Infojus Noticias

Angélica Urquiza todavía guarda el papel que le dieron en el Juzgado de Instrucción 49 con la dirección donde tenía que retirar el cuerpo de su hijo, Jonathan “Kiki” Lezcano y el de su amigo, Ezequiel Blanco. Hacía casi tres meses que buscaban a los jóvenes de 17 y 25 años. No sabían que un policía Federal les habían disparado el 8 de julio de 2009. Tampoco que no habían podido identificarlos y por eso los enterraron como NN en una fosa de Chacarita. Esta semana se cumplieron seis años del doble crimen que aún está impune. Hoy los recordarán en la esquina de las calles Fonrouge y Chilavert, en Villa 20, Lugano, con una Jornada cultural por los derechos humanos. Antes, Infojus Noticias, dialogó con Angélica, la mujer que empujó a la Justicia todos estos años y que continúa haciéndolo para esclarecer qué pasó con su hijo.

La única versión de aquel 8 de julio es la de Daniel Santiago Veyga, la persona que gatilló la Bersa Thunder 9 que mató a los dos chicos. Según él, ese día alrededor de las 15.30,  dos jóvenes armados el pasaje El Zonda quisieron robarle su camioneta. Lo encañonaron y lo obligaron a subir al asiento del acompañante. Veyga, que en ese momento trabajaba para la Policía Federal, estaba vestido de civil. Siempre de acuerdo con su relato, escuchó que decían “Matalo que es rati” y oyó el martillo de la pistola. Después de eso, sacó su arma reglamentaria,  disparó dos veces y corrió.

Veyga dijo que pidió ayuda al 911. Que disparó en “legítima defensa”, un argumento repetido en los casos de violencia institucional. Un vídeo muestra a los dos jóvenes agonizando en el auto, mientras otros policías se ríen, hacen chistes, los dejan morir.

El juez Facundo Cubas creyó en la versión de Veyga y lo sobreseyó a los tres meses. La causa entró en un derrotero judicial que sigue hasta hoy. En 2011, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobreseimiento, apartaron a Cubas y ordenaron que se reabra la investigación. El caso cayó en manos del juzgado de instrucción 24, a cargo de Juan Ramón Padilla. Consideró  que no contaba con los elementos para procesar al ex policía y volvió a sobreseerlo en un escrito autocrítico de todo lo actuado hasta el momento. Los abogados de Angélica volvieron a apelar y el caso llegó a Casación que abrió la posibilidad de que las muertes de los jóvenes lleguen a un debate oral.

— ¿Cómo fueron estos seis años de lucha contra la impunidad?

Yo era una simple mamá de barrio. Lo mío era trabajar en la escuela donde laburo hace 13 años como auxiliar, darle de comer a los pibes, tomar mates con ellos a la tarde. Aprender un poco más sobre hacer torta fritas, bizcochuelos, las cosas que les gustan a ellos.

Cuando pasó lo de Kiki, me encontré en un desierto. Todas las puertas que tocaba se cerraban. Estaba totalmente sola. Algunas madres de otras víctimas me enseñaron: tenés que hacerte un cartelito, salir a la calle.  Ahora yo vivo para la causa de mi hijo. Las madres de la Plaza de Mayo nos dejaron un camino abierto. Nos mostraron que no te podés quedar adentro llorando, tenes que salir a pelearla a la calle. Para los que perdimos a un ser querido, la única manera de llegar a la Justicia es la lucha.

— Esta semana se conoció la noticia de un joven al que la familia buscaba hacía trece meses y estaba enterrado como NN. Pasó lo mismo en la búsqueda de Luciano Arruga, el problema de los NN es algo que se repite. ¿Qué tiene que cambiar?

Cuando Kiki desapareció, me decían cualquier cosa: que se había ido, que estaba totalmente drogado en el Elefante Blanco, que estaba en la 1.11.14 con una mujer que lo mantenía, que lo habían visto por acá bajo en el barrio en bici. Me hacían sentir la loca de Villa Lugano. Todo eso me dolía. Yo sabía que no podía ser. Que él no se había ido por propia voluntad.

Cuando supimos que estaba enterrado como NN, no podíamos creer que la Justicia o los que tienen la responsabilidad sobre esto no puedan tener una base de datos para identificarlo. La denuncia por la desaparición de Kiki estaba en todos lados: en la comisaría 52, en el Menor y la Familia, en el juzgado de Menores 30. Sin embargo, no pudieron cruzar los datos cuando a él lo llevan al Hospital Piñeyro y las dos personas no identificadas que tenían en la comisaría 12.

Después, descubrimos que el 13 de julio de 2009 ya tenían los datos, los nombres, las edades de los chicos. No se molestaron en informar

— Hace un mes la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento a Veyga y pidió que se debata en un juicio oral si actuó en legítima defensa o excedió los límites. ¿Cómo es llegar al aniversario con esta novedad judicial?

