La Cámara federal revocó el sobreseimiento del ex ministro en el expediente que investiga el pago de 400 mil dólares a Telleldín para desviar la investigación. También el de los ex secretarios del juez destituído Juan José Galeano y de tres policías bonaerenses. Lijo deberá informar mensualmente sobre la causa a su cargo.
La Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento del ex ministro de Interior, Carlos Corach, en la causa donde se investiga si influyó para que el ex juez federal Juan José Galeano desviara la investigación del atentado a la mutual judía AMIA, dirigiéndola hacia los policías bonaerenses que finalmente quedaron absueltos. Y, además ordenó al juez Ariel Lijo que con “frecuencia mensual” les informe sobre la causa que instruye desde hace nueve años.
El fallo puntualmente se refiere a una segunda parte del expediente donde se investiga el pago de 400 mil dólares, a través de la SIDE, al ex reducidor de autos y ahora abogado Carlos Telleldín para que cambiara su declaración sobre la venta de la camioneta trafic cuyos restos fueron identificados como coche-bomba. Y para que involucrara falsamente en el atentado terrorista a integrantes de las brigadas de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, finalmente absueltos y ahora son querellantes en la causa por el encubrimiento.
Los camaristas apuntaron que el juez Lijo “no cumplió” con las medidas de investigación que pidió la Cámara en 2007, “a pesar de habérselo intimado en varias oportunidades”. Y además del sobreseimiento de Corach, también revocaron los de los ex secretarios de Galeano, al ex comisario general de la policía bonaerense Antonio Armando Calabró y a otros dos integrantes de esa fuerza. Y le indican al juez que siga la hipótesis que indica que la maniobra se hizo para desviar la investigación de la llamada pista siria, que involucra al ciudadano argentino de origen sirio-libanés Alberto Kanoore Edul.
Por orden de la Cámara, Lijo deberá tomar declaración indagatoria a los entonces secretarios de Galeano, porque no podían desconocer el pago a Telleldín y las demás maniobras “ajenas al derecho” que se vincularon a la causa AMIA. Son cuatros los entonces secretarios investigados: Susana Spina, que continúa trabajando como secretaria en ese mismo juzgado; Javier de Gamas, actualmente juez en Tierra del Fuego; y Carlos Alfredo Velasco y José Pereyra.
La causa por peculado, a un paso del juicio oral
Una primera etapa de esta investigación está a las puertas del juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 2, pero no tiene aún fecha de inicio. Y tiene entre los imputados por peculado a Telleldín junto a su defensor Víctor Stinfale, el ex juez Galeano, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, entre otros.
La investigación por el encubrimiento comenzó en 2000, cuando Claudio Lifschitz -uno de los prosecretarios del juzgado de Galeano- contó que el exjuez y el gobierno de Carlos Menem habrían acordado “plantar” la pista que dirigía hacia los policías bonaerenses. Todo ello cuando justamente se producía un fuerte y público enfrentamiento entre el entonces gobernador Eduardo Duhalde y Menem.
El caso recayó en el tribunal de Lijo en 2005, que ahora por disposición de la Cámara deberá profundizar la línea de investigación que apunta a las comunicaciones entre Corach y la fallecida camarista de la sala I federal Luisa Riva Aramayo, que se reunió con Telleldín en la cárcel -poco antes que este cambiara su versión-. En el fallo los camaristas le ordenaron a Lijo revisar los sobreseimientos y llamaron su atención porque omitió construir prueba “trascendente”, descartó otras “genéricamente” y realizó “afirmaciones carentes de todo sustento”.
Los camaristas Carlos González, Gustavo Bruzzone y Jorge Rimondi le indicaron al juez Lijo que obtenga “copia de las filmaciones del “10 de abril y del 1 de julio de 1996”, donde se filmó la negociación de Galeano con Telleldín. Este material, “registrado para entregar copia a la SIDE” para presionar a otros testigos”, según relataron fuentes cercanas a la investigación, fue enviado por Lijo, por completo y sin dejarse una copia, al tribunal oral que tendrá a cargo el juicio.
Y dispusieron además que el personal judicial que por entonces trabajaba con Galeano declare como testigo en la causa para desmentir o confirmar los dichos de Lifschitz, quien afirmó que el el exjuez orientó la pista a la policía bonaerense luego de una reunión con Corach en Casa Rosada.
Instrucciones para investigar con celeridad
“Para evitar cualquier divergencia interpretativa sobre lo ordenado, las diligencias habrán de disponerse antes del 31 de diciembre de 2014”, indicaron los camaristas que pretenden que Lijo le imprima “celeridad” a la investigación por el encubrimiento del atentado ocurrido hace 20 años. Con la misma premura, le indicaron a Lijo que requiera a la Oficina Anticorrupción que “ponga en conocimiento el destino de los fondos reservados que habría utilizado el Ministerio del Interior menemista, con posterioridad al atentado.
En la resolución los jueces reconstruyen, una parte de la audiencia de más de seis horas, donde las partes se debatieron sobre la conveniencia o no de apartar a Lijo de la investigación, según pidió una de las querellas. Finalmente, se definieron por la continuidad del juez de instrucción dado que al ser consultados el resto de los acusadores sostuvieron la necesidad de que el expediente avance hacia la etapa de debate, destacando que le llevaría mucho tiempo a un nuevo juez “acceder a un acabado conocimiento de la causa”.
La revisión de la Cámara sobre la labor de Lijo devino de las presentaciones realizadas en el expediente por los familiares y amigos de las víctimas agrupados en Memoria Activa, representados por el abogado Rodrigo Borda y de otras agrupaciones de familiares, acompañadas por el abogado Pablo Lanusse; el representante de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; la propia AMIA y, en este caso, los abogados de uno de los policías que estuvo preso por la causa del atentado, Juan José Ribelli. Un dato destacado por los involucrados es que el abogado defensor de Corach, Mariano Cúneo Libarona, antes se ocupó de la defensa de Ribelli y estuvo detenido por un desprendimiento de estas investigaciones porque, supuestamente, en un momento participó con el excomisario Ribelli cuando este habría “amenazado” al juez Galeano con dar a conocer los videos de la negociación con Telleldín.