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“Si son coherentes, que pidan juicio político”, así, contundente, fue la respuesta de Carlos Garmendia, abogado representante de Susana Trimarco, a los defensores de los diez condenados en la causa por la desaparición de María de los Ángeles Verón, quienes, al presentar el nuevo recurso de Casación, cuestionaron el fallo de la Corte: “lo había solicitado Susana Trimarco, lo prometió Alperovich y lo hizo efectivo Estofán”, sostuvieron en declaraciones a la prensa.

Por otro lado, desde la Justicia tucumana confirmaron que se presentaron nueve apelaciones. Está pendiente el recurso de María Azucena Márquez, que se retrasó porque su abogado defensor, Sergio Pérez, renunció. La Sala II de la Cámara Penal de Tucumán libró una intimación para que Pérez presente la apelación y luego se desvincule de la causa.

Según expresó Pérez en diálogo con Infojus Noticias, su renuncia tuvo que ver solo con la falta de acuerdo económico con su representada.

Los cuestionamientos más duros hacia el fallo surgieron de Jorge Cáceres, defensor de José Fernando “Chenga” Gómez, condenado a 22 años, y los demás abogados se sumaron a la crítica. “La Corte Suprema de Justicia de Tucumán hizo una valoración antojadiza, selectiva, parcializada y arbitraria de la prueba que existe en el expediente de la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón”, expresó Cáceres en declaraciones periodísticas.

Para Garmendia, lo que buscan con estos dichos es prensa y para argumentarlo se basó en dos argumentos: el primero, que ninguno de los defensores apeló el fallo que negó la recusación del juez Estofán;  y segundo, que el fallo de la Corte está basado en argumentos jurídicos y no políticos. “Si los defensores creen que esto no fue así tienen que hacer lo que hicimos nosotros con el fallo de 2012: cuestionar a los jueces y hacer el correspondiente pedido de juicio político”, aseveró Garmendia. Y remató: “para eso hay que, primero, tener razón”.

La polémica se desató con las declaraciones realizadas a la prensa, antes de que las defensas presentaran los recursos de Casación para que se revisen las condenas dictadas por la Corte tucumana en abril pasado. De los diez condenados (Chenga y Gonzalo Gómez a 22 años, Daniela Milhein y Alejandro González a 18; Carlos Luna y Pascual Andrada a 17; María Azucena Márquez, 15; Juan Derobertis, 12; y  Paola Gaitán y Mariana Bustos a 10).

Con esta apelación, la causa por la desaparición de Marita Verón tiene un nuevo capítulo judicial. Luego de la sentencia de absolución de 2012 que dejó a los 13 imputados en libertad, los querellantes presentaron el recurso de Casación ante la Cámara Penal, el cual fue aceptado y derivó en el fallo de la Corte tucumana —a cargo de los jueces Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán y Claudia Sbdar— que revisó, anuló y condenó, primero, para que después otro tribunal —este conformado por Dante Julio José Ibáñez , Juana Francisca Juárez y Emilio Páez de la Torre, en disidencia— fijara las penas. Entonces, por la necesidad de establecer lo que se llama “doble conforme”—como hay una absolución y después una condena— se abrió esta nueva instancia de Casación. Ahora la Cámara resolverá si los recursos presentados son admisibles. Entonces, la Corte tucumana deberá conformar un nuevo Tribunal, con jueces que no hayan tomado participación en la causa, para así darle paso a las querellas para que contesten y poder resolver.

Una vez que haya sentencia en esta instancia, solo restará el recurso extraordinario Federal para dar por terminado el extenso proceso judicial por la desaparición de María de los Ángeles Verón.