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La “Campaña Nacional contra la Tortura”, lanzada el 20 de marzo pasado en la ESMA por la Defensoría General de la Nación, cumplió hoy una nueva etapa. En la sede del Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad Nacional de San Martín, un panel compuesto por el procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo; la coordinadora del área de promoción y protección de los derechos humanos de Amnistía Internacional, Paola García Rey; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; y el titular del CIEP, el ex canciller Jorge Taiana. Durante el encuentro –un desayuno con periodistas y comunicadores-, los especialistas se explayaron sobre la práctica de la tortura que aún persiste en las instituciones de encierro en la Argentina.

“Los datos son elevadísimos”, respondió García Rey ante la consulta de InfoJus sobre la tortura en Argentina y la relación con el resto de los países de la región. “Claro que hay países como el Salvador, o casos puntuales como algunas cárceles de Brasil, en el que la situación es más acuciante, pero hay provincias de nuestro país como Mendoza y Buenos Aires que no tienen nada que envidiarle a esos países, y han recibido condenas de organismos internacionales por las condiciones aberrantes en las que están alojados los presos”, agregó García Rey. “Y por otro lado, ¿cómo comparar qué es poco y qué es mucho cuando hablamos de tortura?”, se preguntó García Rey.

La exposición de la investigadora de Amnistía giró en torno a otros lugares de encierro que no son comisarías ni cárceles, “pero donde también se cometen actos de torturas más invisibilizados aún”. Como los hospitales neuropsiquiátricos y los institutos de menores. “En los institutos de menores, privados y públicos, hay más de veinte mil pibes. Si alguno denuncia abuso, maltrato o tortura, siguen estando bajo la tutela de los funcionarios que lo infligen. En los neuropsiquiátricos todavía se aplican los electroshocks”, concluyó.

Taiana abundó en su experiencia como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), e ilustró respecto de la consideración internacional frente a casos de tortura. “Cuando estaba en la CIDH fuimos a México a monitorear instituciones carcelarias. Recuerdo que decidimos visitar hospitales psiquiátricos, y las autoridades nos preguntaron qué tenía que hacer una comisión de derechos humanos en un lugar así. Obviamente, nosotros considerábamos que en lugares como esos se violaban muchísimos derechos, y efectivamente así fue”, recordó. “Desde que se sancionó la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, Inhumanos o degradantes, la comunidad internacional ha tomado conciencia de lo vital que es terminar con estas prácticas. Por ejemplo: es un delito que tiene jurisdicción universal”.

Argentina fue uno de los primeros países en adherir a la Convención contra la Tortura sancionada en 1984 por las Naciones Unidas. Sin embargo, tardó ocho años en adherir al protocolo adicional que promueve mecanismos nacionales de prevención de la tortura. “Esa ley fue sancionada, luego de un consenso arduo de ONG y bloques partidarios en noviembre de 2012. Pero aún no fue reglamentada”, dijo Mugnolo. Hasta que no suceda eso no se formarán los equipos multidisciplinarios previstos para entrar a las cárceles y detectar casos de torturas o tratos degradantes. “No hay demasiadas cuestiones que reglamentar, es más bien una demora por prudencia”, consideró. La clave, para Mugnolo, está en la intervención sobre las escuelas penitenciarias. “En los últimos años, los programas se abrieron un poco más por casos lamentables que salieron a la luz pública”, consideró.

La última expositora fue la defensora Martínez. “Los fiscales casi no investigan los casos de tortura: según contó la procuradora Gils Carbó, de 400 denuncias por torturas que recibió, ni una sola tiene imputados”, dijo la funcionaria. Y destacó los esfuerzos de la procuradora por cambiar el signo de esa tendencia. “Ahora, contamos con el compromiso de la nueva gestión de instruir a los fiscales para que investiguen”.

En su presentación, la defensora explicó los lineamientos de su organismo cuando ocurren casos de tortura. “Los fiscales dicen que es imposible probar las denuncias de torturas. Es cierto que las características del delito, y el contexto de encierro, lo hacen más difícil. Pero si uno tienen la firme convicción de investigarlos, se hace”, dijo. “Yo ordené a todos los defensores que me comuniquen si en algunas de las visitas a la cárcel los internos denunciaban una situación de tortura. Si contamos con su consentimiento, nosotros mismos, como Defensoría, presentamos la denuncia en la Justicia. Y si quieren presentarse como querellantes en la causa, los acompañamos”.

Martínez ahondó en la sensibilidad social acerca de la tortura en las cárceles. A diferencia de otros funcionarios o especialistas, se mostró esperanzada. “Nosotros muchas veces prejuzgamos a las personas. Tenemos un stand en la Feria del Libro donde ofrecemos información, y la gente se acerca, se interesa. Estoy segura de que va a generar una reacción social de que la tortura es un hecho aberrante”, agregó.

La campaña fue impulsada en coincidencia con el Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813, en la que se abolió la tortura. El programa prevé planes de educación, difusión y capacitación y se extenderá hasta el próximo 10 de diciembre. “Hay que honrar la asamblea cumpliendo su mandato de desterrar la tortura en nuestro país”, concluyó.