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Pasaron varios meses buscando los biblioratos con el detalle de las reuniones de la comisión directiva de la Comisión Nacional de Valores (CNV) entre 1976 y 1983. Esos documentos que, sospechaban, podían mostrar la trama de complicidades entre el sector civil y el militar durante la última dictadura no aparecían por ningún lado. Nadie sabía dónde estaban. Los investigadores se cansaron de enviar memos y usaron otra estrategia: pasaron tardes enteras tomando mate con los empleados del archivo de la CVN. “Hasta que uno dijo ‘hay un ignífugo (una caja de seguridad a prueba de fuego) que está lleno de biblioratos’. Lo abrimos y ahí estaba todo el archivo de la dictadura”, reconstruyó Bruno Nápoli, historiador, al describir los comienzos de un trabajo que llevó dos años y les permitió redefinir a la dictadura como cívico-corporativa.

“Fueron las corporaciones imponiéndole a los militares las leyes que debían sancionar. Eso se ve en las actas de las discusiones de la Comisión de Acción Legislativa (CAL) con los funcionarios civiles. Esas leyes se mantienen hasta hoy y por eso pueden seguir haciendo corridas bancarias porque será ilegítimo pero no es ilegal”, definió Nápoli a su lado, el sociólogo Walter Bosisio, asiente. Ellos dos junto a la antropóloga Celeste Perosino trabajaron durante dos años para desentrañar el rol de los funcionarios civiles y militares en Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores.

Durante una entrevista con Infojus Noticias, Bosisio y Nápoli repasaron el trabajo que detallaron en el libro “La dictadura del capital financiero - El golpe militar corporativo y la trama bursátil”, que acaba de editarse. Allí se recoge el informe preliminar “Economía, Política y Sistema Financiero - La última dictadura cívico militar en la CNV”, que se publicó como un documento de consulta en marzo de 2013. El nuevo trabajo, que amplía al anterior, busca difundir los efectos económicos de esa trama militar-corporativa. La tarea fue desarrollada por una oficina que no existe en ningún organismo del sistema financiero del mundo. Nació bajo la gestión de Alejandro Vanoli y la supervisión de Pedro Biscay.

-¿Cómo empezaron esta investigación?

Bosisio: Esta oficina se creó por la aparición de una serie de documentos. Primero estuvo todo el tema de Papel Prensa pero en 2010 apareció una pequeña nota de felicitación que envió desde Campo de Mayo el teniente coronel Roberto Roualdes saludando el compromiso asumido por técnicos de la CNV. Eso fue una alerta muy fuerte y fue parte de los documentos analizados en el juicio por el Banco de Hurlingham. Eso disparó la creación de esta oficina.

Napoli: La idea era rearmar esa trama compleja de complicidades entre las Fuerzas Armadas y los funcionarios de la CNV. Y sobre todo cuál fue el rol de Juan Alfredo Etchevarne, amigo de José Alfredo Martínez de Hoz, ex funcionario de la dictadura de Juan Carlos Onganía, que en 1976 Videla lo designó como presidente de la CNV.

-¿Cuál fue el caso que más les llamó la atención?

Nápoli: Uno de ellos es el Banco de Hurlingham, que era del grupo Graiver y lo compró Chavanne con intervención del que era el presidente de la Bolsa más Siderúrgicas Grassi, que iba a poner parte de la plata. La CNV detectó que había anomalías en esa operación y ordenó una inspección. También le avisó al Ejército y a la justicia castrense. Eso terminó con casi 30 personas detenidas en Campo de Mayo por el Ejército. Eran banqueros, financistas, empresarios que no eran opositores políticos y por eso el Ejército no supo que preguntarles, y le pidió a la CNV que le envíe cinco peritos. Le mandaron cuatro: dos contadores y dos abogados que se instalan durante tres meses en Campo de Mayo. La función de ellos fue decirles a los interrogadores qué preguntarle a los interrogados. Esa fue la función nefasta de la CNV junto con funcionarios del Banco Central.

-¿Cuántos casos hubo en total?

Nápoli: Completamos una lista de 150 banqueros, empresarios y financistas desapoderados de sus bienes. Ninguno por problemas políticos. No hay conflictos políticos o ideológicos. Es más, algunos coinciden con la dictadura.

Bosisio: Lo que se mostró es cómo el sistema económico social operó contra otra clase social pero también hacia dentro de la propia clase. De hecho, muchos de estos empresarios dicen ‘pero yo era amigo de Massera o lo veía a Martínez de Hoz y no entiendo por qué me cayeron a mí’.

-¿Por qué le cayeron a ellos?