La pérdida siempre va a estar por más que llevemos a Veyga a juicio. Pero hoy tenemos otros ánimos. Este aniversario es distinto a todos. La resolución de Casación llegó para dar un giro de 180°. Creíamos que lo iban a sobreseer pero resultó que Veygaestá imputado por homicidio simple. En un juicio, Veyga tiene que explicar qué pasó ese día, cómo fueron las circunstancias de los asesinatos. Y también tiene que hablar el único testigo, que ese día estaba detrás de una ventana. Ese testigo primero dijo que vio y después que escuchó.

A Veyga  al mes que asesinó a los chicos, lo premiaron y lo subieron de categoría. Si yo me hubiese enterado en ese momento que lo habían premiado, hubiera ido a donde tenía que ir para decirle que era un asesino, que había matado a mi hijo.

Los seis años pesan un montón. Pesan mucho más que el primer año. En ese primer año creía que iba a volver, pensaba que lo iba a volver a ver. Pero hoy por hoy me duele saber que no lo voy ver nunca más. Trato de acomodar ese dolor y seguir. Más allá del resultado que pueda llegar a tener un juicio, el dolor no va a ser menos.

Convivir con la violencia institucional

Angélica tiene una sonrisa amplia, la misma que se ve en los vídeos o fotos que lo muestran a Kiki. Crió 8 hijos: la más chica tiene 20, el más grande 38. Tras la muerte del joven de 17 años, convirtió -junto a otros pibes de la edad de él-un viejo galpón para guardar el auto en un espacio de referencia barrial: la Casita de Kiki. Angélica politizó la muerte de Kiki. La corrió de las páginas de policiales y puso la linterna sobre el Estado y el problema de la violencia institucional. Cuando los chicos quedaban detenidos en la comisaría 52 y no sabían por qué, las otras madres las llamaban a ella.

“El primer año fue terrible. Las madres me venían a buscar porque no sabían que hacer. La Casita se volvió una referencia para el barrio en todo sentido. Se acercan para pedirnos ayuda con los problemas con la policía y también por problemas de salud” dijo.

Al igual que muchos pibes de los barrios pobres, Kiki era víctima del hostigamiento policial. La violencia estatal que condiciona las vidas de los pibes pobres y las trayectorias de sus familias. En 2007 estuvo casi un año el Instituto de Menores San Martín. En mayo de 2009, un policía de civil le dio una paliza. Dos semanas más tarde, Kiki apareció en un pasillo con la cara desfigurada. Angélica le sacó una foto y se apuró por hacer una denuncia por resguardo de persona en el juzgado de Menores 5. Tenía miedo por la vida de Kiki. Al poco tiempo lo mató una bala de la Federal.

En Villa Lugano las paredes hablan. “El barrio no olvida”, dice un cartel de señalización que marca el pasaje Kiki Lezcano. A pocas cuadras hay un mural que recuerda a Camila Arjona, una adolescente de 14 años embarazada baleada por la Federal por la espalda en 2005. El año pasado, las balas de la Federal alcanzaron a otros dos chicos del barrio, Jonathan "Papu" Mareco y Brian Ayaviri que iban en un auto, supuestamente, robado con otros dos pibes. Los agentes los atacaron a los tiros. Joni y Papu murieron, uno quedó con una bala cerca del pulmón y otro fue preso. Mientras los chicos de la Casita de Kiki preparan el Festival por los derechos humanos, también pintan un pasacalle para convocar al primer aniversario por las muertes de Joni y Papu. El 8 de agosto harán otro festival.

— ¿Cambió el barrio en estos años en materia de violencia institucional?

A los chicos los siguen matando. Papu agonizó igual que Kiki. Pero ahora somos muchos los que sabemos que podemos salir a la calle a reclamar por nuestros derechos: derecho a no ser maltratado, que alguien te quiera venir a llevar porque tenés una gorrita, derecho a la educación y la vivienda.

Cuando acá los vecinos piden más seguridad. Yo les digo: que su seguridad no sea mi inseguridad. Más policías no es más seguridad. Es más pibes muertos. 

—Hace poco se conoció el fallo Arruga que condenó al policía que lo torturó a Luciano a diez años de prisión. ¿Creés que puede haber una transformación en la Justicia, un mensaje de no tolerancia de estas prácticas?

Luciano y Kiki se llevan cinco meses de desaparecidos. Luciano desapareció el 31 de enero de 2009, mi hijo el 8 de julio. Ese año me crucé a Mónica Alegre, la mamá de Luciano en una marcha en Tribunales. Yo con mi cartelito. Ella con el suyo. Nos vimos los cartelitos y nos abrazamos. Nos hermanamos en un abrazo. Cuando condenaron a diez años a Julio Diego Torales por las torturas a Luciano, la abracé a la flaca, a Vanesa y le dije que ese fallo era muy importante para nosotros que no tenemos Justicia. Ella me dijo “Quedate tranquila que vamos a llegar a  la Justicia. 

Mientras hay vida, hay esperanza. Nosotras, las madres, nunca vamos a dejar de buscar, no vamos a retroceder.

MFA/LC