16-5-2013|17:28|Violencia
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Diputados y funcionarios denunciaron la complicidad provincial
Acusan a De la Sota de permitir torturas en las cárceles cordobesas
En una conferencia de prensa en Diputados, el fiscal Abel Córdoba relató la inspección en la cárcel de San Martín. Allí, la semana pasada encontró cadenas que se usan para estaquear a los internos cuando hacen un reclamo. Exigen respuestas del estado provincial.
La conferencia se realizó esta tarde en el anexo de la Cámara de Diputados.
Majo Malvarez.
Diputados y funcionarios contra la violencia institucional denunciaron las prácticas de tortura detectadas en la provincia de Córdoba y señalaron la complicidad del gobierno provincial. Lo hicieron en una conferencia de prensa que se realizó en el anexo de la Cámara de Diputados, organizada por el diputado nacional Leonardo Grosso y por el titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba. Estuvieron presentes legisladores nacionales del bloque del Frente para la Victoria y familiares de víctimas de la represión policial. Anunciaron que se presentará en Diputados un proyecto para declarar política de Estado a la lucha contra la tortura.
Córdoba relató su experiencia en investigaciones recientes en la provincia de Mendoza y luego contó con detalle la inspección en la cárcel de San Martín, del Servicio Penitenciario de Córdoba. La semana pasada, el fiscal realizó una inspección donde comprobó la existencia de elementos utilizados para torturar a los presos. Como respuesta, la ministra de Justicia de la provincia lo denunció “por haber ingresado irregularmente” en el penal.
Córdoba explicó que en el hospital del penal encontraron camastros de hierro y 17 cadenas de 70 centímetros cada una utilizadas para “estaquear a los internos cuando hacían un reclamo”. Indicó que se retiraron los instrumentos con la finalidad de evitar futuras torturas. “Los fiscales tenemos una función preventora de ilícitos graves como torturas, ante los cuales no nos íbamos a hacer los distraídos”, declaró.
La inspección se hizo con motivo de las denuncias recibidas y al día siguiente, cuando quisieron visitar otro penal denunciado, se les impidió el ingreso por disposición de la ministra de Justicia provincial. “Esto es el imperio del poder violento”, dijo. Y comparó las prácticas de tortura con las del siglo XIX, abolidas en la Asamblea del Año 13. “Cuando se condena a una persona, se la condena a la privación de la libertad, no a las torturas a las que son sometidos en Córdoba”, sostuvo, y las calificó de “bárbaras y medievales”.
El diputado Leonardo Grosso criticó la reacción del gobierno de Córdoba de denunciar la investigación, en lugar de acompañarla. Y lamentó que a 30 años de la recuperación de la democracia sigan existiendo prácticas de tortura. “Venimos acá a denunciar al Gobierno de Córdoba y a pedirle al gobernador De la Sota que se haga cargo”, expresó. Grosso denunció que son miles las detenciones ilegales producidas en Córdoba y recordó el caso de Facundo Rivera Alegre, desaparecido desde el 19 de febrero de 2012.
Andrés Guzmán, coordinador de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional en Córdoba, exigió la renuncia de la ministra de Justicia Graciela Chayep; de Raúl Pino, secretario de Organización y Gestión Penitenciaria de Córdoba; del ministro de Seguridad provincial, Alejo Paredes; y del comisario Ramón Frías.
Rosario Policaro, de HIJOS, habló en representación de la familia de Rivera Alegre, y denunció dificultades para acceder a la causa. En el mismo sentido, la diputada Mónica Gutiérrez señaló la complicidad de la justicia provincial. Sostuvo que todas las causas que caen en la Fiscalía Anticorrupción cordobesa quedan “como en un agujero negro”.
El diputado nacional Remo Carlotto, que preside la comisión de Derechos Humanos de Diputados, hizo uso de la palabra y propuso una visita conjunta de funcionarios y asociaciones a los servicios penitenciario de la provincia de Córdoba. “Nosotros venimos denunciando hechos en todas las provincias, no sólo en Córdoba, pero cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde y pedimos respuestas de parte del ejecutivo de la provincia”.
Miriam Medina, la madre de Sebastían Bordón, dijo a Infojus Noticias: “Vinimos porque repudiamos los hechos dados a conocer en Córdoba y queremos apoyar la campaña contra la violencia institucional.” Su hijo fue asesinado en 1997, con sólo 18 años, en manos de la policía mendocina.
Estuvieron en la conferencia los diputadas nacionales Adela Segarra, Araceli Ferreyra y Jorge Rivas. También Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria; Paula Litvachky del CELS; Mario Kestelboim, Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires; Julio Giménez, querellante de causas de lesa humanidad; Enrique Font, integrante del Comité contra la Tortura de la ONU; Ana Oberlín, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y Adelqui Del Do, del Ministerio de Seguridad de la Nación, y el director nacional de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, Leonardo Rebolino.
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