En la misma sala que hace 14 años se acondicionó en los tribunales de Comodoro Py para el juicio por el atentado a la AMIA, comenzó hoy el debate oral y público por el encubrimiento de quienes hicieron fracasar esa investigación.
En la misma sala que hace 14 años se acondicionó en los tribunales de Comodoro Py para el juicio por el atentado a la AMIA, comenzó hoy el debate oral y público por el encubrimiento de quienes hicieron fracasar esa investigación. Los imputados son el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, el ex secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy; su segundo, Juan Carlos Anchezar; el ex agente Patricio Finnen; el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja; Carlos Telleldín, su expareja Ana Boragni, su abogado, Víctor Stinfale; los policías Carlos Castañeda y Jorge Palacios, y los ex fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia. Cuando los jueces habilitaron la entrada de los fotógrafos a la sala –único momento en que se permitió tomar fotos-, Müllen y Barbaccia bajaron la mirada. Durante la mañana, la primera parte de la audiencia se transmitió en vivo a través de la TV Pública.
La audiencia comenzó minutos antes de las 10 y media de la mañana, marcada por una lluvia torrencial. Después de un breve cuarto intermedio a la hora del almuerzo se extendió hasta pasada las cinco y media de la tarde. Cuando salió, Diana Wassner de Malamud, referente de Memoria Activa, habló con Infojus Noticias. Su esposo, el arquitecto Andrés Malamud, murió en el atentado. Este es el segundo juicio vinculado a esa ausencia que la trae a tribunales. El primero terminó en 2004 con la anulación de todo lo investigado por Galeano en relación al atentado. Este, el del encubrimiento, es para ella “muy diferente”.
“Este es un juicio que no debiera haber existido. Los que van a juicio hoy son los que tenían que investigar, son los que en el juicio pasado estaba del otro lado de las sillas. Esto es la vergüenza de lo que ocurrió”, remarcó Diana. A un metro, con otros familiares y militantes de la asociación, la esperaban sus hijas, Débora y Astrid. Ninguna de ellas había empezado la escuela primaria cuando ocurrió la explosión que derrumbó la sede de la AMIA. Tenían 5 y 3 años.
Dos acusados no estuvieron presentes en la primera audiencia: Menem y Anzorreguy. Internado en el sanatorio Otamendi con un cuadro infeccioso, el tribunal dispuso que Anzorreguy presenciara la audiencia a través de teleconferencia. Tras solucionar los problemas técnicos que hubo al inicio, pudo escuchar lo que ocurría en la sala desde el sanatorio. El ex presidente justificó su ausencia por “hipertensión, diabetes, esclerosis y artrosis” e incluyó un diagnosticó de depresión.
El TOF2 informó que le hará llegar la grabación de esta audiencia y tomará las medidas para corroborar los datos del certificado médico, que ni siquiera el abogado de Menem pudo leer en la audiencia porque la letra era ilegible. La querella de Memoria Activa evalúa pedir el desafuero del actual senador, con mandato hasta 2017. “Si se corrobora que no tenía problemas de salud, vamos a presentar el desafuero”, dijo Rodrigo Borda, el abogado que representa a Memoria Activa. Y explicó que esto “habilitaría al tribunal a recurrir a la fuerza pública para que esté, en los momentos en los que deba hacerlo”.
A 21 años del atentado en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas, el ahora senador Menem llega a juicio procesado como “instigador” del encubrimiento, y por el delito de abuso de autoridad.
En la sala que lleva el nombre de AMIA, las seis querellas se acomodaron a la derecha de los jueces. Los abogados Rodrigo Borda y Alejandro Rúa, de Memoria Activa, se sentaron junto a sus representadas, Diana y Adrian Reisfeld. A los familiares nucleados en Apemia los representan María del Carmen Verdú y Ramiro Geber; y a la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas 18J, el abogado Horacio Etcheverry. La AMIA y la DAIA conforman una querella unificada. La Unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación tiene un equipo encabezado por el subsecretario de Política Criminal, Luciano Hazan.
Junto a ellos estuvo en la sala Paulo Vannuchi, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) para la Argentina, consultor político y sindical. A pedido de Memoria Activa, actuará como observador en el juicio. A su lado se sentó el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda. Otro funcionario que presenció la audiencia fue Juan Martín Mena, actual subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia.
En la audiencia de hoy se realizó la lectura de las acusaciones de la Unidad Fiscal AMIA. Luego se completó con la lectura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y por último la de Memoria Activa. Los fiscales consideran que, ocupando el máximo cargo en el Poder Ejecutivo, Menem le indicó a Galeano que interrumpiera la línea de investigación más fuerte hasta ese momento: la que conducía a Alberto Kanoore Edul, el comerciante sirio libanés.
En cuanto a Anzorreguy, los acusadores consideran que, sin su aval, el encubrimiento no habría sido posible. Bajo sus órdenes se fraguaron actas, se perdieron transcripciones de las intervenciones telefónicas a la familia Kanoore Edul, y parte de ellas se suspendieron sin dar aviso al juez. Sentado en la segunda fila, el Fino Palacios escuchó la acusación de la Unidad Fiscal AMIA, y las sospechas que pesan sobre su papel en los allanamientos “incompletos” o fraguados en los domicilios de Kanoore Edul.
El próximo jueves la audiencia se reiniciará con la lectura de las acusaciones de las restantes querellas.
La causa que investiga el encubrimiento del atentado comenzó en el año 2000, cuando Claudio Lifschitz, uno de los prosecretarios del juzgado federal N° 9 en el que recaló la investigación, contó que Galeano y el gobierno de Menem, tras dejar de lado elementos que podrían resultar vitales para la investigación, habían convenido “plantar” la pista que conducía a un grupo de policías bonaerenses como autores del atentado.
En este juicio, el Tribunal Oral Federal 2 busca determinar –por un lado- cómo y a través de qué medios Galeano siguió la instrucción presidencial. Y con qué colaboradores contó para eso, entre ellos el ex policía Palacios.
“A los que encubrieron: este es el momento y el lugar para que hablen, para que digan la verdad”, dijo ayer Adriana Reisfeld, presidenta de Memoria Activa. Hoy fue de las primeras en llegar a los Tribunales de Comodoro Py, y vio a los imputados transitar los pasillos que llevaban al subsuelo donde queda la sala AMIA.
Otro de los primeros en entrar a Comodoro Py fue Carlos Telleldín, último tenedor identificado de la Traffic que se habría usado como cochebomba. En la sala, ocupó uno de los escritorios del fondo, entre los más alejados de los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli, y Domingo Altieri (que actúa como cuarto magistrado). Esta ubicación lo situó más cerca de los familiares de las víctimas, aunque ubicadas en otra sala, separada por un vidrio.
En el caso de Telleldín, la fiscalía consideró probado que estando detenido por el atentado, a cambio de 400.000 dólares de la SIDE acordó con Galeano cambiar su declaración e involucrar falsamente a un grupo de policías de la Bonaerense.
Juan José Ribelli, uno de esos efectivos, llegó a las 9.30, hora pautada para el inicio del debate, que comenzó una hora después. Convertido en abogado y querellante, Ribelli se representa a sí mismo y también a integrantes de la fuerza que resultaron privados ilegítimamente de su libertad.
En la acusación, la desgrabación de una escucha telefónica del 4 de julio de 1996 conduce a otros imputados en el juicio. Ese día, el reducidor de autos se comunicó con Ana Boragni, su pareja, para ponerla al corriente de lo acordado con el juez. “Mirá que el banco tiene que ser el Galicia, porque tiene sucursal en Uruguay”, le apuntó Telleldín.
-Ah, ¿ya hiciste eso?- le preguntó la mujer.
Al otro día, Telleldín estuvo en el despacho de Galeano y cambió su declaración para involucrar a los policías. Boragni y Stinfale, al igual que Telleldín, están imputados por peculado, porque su participación fue necesaria para que se concretara el pago.
Stinfale llegó a Comodoro Py poco después que su ahora colega de profesión, el abogado Telleldín. Mientras esperaban, charlaron animadamente. Boragni estuvo en la sala poco después de iniciada la audiencia. El presidente del tribunal no la dejó pasar: les recordó a las partes que deben concurrir puntualmente a las audiencias.
MB/MEL/RA