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En abril las asociaciones judías AMIA y DAIA presentaron una acción de amparo para frenar la aplicación del memorándum con la República Islámica de Irán. El pedido quedó en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral. Hoy los familiares que integran la querella en la causa AMIA, entre ellos Sergio Burstein y la agrupación Vïctimas, pidieron a Canicoba Corral que rechace ese amparo y avale la aplicación del memorandum. Argumentan que “no existe en el tratado intromisión alguna en el Poder Judical” y que no hay otro camino para convertir las imputaciones en sentencias.

 

El atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) , ocurrido el 18 de julio de 1994, dejó un saldo de 85 muertos y más de 150 heridos. En 2006, el juez Canicoba Corral citó a declarar a ciudadanos iraníes involucrados y pidió su extradición. A pesar de que Interpol emitió los pedidos de captura internacional con alerta roja, Irán no cumplió el pedido. La causa quedó paralizada desde entonces: la legislación argentina exige la presencia de los imputados para llevar adelante el proceso penal.

 

El 27 de enero de este año el canciller Héctor Timerman firmó un memorándum de entendimiento con su par iraní, que después fue ratificado por el Congreso. El tratado habilita a la Justicia argentina a interrogar en Teherán a los acusados “respecto de las cuales Interpol ha emitido una notificación roja”. Además, establece la creación de una “Comisión de la Verdad”, integrada por juristas internacionales, que tendrá a su cargo el análisis de la documentación de la causa y la elaboración de un informe.

 

A través de la presentación realizada esta mañana ante la Justicia, familiares de las víctimas pidieron se rechace el pedido de inconstitucionalidad. Señalan que encuentran en el tratado “una pequeña luz para llegar algún día a la verdad y el castigo de los culpables”. Plantean también que “la inexistencia de un órgano judicial común que permita resolver la controversia suscitada por la negativa de Irán a enviar a los imputados a la Argentina, vuelve la solución una cuestión política entre estados y ajena al sistema judicial que carece de imperium para hacer cumplir sus resoluciones en Irán” y que el tratado apunta a resolver ese conflicto.

 

Según los familiares, “interrogar a los imputados en el exterior, es una actividad procesal habitual en los casos que hace falta, incluso reglado mediante acordada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. “Casi dos décadas han pasado desde el atentado en que murieron nuestros familiares, y los deudos vamos llegando cronológicamente al final de nuestras vidas sin saber quiénes son los responsables del atentado y verlos condenados”, concluyen los familiares.