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La Audiencia Nacional comenzó hoy en Madrid el juzgamiento del ex presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, por presunta evasión fiscal en el trámite de compra de Aerolíneas Argentinas en 2002 por parte de sus empresas Air Comet y Viajes Marsans. 

El empresario, que se sentó hoy por primera vez ante este tribunal, enfrenta una petición de la Fiscalía de dos años y cuatro meses de cárcel por presunto delito fiscal.  Díaz Ferrán llegó esta mañana a la Audiencia Nacional desde la prisión madrileña de Soto del Real, donde se encuentra desde hace casi un año en prisión preventiva, imputado en otra causa por delitos económicos vinculada con la quiebra de Viajes Marsans. 

Díaz Ferrán negó hoy haber incurrido en un delito contra el fisco español: "Estábamos seguros de que no había que pagar nada a Hacienda; en ningún momento pensábamos que había delito; ni lo había entonces, ni lo hay ahora" 

El Ministerio Público pide la misma pena para el ex consejero delegado de Air Comet y ex presidente de Aerolíneas Argentinas Antonio Mata; en el procedimiento estaba imputado al socio de Díaz 

Ferrán en Marsans, Gonzalo Pascual, fallecido en junio de 2012. 

El fiscal Miguel Ángel Carballo solicita, además, el pago de una multa conjunta de 99,04 millones de euros por impago del Impuesto de Sociedades de 2002, derivado de la operación de compra de la aerolínea argentina. 

Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual compraron en 2002 Aerolíneas Argentinas (ARSA) al Estado español a través de Air Comet, y siete años después perdieron la empresa por ser incapaces de reflotarla. 

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reestatizó la aerolínea de bandera en 2008, cuando la empresa perdía un millón de dólares por día. 

En 2001, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España vendió 92,1 por ciento de sus acciones de Aerolíneas Argentinas a Air Comet, entonces presidida por Mata, por un valor simbólico de 1 dólar. 

En ese acto Air Comet asumió el pasivo de la compañía por un máximo de 300 millones de dólares, dinero que debía destinarse al pago de acreedores de la sociedad y también a un plan industrial. 

Un año antes, la SEPI se había hecho con el 99,2% de las acciones de Interinvest, propietaria de Aerolíneas Argentinas y Austral, que afrontaba enormes pérdidas tras la gestión de la compañía por parte del consorcio Iberia, que la había comprado en l990. 

En el proceso por el que la SEPI se desprendió de Aerolíneas Argentinas, el dinero púbico aportado se utilizó para pagar deudas -en realidad adquisición créditos- por valor de 272,87 millones de dólares, que quedaron cedidos a Air Comet con el compromiso de aportarlos posteriormente al capital social de Aerolíneas. 

Como el dinero público aportado era considerado beneficio, los propietarios de Aerolíneas debieron declarar 99,04 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades, algo que no hicieron, afirma el Ministerio Público es su escrito de acusación. 

Hoy Díaz Ferrán negó que él y sus socios hubieran cometido delito con la compra de Aerolíneas: "Cumplimos fielmente con el contrato", remarcó varias veces durante la audiencia oral. 

“La única beneficiaria era Interinvest; ni pensábamos entonces, ni ahora que haya que pagar a Hacienda; el beneficiario era Interinvest, que hace los aportes a Aerolíneas y Air Comet no obtiene ningún beneficio", remarcó. 

Díaz Ferrán remitió a Mata las respuestas a todas las preguntas relativas a los detalles del contrato de Air Comet con la SEPI y el que firmaron en relación a la cesión de créditos, ya que él sólo era consejero delegado y "no estaba al tanto de los detalles". 

Tras dos horas de sesión, el juicio entró en receso y continuará por la tarde con la declaración de Mata.