o por provincia?; ¿El o los sindicatos tendrían una envergadura muy importante, más de 300 mil personas, cómo se organizaría, habría diferencia entre las distintas jerarquías? Sería más productivo que sea parte de una discusión más amplia sobre las imprescindibles reformas policiales.

-¿Es real el reclamo salarial o el conflicto esconde otras cuestiones no resueltas?

-Sin duda hay un reclamo salarial, pero es necesario elucidar en cada caso con que otras demandas y conflictos se han articulado. Algunas cosas sabemos, si bien son más bien puntas de iceberg a partir del trabajo de algunos periodistas o denuncias, y tiene que ver con la desarticulación de mercados ilegales. Pero la verdad que precisaríamos saber más: no es fácil conocer más, pero hay formas de análisis, como por ejemplo en Brasil se hizo a partir de la CPI (comisión parlamentaria de investigación) del 2000 sobre narcotráfico donde a partir de los casos investigados, distintos investigadores reconstruyeron la red de complicidades en los diferentes estados brasileros y se pudo saber más sobre esos mercados. En segundo lugar, no sé cómo ha influido esto, pero muchos percibimos y varios organismos de derechos humanos lo vienen denunciando desde hace varios años, es el incremento de la presión policial en los territorios en diferentes lugares del país. La preocupación securitaria lleva a que la policía incremente su “parar e investigar” y  otras formas de violencia, a veces las más brutales, como el maltrato y el hostigamiento cotidiano a los jóvenes. Son formas también de mantener alejados a los jóvenes de sectores populares de determinadas áreas de las ciudades mediante grupos apostados fuertemente armados y esto incrementa la conflictividad en los territorios. En fin, un tema interesante que la gente que estudia policía señala es que en muchos casos la policía considera que ellos son los estigmatizados por los medios, que la sociedad no les reconoce todo lo que hacen, sobre todo en un momento donde hay más preocupación por la cuestión de seguridad. Me parece que ese descontento no es sólo salarial, sino que posiblemente incluya estos y otros elementos.

-¿Este conflicto podría aportar a un debate sobre reformas policiales?

-En estas situaciones de crisis puede haber una salida más conservadora, volver a una policía más empoderada, más autónoma, que reafirme las peores prácticas sin ningún cuestionamiento interno, más abocada a garantizar que no haya caos -entre comillas, en muchos casos un caos generado por la propia policía-; o, por el contrario, como dije, que se pueda aprovechar la oportunidad para repensar las prácticas policiales, ver el agotamiento de un modelo de doble pacto y la necesidad de un mayor control civil sobre la policía. Y pensar otras cuestiones que entren en agenda; en pocas palabras, volver a tener una agenda reformista en materia de seguridad.