Nápoli: Hay una lógica mafiosa. Los civiles y militares que participaron de la dictadura, además de asesinos, eran ladrones. El extenso robo a todos los detenidos en la ESMA, con inmobiliarias para vender sus propiedades, también lo hicieron con los sectores empresarios. Y cuando se terminaron los niveles altos de represión, hacia 1980 o 1981, observamos secuestros meramente extorsivos. Una rapiña del 601, de los agentes de inteligencia, de los grupos de tareas que quedaron casi libres de tareas. Tienen los autos, tienen las armas y las zonas liberadas. Y lo más grave es que todo eso lo pagó el Estado. Eran tipos que a fin de mes cobraban su salario en Banco Nación.

-¿Les cambió la visión de lo que fue la dictadura?

Nápoli: Hubo una redefinición. No aceptamos la definición de dictadura cívico-militar porque no era cualquier civil el que ocupaba ese lugar. En la estructura de gobierno de la dictadura no estaba cualquier civil: eran todos civiles jefes de corporaciones económicas muy poderosas. Los directivos de la Sociedad Rural Argentina, de Adeba (bancos de capital nacional), de la Cámara Argentina de Comercio, del Consejo Económico Argentino, de la Bolsa de Comercio ocupan puestos claves en la dirección del Estado. Ellos son los que arman la legislación de 1977 en adelante.

Bosisio: Esos son los civiles no otros y por eso decimos dictadura militar-corporativa y concentrada. Los sectores más concentrados y también las cúpulas, como la eclesiástica.

-¿Esos civiles son los que definen las leyes?

Bosisio: Si. La Ley de Entidades Financieras, la de Descentralización de Depósitos, la Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley de Privatizaciones (21.177). Casi todas siguen vigentes. La de privatizaciones se derogó en 2009 pero la usaron todos los gobiernos democráticos para privatizar.

Nápoli: Si nosotros quisiéramos armar un banco deberíamos usar la ley de Martínez de Hoz, que tuvo algunas modificaciones pero tiene el mismo espíritu: garantizar la concentración financiera.

-¿Cómo afectó la Ley de Entidades Financieras al sistema?

Nápoli: Le permite a cualquier prestamista o financista juntarse con cinco más y armar un banco con los depósitos garantizados al cien por ciento por el Estado. Eso permitía armar un banco con un mínimo encaje, tomar depósitos, prometer tasa liberada y quebrar a los tres años. Y eso lo pagaba el Banco Central. Pasamos de 63 bancos en 1977 a 179 en 1980: se concentra el sistema financiero porque la mayoría de casas de cambio y financiera, que eran 800 en 1977, se convierten en bancos. Fueron los que posibilitaron el ingreso de dólares para el endeudamiento externo.

-¿Hasta cuándo se mantuvo esa estructura generada en la dictadura?

Nápoli: Esos grupos continuaron en los 80 y operaron de manera libre. Y una delas muestras claras es que cuando asume Alfonsín el Banco Central cambia sus autoridades, el Banco Nación cambia sus autoridades pero el directorio cívico militar de la CNV siguió hasta agosto de 1988. Se fueron seis meses antes de que se fuera Alfonsín. El órgano que debía controlar el mercado de capitales en la Argentina siguió controlado por funcionarios designados por Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone durante todo el gobierno de Raúl Alfonsín.

-¿Hubo momentos en que cambiaron las hipótesis?

Napoli: Pensamos que íbamos a encontrar una sistematización y no fue así. Tiene más que ver con una red mafiosa interconectada pero independiente. Salvo con dos o tres casos como Mackentor, Banco de Hurlingham y Graiver.

Bosisio: En esos casos hubo una acusación política combinada con el desapoderamiento. Pero hay otros casos donde eso no ocurrió y sólo estuvo el desapoderamiento. Hay otros casos donde la CNV intervino para favorecer el proceso de concentración económica como es el caso de Acindar. Ahí no hay un delito de lesa humanidad.

-Pero Acindar fue una de las empresas más beneficiadas

Bosisio: En los archivos encontrados en el Ministerio de Defensa, en el Edificio Cóndor, aparece una discusión muy explícita, que llama la atención y sorprende, que es del año 81. Se hizo una devaluación y dentro de la CAL discuten con Etchevarne para aclarar qué hacer con las principales empresas del país que cotizan en bolsa porque ese cambio podría llevar a varias a la quiebra. Ellos mismos dicen ‘esto es inadmisible’ y es tal la impunidad de Acindar que el propio Etchevarne dice ‘Acindar ya se anticipó e hizo su revalúo propio pero eso no lo podemos permitir’. Y en ese grupo que salvaron están los que después van a ser los Capitanes de la Industria y los bancos.