La jueza federal Sandra Arroyo Salgado lleva adelante una investigación contra el fiscal General Julio Novo. Está sospechado de obstruir las investigaciones del doble homicidio de Unicenter y otro cometido en San Fernando.
Las causas por los crímenes con sello narco de tres colombianos, ocurridos entre 2008 y 2009, derivaron en un operativo impensado. Ayer, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado coordinó los allanamientos a la Fiscalía General de ese distrito y la Fiscalía descentralizada de San Fernando en busca de elementos probatorios en el expediente en el que se investiga el accionar del fiscal General Julio Novo, denunciado por "encubrimiento agravado, narcotráfico, corrupción estructural y gravedad institucional" junto con la procuradora General de la provincia, María del Carmen Falbo.
Esta madrugada, mientras se allanaban las oficinas de Novo y sus dos adjuntos en la Fiscalía General -Eduardo Marcelo Vaiani y Rodrigo Caro- el fiscal Luis Angelini recibió un llamado del Juzgado de San Isidro. Como parte interviniente en la causa le informaban del operativo.
Angelini fue quien, en octubre de 2012 denunció a Novo por encubrir una red de narcotráfico con la protección de la Procuración General. La presentación la realizó ante el Juzgado Federal N°4 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Ariel Lijo. El magistrado se declaró incompetente y el expediente pasó al juzgado de Arroyo Salgado.
La denuncia hace referencia a la actuación del fiscal general en dos causas por homicidio. La primera data de 2008: en el estacionamiento del shopping Unicenter de Martínez dos hombres fueron acribillados a balazos. El otro crimen ocurrió un año después, en un club naútico de San Fernando. Las tres víctimas eran colombianos vinculados al narcotráfico.
En las investigaciones los fiscales Diego Grau y Angelini establecieron conexiones que llegaban hasta los hermanos Juliá, que serían detenidos tiempo después con 944 kilos de cocaína en el aeropuerto de Barcelona. Además lograron ubicar a varias personas importantes para la causa y organizaron un cronograma de entrevistas en Bogotá, Cali, Ibague, Medellín y Pereyra.
A fines de agosto de 2009 los fiscales tenían todo listo para viajar a Colombia. En Bogotá los esperaba una comisión de investigadores locales, que hasta habían previsto una custodia que los acompañaría en la gira. A menos de 24 horas de tomar el avión, el viaje se suspendió. Desde Argentina se adujo un problema burocrático entre Novo y la Procuración bonaerense.
En 2010 cuatro fiscales de San Isidro le entregaron a María del Carmen Falbo una denuncia en mano firmada por 13 de los 46 fiscales de primera instancia en la que denunciaban a Novo por ejercer “abuso psicológico” y “violencia laboral” y reclamaban su juicio político. En diciembre de ese mismo año, la Comisión Bicameral de Juicio Político rechazó el pedido.
Las causas por los crímenes de los colombianos quedaron paralizadas. Hoy, cuatro años después, la causa contra el fiscal que hizo todo por impedir el avance de esas investigaciones dio su primer paso: “Estos allanamientos tienen por objeto incautar efectos y documentación para esclarecer si hubo encubrimiento en los crímenes de Unicenter y San Fernando”, explicó una fuente judicial a Infojus Noticias.