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"Todos los jueces de la Corte se mostraron muy en contra de la causa y sería muy grave porque demostraría la presión enorme de parte de la empresa y de los bancos hacia la Justicia y hacia el gobierno de los Estados Unidos", sostuvo Weber en diálogo con Télam, al evaluar la audiencia de ayer en Washington donde las partes expusieron ante el máximo tribunal que deberá resolver si habilita que la investigación se lleve adelante en ese país.

La demanda civil por daños y perjuicios efectuada por los familiares de 14 trabajadores detenidos desaparecidos y tres sobrevivientes lleva la carátula "Daimler AG v Barbara Bauman" y en caso de llegar a ser tratada, constituiría un primer antecedente para las filiales de las empresas multinacionales acusadas de complicidad con la dictadura cívico militar.

La investigación se inició en 2004 y llegó al máximo tribunal de los Estados Unidos luego de que fuera rechazada en dos instancias previas -la última en el 2009- que derivaron en que la Corte de Apelaciones del noveno circuito de California se pronunciara al año siguiente por la anulación de esos fallos y por la competencia, además de rechazar las apelaciones de Daimler.

Esto es así porque la Constitución del estado de California habilita a investigar las acciones de empresas extranjeras que actúan en Estados Unidos.

"Los familiares de los trabajadores secuestrados y asesinados ganaron en California la competencia territorial y si la Corte falla en contra, demostraría un grado de interferencia judicial gravísimo", indicó la autora del documental "Milagros no hay", sobre la desaparición de los operarios.

Según Weber, en la audiencia de ayer "quedó claro que la Corte toma la cuestión como un caso de responsabilidad civil y no como un crimen de lesa humanidad".

Los familiares querellantes recurrieron a la Corte estadounidense bajo la figura de la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Claims Act), que establece la posibilidad de demandar en territorio de los Estados Unidos a personas o corporaciones que hayan violado leyes federales allí o en países con los que tiene tratados celebrados, como la Argentina.

En Argentina, la causa por secuestros y torturas a 17 trabajadores, 14 de los cuales continúan desparecidos, fue iniciada por Weber en 2002 en el juzgado de Daniel Rafecas, hasta que en 2006 parte del expediente pasó al juzgado federal de San Martín a cargo de Alicia Vence, sin que hasta el momento existan procesados ni detenidos.

La automotriz, perteneciente a la multinacional Daimler, también está acusada por la apropiación de tres niños y la sustitución de identidad de Paula Logares, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo.