Infojus Noticias

Las políticas pensadas por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, para su gestión tienen una premisa: llegar al 2020 con una Justicia moderna, transparente, confiable y con un diseño institucional para que le dé respuestas a las problemáticas de la comunidad. En esta tarea estará acompañado por un equipo de profesionales entre los que está Martín Casares, a cargo de la Subsecretaría Política Criminal, destinada al análisis de los datos empíricos que posibilitarán diseñar nuevas políticas públicas en la materia. 

Abogado, Becario del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal del CEJA, investigador y docente, Casares se desarrolló en el área de Justicia y Derechos Humanos de la Fundación Pensar. Según expresó en diálogo con Infojus Noticias, su tarea estará apuntada a realizar los aportes necesarios para la “ambiciosa” agenda del ministro sobre todo en “dos patas fundamentales para la formulación de la política pública” como son el relevamiento y análisis de las estadísticas y datos oficiales del sector y la elaboración de la nueva reforma del Código Procesal Penal de la Nación.

—¿Cuál será la función de la Subsecretaría de Política Criminal?

—Desde esta Subsecretaría la idea es llevar adelante la ambiciosa agenda del ministro German Garavano, sobre todo los temas relacionados con la reforma procesal penal. Pero además tenemos grandes desafíos en el área de información criminal, estadísticas e indicadores. Estamos trabajando desde que asumimos en analizar la información que tenemos para volver a publicar las estadísticas oficiales, tanto de los ingresos de la Justicia, como los indicadores y encuestas relacionadas con el Sistema Nacional de Ejecución Penal. Estas son dos patas fundamentales para la formulación de la política pública. Además, la Subsecretaría es un área más bien de diseño de la política pública en materia de política criminal, con lo cual basándonos en toda la información, análisis y evidencia empírica lo que tendríamos que hacer es formular los planes de modificación de ajustes de los códigos para modificar el funcionamiento del sistema penal.

—En relación a la intención de modificar el Código Procesal Penal aprobado en junio pasado, ¿cuáles son los puntos centrales a trabajar?

—Lo que tenemos que hacer es un estudio del Código como herramienta para el sistema de enjuiciamiento, ver cómo hacemos para hacer los ajustes necesarios para confeccionar un código más eficaz y eficiente para mejorar los resultados de la persecución penal.

—¿Cómo se mejora?

—En dos sentidos, básicamente, tratando de conseguir salidas alternativas y sanciones aplicadas sin que sea en detrimento de garantías fundamentales, es decir derechos establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos. Lo que nosotros vemos es que el Código tiene una matriz de sistema acusatorio que es muy buena y que es hacia donde queremos ir, pero como dijo el ministro, es un código pensado más para una jurisdicción ordinaria, está pensado para la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción, es decir una Justicia no federal. Lo que habría que revisar es qué artículos habría que ajustar o agregar para que pueda ser una herramienta para luchar contra el narcotráfico, la trata de personas, los delitos  relacionados con temas de corrupción.

—El ministro habló de una convocatoria a diferentes sectores para analizar la reforma…

—El Código tiene algunos artículos que, en un primer análisis, nos parecen pocos y que habría que incluir todo un capítulo que vamos a hacer a través de una convocatoria plural, participativa, en el marco de una mesa en la que estén sentados también los propios actores del sistema judicial. Nos parece importante que sean los propios fiscales y jueces los que digan cómo dar mejores resultados en materia penal. Todavía no estamos pensando sobre qué artículos específicos trabajar, sino una metodología participativa para revisar el código que tiene una matriz buena a la cual hay que hacerle algunos ajustes.

—En materia criminal y de estadísticas un tema que surge es el trabajo del Estado en la reinserción social de las personas que fueron privadas de su libertad ¿Cuál será el trabajo en esta materia desde la subsecretaría?

—Desde esta subsecretaría tenemos el manejo, el procesamiento de esa información y funcionaremos como un insumo para que trabaje la subsecretaria que tiene a cargo todo el sistema penitenciario y de reinserción social. Es un trabajo en conjunto, lo tenemos que hacer basándonos en el dato empírico. Una de las grandes preguntas que tendríamos que responder juntos es qué proyectos tendríamos que llevar adelante para evitar el reingreso de ese porcentaje tan alto a la cárcel. Eso también es una forma de hacer un aporte en materia de seguridad ciudadana, hoy tenemos alrededor de unas 65 mil personas detenidas en todo el país, tanto en sistemas penitenciarios provinciales como federales. Tenemos que ver cómo hacemos para desarticular eso, qué es lo que necesitamos. Al analizar los datos nos vamos a encontrar que hay una gran deuda social, entonces el esfuerzo es doble: nosotros no podemos integrar a la sociedad a una persona que antes de ingresar al sistema penitenciario no estaba integrada.