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A Rodrigo lo abandonó su mamá biológica poco tiempo después de nacer. Su padre tenía problemas del alcoholismo y no quería criarlo. Rodrigo creció pasando temporadas entre parientes y conocidos, de familia en familia. Sufrió abusos y fue víctima de la violencia doméstica. A los seis años llegaba golpeado a la escuela, que pidió intervención a la Justicia. Rodrigo fue a parar a un hogar y siguió soñando con una familia. El deseo recién se cumplió cuando estaba por cumplir diez: lo adoptaron Carlos y Paula.

Helena y Ariel se anotaron en la lista de adoptantes en 1995. Buscaban un hermano para Lara, una beba de meses, también adoptada. El juzgado les dijo que no gozaban de prioridad:  ya tenían una nena. Pero Helena y Ariel veían que las parejas sin hijos también sufrían una espera larga. Después de una década de paciencia y perseverancia recibieron a Agustín.

Las dos historias se replican con diferentes formas y nombres en todo el país, atravesadas por las mismas dificultades del proceso de adopción. A mediados de 2012 el Poder Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de Código Civil y Comercial Unificado. Ese texto pretende saldar una deuda histórica con las familias de Rodrigo, Lara, Agustín y tantos otros. ¿Qué soluciones aportará la nueva legislación ante esta problemática?

Desde el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la Provincia de Buenos Aires, Javier Frías, explicó a Infojus Noticias: el proyecto de Código apunta a que los menores pasen el menor tiempo posible en hogares e instituciones. “Hay que trabajar con los pibes que ya están institucionalizados hace años”, señaló.

Rodrigo fue a vivir con sus padres adoptivos cuando tenía diez años. Se le abrió una nueva vida, mejoró mucho en la escuela. Pero no se olvida de sus amigos, los que quedaron en el instituto. “Ellos no tuvieron la suerte que tuve yo, no tienen un papá ni una mamá que les den besos antes de ir a dormir”, dice algunas noches a sus padres, y pide visitar a sus compañeros. En la Ciudad de Buenos Aires el 97% de los padres quiere adoptar a niñas y niños menores de tres años, según cifras del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes porteño. “El problema es la lógica de mercado. Hay muchos chicos devueltos” – dice Alberto Morlachetti, titular de la Fundación Pelota de Trapo, y cuestiona: “¿cómo un padre va a devolver a un hijo?”.

Al anotarse como adoptantes, Helena y Ariel apuntaron a disminuir la espera. Cuando Lara era bebé, se inscribieron en los registros de adoptantes de Entre Ríos, Córdoba, San Luis y Catamarca. Al año los llamaron de Córdoba para conocer a dos mellizos. Helena desbordaba de alegría. Viajaron para conocer a los mellizos: uno de los dos sufría una enfermedad neurológica crónica. No les habían avisado. Llevaban diez años de espera cuando los llamaron del juzgado. Una madre estaba embarazada y no quería criar a su hijo. Agustín cumplió dos meses y se fue a vivir con Helena, Ariel y su hermana Lara. Ahora Agustín está en quinto grado, juega al rugby y estudia guitarra. Lara estudia música en Bellas Artes. “Tuvimos suerte porque a ambos los recibimos con un par de meses de vida, pero hay otros chicos que viven años en instituciones, esos son los que más sufren”, dice Helena.

El abogado Javier Frías afirma que el nuevo Código “va a agilizar la situación de los chicos que nazcan después de su entrada en vigencia”. Porque prevé reducir algunos plazos del procedimiento de adopción, para evitar que la espera de padres y chicos sea tan prolongada. “Se busca disminuir la cantidad de veces que el expediente va y viene entre el juzgado y los órganos administrativos”. La discusión es compleja, porque la fluidez no sólo depende de la norma, “también de que los jueces la apliquen pensando siempre en el interés superior del chico”.

El nuevo Código Civil y Comercial Unificado dispara nuevos desafíos y debates sobre la problemática. ¿Cuánto tiempo puede vivir un chico en una institución de menores? ¿Cómo deberían ser esos espacios? ¿Cómo se trabaja con los menores que llevan años institucionalizados? Al mismo tiempo, es necesario establecer algunos pasos procesales para brindar un mejor futuro a cada uno de los niños en estas condiciones. Resta que las instituciones se adecúen a las nuevas normas que se vienen sancionando en la última década- por ejemplo, la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes-, y que la Justicia comprenda: detrás de cada expediente está la vida de una persona.