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El juicio por la represión que ordenó el gobierno de Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001 continúa esta semana con la declaración testimonial de más de diez oficiales de la Policía Federal que formaron parte del operativo que dejó cinco muertos y cientos de heridos en el microcentro porteño. De esta forma concluye la primera etapa del juicio iniciado ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6), en febrero pasado.

Los primeros testigos contaron que esa tarde, antes que De la Rúa dejara la Casa Rosada, estuvieron cerca del Obelisco. Allí tres vehículos -un Fiat blanco, un Palio bordó y una camioneta Ford- se desplegaron y dispararon contra los manifestantes. Alberto Márquez murió allí, por un disparo en la espalda. Paula Simonetti y Martín Galli lograron sobrevivir, pero desde entonces viven con una bala en su cuerpo. Ella en la espalda, él en la cabeza.

El primero que declaró esta mañana en los Tribunales de Comodoro Py fue el ex jefe de la sección Perros, el entonces subcomisario Juan José Fraga. Contó que ese 20 de diciembre, en dos oportunidades, el comisario Fino Palacios le ordenó que llevara cajas con cartuchos de gas lacrimógeno a la plaza de Mayo. Lo hizo a bordo de un patrullero que conducía el cabo primero Antonio Greco y, viajó con ellos el agente Sergio Mosqueda como “ametralladorista”, según su propia definición.

Tanto Mosqueda como Greco coincidieron con quien entonces era su jefe. El encargado de cargar el “parque” que tenían que alcanzar a los grupos operativos fue Mosqueda. El agente, que por entonces tenía 21 o 22 años y trabajaba en la fuerza desde fines del año 1999, contó que fueron a buscar el pedido a la armería en el destacamento que la Montada tenía en el barrio de Palermo. “No había más municiones de goma, así que nos dieron cartuchos de estruendo”, dijo Mosqueda al referirse a las municiones para las escopetas itakas que llevaron en el patrullero, además de sus armas reglamentarias. Fraga coincidió en ese punto.

Sobre el material que transportaron no fueron tan precisos. Fraga dijo que la primera vez, cerca del mediodía, llevaron cartuchos de gas que recibió el entonces comisario de la Federal Fino Palacios. La segunda vez -a eso de las seis de la tarde- dijo que completó la carga con granadas de humo porque ya no tenían gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

En el Obelisco

Esa tarde, después de hacer la última entrega, coincidieron los testigos que alguien les llamó la atención sobre una persona herida en la avenida 9 de Julio, cerca del cruce con la calle Sarmiento. “Yo bajo con la itaka con los cartuchos vacíos”, recordó Fraga. “Los que estaban con las caras cubiertas nos insultaron”, dijo el ex policía y recordó que “sintió un piedrazo sobre el patrullero”. La respuesta fue contundente: “Mosqueda hace dos disparos con balas de fogueo,  y eso me dio tiempo a mí de subir al patrullero”, contó Fraga.

El herido era Martín Galli. Tenía un balazo en la cabeza y se salvó porque pese a los disparos, Héctor “El Toba” García, otro manifestante, se quedó con él. No se conocían, a los dos la indignación los había convocado a la calle a clamar “que se vayan todos”. Martín sobrevivió. El Toba falleció este año, poco después que empezara el juicio y no llegó a declarar como testigo.

Fraga dijo que una vez que se fueron llamó al comisario Passi, que coordinaba las comunicaciones, para que enviaran una ambulancia. Dijo que lo hizo por la frecuencia del Cuerpo de Operaciones Federales III (COF III), porque la COF II que tenía asignada estaba saturada. Los abogados de la querella volvieron sobre el punto, porque esperan que a la largo del debate se comience a dilucidar quién y cómo se dieron las órdenes.

Las órdenes y sus ejecutores

“Nos habían dicho que el personal que formaban los grupos de combate no podían ir con armas reglamentarias”, dijo Fraga. Y atribuyó esa orden –que dijo haber recibido a través de Mosqueda – al jefe de la Dirección General de Operaciones la Policía Federal, Raúl Andreozzi, uno de los 16 ex policías imputados en esta causa.

Más adelante, dijo que también el superintendente (se refiere a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA) les indicó que “la primera carga de las escopetas debía ser de fogueo”. En ese momento, a cargo de la Superintendencia estaba el comisario Norberto Gaudiero, también acusado en este juicio.

Mosqueda introdujo un elemento que, por lo menos, hecha sombra sobre esa versión. Confirmó que por disposición de Fraga llevaban las armas reglamentarias ocultas debajo de los chalecos; pero también –y a pedido de la querella que sostiene el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- ratificó  una declaración que hizo en setiembre de 2002, durante la instrucción: ese día, en la armería también vio “municiones plateadas, rojas… de esas de plomo”, dijo.

Andreozzi, Gaudiero, el ex jefe de la Federal, Rubén Santos, están con el ex Secretario de Seguridad de la Nación Enrique Mathov, imputados por homicidio culposo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en aquella sangrienta jornada. De los funcionarios del gobierno de la Alianza, Mathov es el único que deberá responder por estos hechos durante este juicio.

Por los disparos que hirieron a Galli y a Simonetti y mataron a Márquez, deberán responder 9 ex agentes de la federal. Aquel 20 de diciembre, media hora antes que De la Rúa abandonara la presidencia, tres vehículos -un Fiat blanco, un Palio bordó y una camioneta Ford- se desplegaron sobre la Avenida 9 de julio casi esquina Sarmiento y dispararon contra los manifestantes. A bordo y comandados por el ex comisario Orlando Oliverio iban cinco agentes de Asuntos Internos y tres auxiliares de Inteligencia de la Federal.