La coordinadora del programa “Las Victimas contra las violencias” habló sobre los avances en cuestiones de género y niñez de los últimos diez años, y de las deudas pendientes.
A pocos metros del despacho de Eva Giberti, en el mismo piso, el teléfono no para de sonar. Lo atienden cinco personas en turnos rotativos, los 365 días el año durante las 24 hs. Son las psicólogas y operadoras del Programa Las Víctimas contra las Violencias, detrás de la línea 137. “Estoy en un bar. No sé en qué calles, cerca de avenida Rivadavia. Él está tomando algo acá. Te paso con un mozo y te dice bien donde estamos”, cuenta una mujer encerrada en el baño de un bar, tratando de escapar de su pareja, un hombre que la golpea. La operadora la orienta, le explica cómo actuar, e inmediatamente avisa a una Brigada móvil que vaya hasta el bar. Desde su creación hasta abril de este año la línea 137 recibió 65.856 llamados por violencia familiar. La orientación e intervención telefónica es apenas una de las patas del Programa que también cuenta con un equipo de intervención domiciliaria y otro de seguimiento de los casos.
“A esta edad tendría que estar tejiendo en mi casa pero estoy acá porque creo que se pueden cambiar las cosas”, dice Eva Giberti: psicóloga, asistente social, profesora universitaria y referente indiscutida en temas de género y niñez. A los 84 años es la coordinadora de Las Víctimas contra las violencias, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El programa orienta, contiene, acompaña y garantiza los derechos de las víctimas de abusos o malos tratos causados por ejercicio de violencias. Con presencia fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, surgió en 2006 en el marco del Ministerio del Interior, con un gran impulso del entonces ministro Aníbal Fernández.
“El Programa se llama Las Victimas contra las violencias y no es casual. Indica lo opuesto a lo que siempre se ha hecho con las víctimas. A las mujeres se les ha enseñado a consolarse, a resignarse—explica Giberti—. 'Contra' introduce la idea de emancipación de las víctimas. Nuestro trabajo es empoderarlas. Nos ocupamos de que traten de asumir cuáles son sus derechos y cuál la obligación del Estado. Tiene que encontrar los recursos, acompañada por nosotros, y exigir al gobierno que cumpla con los derechos que corresponde”.
El equipo móvil de víctimas de violencia familiar atendió a 17.653 personas desde octubre de 2006 a abril de 2013. El de atención a víctimas de violencia sexual realizó 3.051 intervenciones entre 2010 y 2012. Esta brigada atendió un total de 2.833 víctimas de las cuales la mitad fueron niñas y niños. El Programa además tiene un cuerpo interdisciplinario de protección contra la violencia familiar, que trabaja a partir de denuncias judiciales en casos específicos.
“Las víctimas de violencia familiar no han podido hacer pie para tomar conciencia de su ciudadanía: por negligencia en su educación, por malos tratos, por indiferencia. La inclusión viene enlazada con el ejercicio de los derechos. Lo que es interesante es que sea el propio Estado quien da los recursos para enfrentarse al Estado”, explica Giberti. Y cuestiona el concepto de “asistencia a la víctima” que todavía sobrevive. “Los que dicen que asisten y atienden a las victimas están bien narcisizados. La asistencia genera una relación asimétrica entre quien atiende y la persona atendida. Nosotros no hablamos de asistencia porque esto marca una diferencia entre el que puede y sabe, y entre el otro, pobre, el que está victimizado”.
La prostitución no es un trabajo
En abril se presentaron en el Congreso dos proyectos para modificar el Código Penal y penalizar al cliente de prostitución. La iniciativa del senador del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, busca sancionar con prisión de uno a tres años el consumo sexual cuando hay víctimas de trata.La diputada Marcela Rodríguez, de Democracia Igualitaria y Participativa, propone penas de seis meses a tres años de prisión a quien paga por sexo. Giberti celebra los dos proyectos: “es usar la ley como docencia. Hacer que se entienda que esto no puede ser”.
¿La prostitución tiene que ser reconocida como trabajo o debe abolirse? Para Giberti, el debate entre los movimientos de mujeres y las organizaciones sociales vinculadas al feminismo, está saldado. “Es una discusión internacional, en Brasil están sindicalizadas. Pero para nosotros la prostitución no es un trabajo. La ley que está presentando Aníbal Fernández sobre sanción al cliente de trata, yo se la pedí en el 2006. Él me dijo ' Eva no da el país para esto'. Ahora sí da el país para esto”, dice Giberti.
Sobre las personas que dicen ejercer la prostitución por su propia voluntad, Giberti también tiene una posición tomada: “aunque ejerzan la prostitución por propia decisión, tenemos que discutir qué se entenderá por decisión. Esa persona no tuvo todas las oportunidades disponibles”, asegura.
Cómo terminar con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes
En febrero de 2006, Giberti, recibió un llamado para ir a la Casa Rosada a hablar sobre género y violencia. Fue la semilla para la sanción de la Ley 26.842, la ley de trata, en 2008. “Yo le dije a Néstor Kirchner y a Fernández 'Necesito una ley de trata'. Él me dijo 'Hagala ' y acá estamos”, cuenta Giberti. Salió sorprendida de su primer encuentro con el ex presidente. “Kirchner me trataba como una vieja amiga, a pesar de que yo no lo había visto nunca. Después me di cuenta de que era porque yo escribí notas de opinión durante 20 años en el diario Río Negro. Néstor las conocía de memoria. Él me dijo, desde un primer momento 'con los tapones de punta, Eva'”.
De esa primera charla surgió, más tarde, la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada en 2009. Esta ley plantea “soportes revolucionarios” y es la ganancia de la última década en relación a género. “Somos pioneros en América y en el mundo. Es mucho más que transformación porque tiene una perspectiva a futuro”, asegura. Enmarca esta legislación con otros derechos adquiridos y reconocidos en los últimos diez años. “Esa es la ley marco que tiene soporte en la ley de diversidad, tiene que ver con el derecho identitario, la ley de matrimonio igualitario, la incorporación del femicidio al Código penal y , por supuesto la Ley de trata”, dice Giberti.
Para ella terminar con la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es la deuda pendiente en el balance de la década. “Hay que cambiar el Código contravencional de la Ciudad de Buenos Aires en lo que refiere al ofrecimiento de sexo en calle. Cuando nuestra Brigada ve a las chicas en las paradas y al hombre que se le acerca para pagarle por sexo, no alcanza como prueba para detenerlo. Piden, casi, la foto de los dos en la cama o el auto. Eso es imposible. Entonces si nosotros llevamos a la chica a la comisaría, termina fichada con una entrada por oferta de sexo en calle y el hombre queda libre. Eso no puede seguir pasando”, explica la coordinadora de Las Víctimas contra las violencias.
Entonces, ¿qué resta cambiar para avanzar sobre la explotación sexual de los niños? Giberti busca transformaciones y con ocho décadas a cuestas apunta directamente a ellas: “Cambiar la policía, el código contravencional y cambiar la cabeza de la gente. Existe una doble moral en el discurso. Dicen que está mal que las nenas se prostituyan en las plazas, pero no hacen la denuncia cuando las ven. También hay que cambiar la formación académica. Los jueces son patriarcales, los forman así. Nuestras universidades forman profesionales para consultorios y para empresas trasnacionales. No saben cómo intervenir con víctimas de explotación sexual. Nadie te enseña cómo entrar a un prostíbulo y rescatar chicas”, cierra Giberti.