"La violencia contra las mujeres sigue sin legislarse en muchos campos"
La abogada venezolana, especialista en Género y Justicia, estuvo en Buenos Aires invitada por la Defensora General de la Nación. Avances y cuentas pendientes para eliminar la violencia contra las mujeres en la región.
El tailleur rojo de Luz Patricia Mejía Guerrero resaltaba entre los vestidos y atuendos femeninos de las juezas, fiscales y defensoras la tarde del martes en la Escuela de Justicia. Dos elementos más la destacaban entre las presentes: su cabello largo, oscuro y cuidadosamente peinado, y su tonada al hablar. Mejía Guerrero es venezolana y vino invitada por la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, a exponer en las jornadas “Avances contra la violencia de género. La experiencia local e interamericana”.
“Tuvimos varias conversaciones en Washington sobre la importancia de que fiscales y defensores tomen conocimiento de cómo funciona la justicia internacional”, explicó la venezolana a Infojus Noticias en un descanso del encuentro. Mejía Guerrero es especialista en Género y Justicia, fue relatora sobre los derechos de las mujeres para la Organización de los Estados Americanos (OEA) (2008-2011) y ahora es coordinadora técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, que funciona desde 2004 en el ámbito de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. Estudió abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Se recibió y trabajó en el servicio de justicia venezolano. Dirigió la Consultoría Jurídica del Ministerio Público de Venezuela y estuvo en la Defensoría del Pueblo. En 2008 fue primera Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2008 y Presidenta en 2009.
El año que viene se cumplen veinte años de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en la ciudad brasileña de Belém do Pará. La Convención que Mejía Guerrero monitorea desde su espacio, fue el primer acuerdo internacional que formalizó la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos. Instó a los 32 países firmantes, entre ellos Argentina, a desarrollar mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres.
-A casi veinte años de la Convención Belém do Pará ¿qué avances y limitaciones hay en la región?
-Hoy podemos decir que la región está cubierta. Todos los países tienen -en diferentes niveles de desarrollo- políticas públicas diseñadas, normas legales y sublegales específicas, que establecen pautas para el tratamiento de las mujeres víctimas de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial, entre otras. Hay un avance importante porque, además, se visibilizó la violencia doméstica como tema de agenda y responsabilidad pública. Se evidenció que el Estado debe dar una respuesta con normas relativas al derecho de la mujer a vivir en un mundo libre de violencia. En cuanto a las limitaciones, no hemos podido avanzar en la visibilización de otros tipos de violencia que también afectan a las mujeres y niñas de la región.
-Esas violencias no son visibles.También falta legislación.
-Belém do Pará establece obligaciones de los Estados para garantizar, respetar y diseñar políticas a fin de proteger el derecho a la vida libre de violencia en todos los ámbitos. Sin embargo, la mayoría de los estados tienen leyes de protección de violencia solo en el ámbito intrafamiliar. Y eso es otra limitación en un balance estimativo a veinte años de la Convención. La violencia en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en la salud, la violencia institucional, la violencia simbólica no son tan visibles. Están más naturalizadas porque son parte del ámbito público. Hay múltiples campos en los que se desarrolla la violencia contra las mujeres que siguen sin identificarse ni legislarse. Por ejemplo, el profesor acosador es un problema de violencia contra las mujeres, si no se aborda, tanto en el ámbito público como en el privado.
Sin probation
En abril de este año la Corte Suprema de la Nación se pronunció contra la aplicación de la probation en causas sobre violencia de género. Para el máximo tribunal nacional la suspensión del juicio a prueba es una figura incompatible con la Convención de Belém do Pará. El fallo, conocido como “Góngora”, sentó jurisprudencia. Sin embargo muchas fiscalías siguen tomando la probation como medida alternativa en estos casos.
-Como coordinadora de la Comisión de seguimiento de la Convención Belém do Pará, ¿Cómo analiza la actuación de la Justicia argentina en torno a la interpretación de este acuerdo internacional?
-Todavía en Argentina se ve como una excepcionalidad la suspensión del juicio a prueba. Aún se permite. A pesar de que algunas personas que han sido formadas en procesos de capacitación en temas de género identifican que no es el método adecuado. Desde el Comité de seguimiento de expertas nuestro pronunciamiento es claro. La Convención Belém do Pará ha sido enfática en que los estados no deben proponer medidas de mediación. Porque es un delito que se configura como una violación de derechos humanos. Debe existir una clara prohibición de cualquier medio de resolución alternativa de conflictos y eso incluye la probation, o cualquier otro mecanismo de resolución que no sea el debate judicial y la prueba de que la mujer ha sido víctima de violencia. Un ejemplo gráfico muy claro: una mediación en casos de violencia de género es lo mismo que obligar a mediar a un torturador con su víctima. Una persona que ha sido víctima de violencia está sujeta al poder que todavía ejerce la pareja o la ex pareja.
