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Cuatro abogados que trabajaron como secretarios en el despacho del ex juez Juan José Galeano fueron citados a declaración indagatoria en el tramo de la causa por encubrimiento que aún no fue elevada a juicio oral. Se sospecha que fueron parte de la maniobra que comenzará a juzgarse este jueves 6 de agosto ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2. La resolución, firmada por el juez de instrucción Ariel Lijo, se completa con otra similar que abarca a un grupo de policías bonaerenses y otro de abogados, entre los que se encuentra el actual presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Federico Domínguez.

Javier De Gamas, María Susana Spina, Carlos Velasco y José “Pepo” Pereyra son los ex secretarios del Juzgado Federal 9, donde Galeano condujo la investigación del atentado hasta diciembre de 2003, cuando la Cámara de Apelaciones lo apartó por considerar que perdió la imparcialidad. Ahora, el ex juez llega a juicio acusado de haber gestionado y logrado desviar la investigación. Y sus secretarios deberán responder en indagatoria por “haber formado parte de la maniobra de desvío de la investigación”.

Sobreseídos en dos oportunidades por el juez Lijo, ahora por decisión de la Cámara Criminal y Correccional, Susana Spina, Carlos Velasco, Javier De Gamas y José Pereyra deberán responder, entre otras cosas, por la destrucción de videocintas con entrevistas y declaraciones tomadas durante la instrucción de la causa, que habrían sido utilizadas con fines extorsivos. Durante más de veinte años no dieron explicaciones en calidad de imputados. Spina siguió trabajando en el mismo juzgado (el federal N°9) donde comenzó su carrera y se gestó la maniobra de encubrimiento. De Gamas en cambio, eligió el fin del mundo: se desempeña como juez de Instrucción en la Justicia provincial de Tierra del Fuego. Pereyra ocupó un cargo en el juzgado hasta 2009, y como Velasco (en 2004) optó por dirigir su carrera a la actividad privada.

La investigación por el encubrimiento comenzó en 2000, cuando Claudio Lifschitz –otro de los prosecretarios del juzgado de Galeano- contó que el exjuez y el gobierno de Carlos Menem habrían acordado “plantar” la pista que dirigía hacia los policías bonaerenses para desviar la investigación que llevaba a la familia Kanoore Edul, a quien el entonces presidente conocía de la comunidad árabe en Buenos Aires. El Tribunal Oral Federal 3 lo convalidó cuatro años después, anulando por completo la instrucción de Galeano sobre los Bonaerenses.

El punto culminante de ese armado, según se desprende de la parte elevada a juicio, habría sido la audiencia de 5 de julio de 1996, cuando comprado con dineros de la SIDE, Telleldín amplió su declaración indagatoria para involucrar a los policías Bonaerenses. Esa declaración que fue tomada en el despacho que ocupaba Susana Spina, terminó pasada las once de la noche. Y quedó registrada. En 2003, la secretaria que todavía ocupa ese cargo, recordó estos hechos como testigo: contó que -“la mayor parte del tiempo”- estuvo a cargo del interrogatorio porque el expediente “Brigadas” estaba a su cargo.

Por decisión de la Cámara del Crimen

En 2013 primero y, tras un pedido de revisión por parte de la Cámara, nuevamente en 2014, Lijo sobreseyó a los cuatro secretarios. Consideró que su accionar no debía ser objeto de pesquisas porque solo el juez (Galeano) tenía facultades para decidir y desviar la investigación del atentado. Ante el reclamo de las querellas, los camaristas Jorge Rimondi, Carlos González y Gustavo Bruzzone revirtieron esa decisión y le ordenaron investigar. Le indicaron, entre otras medidas, que obtenga “copia de las filmaciones” de las reuniones del 10 de abril y del 1 de julio de 1996 donde -en presencia de De Gamas- Galeano habría negociado con Telleldín la nueva declaración.

Esas y otras reuniones, con testigos e imputados, presumiblemente filmadas por el juez para presionarlos y consolidar su versión, habrían sido destruidas, por orden de Galeano, en la quinta del padre del entonces prosecretario Velasco. “De Gamas y Velasco llevaron los videos a la casa del último donde las destruyeron, con la complacencia de Spina, sin dejar constancia en la causa”, explicó el abogado de Memoria Activa, Rodrigo Borda, cuando presentó el “reclamo por retardo de justicia” contra Lijo, ante la Cámara. Ahora, por decisión de los camaristas, Lijo revisó los primeros sobreseimientos y los llamó a indagatoria.

Los abogados y los policías

En otra resolución el juez Lijo se ocupó de reconstruir los hechos por los que llama a indagatoria, entre otros, al actual presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Federico Domínguez, la abogada Marta Nélida Parascándalo y el ex policía de la Bonaerense, Luis Vicat, por el delito de coacción. “Conocían el direccionamiento que involucró a las más altas esferas del Estado, al jefe de la SIDE, al juez Juan José Galeano y a los fiscales en el desvió de la investigación”, dijo la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que representa a la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuando en mayo ante la Cámara del Crimen dio los fundamentos para que este expediente continúe abierto.

En función a lo discutido en esa audiencia, el juez Lijo ahora cambió la calificación e imputó a este grupo por el delito de coacción, que contempla penas que van de los seis meses a dos años de prisión, a diferencia de la calificación original (por extorsión) que implicaba hasta diez años de cárcel.

Para este nuevo pedido de indagatorias, el juez consideró suficientemente probado que los ex comisarios de la Bonaerense Luis Vicat y Ángel Márquez; el actual camarista Domínguez; la abogada Marta Parascándalo; y el ex inspector de la dirección de Asuntos Jurídicos del gobierno bonaerense Aldo Spicacci Citarella colaboraron con el juez Galeano para involucrar en el atentado a los policías bonaerenses que finalmente resultaron absueltos. Concretamente, los indagará por haber presionado a los policías Bautista Huici, Diego Barreda y Claudio Araya, por entonces detenidos por orden de Galeano, para que ampliaran su declaración en ese sentido.

En la resolución, Lijo señaló que Vicat, contó con la colaboración del por entonces abogado Domínguez y de su colega Nélida Parascándolo para ofrecerle a Huici que “declare haber visto la camioneta “trafic” (que habría explotado en la AMIA) en la Brigada de Investigaciones de Lanús”, e involucrara así al ex comisario Juan José Ribelli y los otros policías. Lo mismo, recordó la abogada querellante Gómez Alcorta se repitió en los otros casos, y no se trató de una, sino que habló de “una saga de reuniones” o encuentros donde los acusados presionaron a otros policías en este sentido.

Por otro tramo de la investigación, serán juzgados –a partir de este jueves 6 de agosto- el ex presidente Carlos Menem; el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy; el ex juez Galeano; el dirigente de la DAIA Rubén Beraja, el ex jefe de la policía metropolitana Jorge "Fino” Palacios y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, entre otros.

MB/PW