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El Tribunal Oral Federal 2 que tendrá a su cargo el desarrollo del juicio por el encubrimiento al atentado de la AMIA autorizó la transmisión en vivo solo del inicio del debate, de los alegatos y la lectura de la sentencia.Y autorizó la permanencia en la sala de periodistas, con la opción a tomar nota, pero no a usar medios tecnológicos para registrarlas. De esta manera, se limitan los alcances de la difusión de un juicio histórico. La información fue dada a conocer hoy a los representantes de la fiscalía, las querellas de familiares y del Estado y las defensas. En la resolución, los magistrados indicaron además que los familiares de las víctimas, los imputados y los damnificados por estos hechos tendrán prioridad para ingresar en la sala de los tribunales de Comodoro Py donde, a partir del 6 de agosto, se realizará el debate todos los jueves.

En el juicio serán juzgados, entre otros, el ex presidente Carlos Menem, su secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, y el ex juez Juan José Galeano. Las audiencias serán grabadas en su totalidad a través de la División Servicios Audiovisuales de la Policía Federal. Pero estará prohibido el ingreso de grabadores, videofilmadoras, cámaras fotográficas, celulares, equipos de audio u otros medios electrónicos que permitan la “grabación, reproducción, transmisión o retransmisión” de las audiencias, salvo las explícitamente autorizadas.

Los periodistas y fotógrafos que trabajen en la cobertura deberán acreditarse a través del Centro de Información Judicial, enviando una nota por correo electrónico a acreditaciones@csjn.gov.ar . Las fotos, autorizadas por el tribunal, podrán tomarse antes que comience la primera audiencia. En tanto, los periodistas estarán autorizados a presenciar y tomar nota durante el debate, salvo en los pasajes en los que se ventilen cuestiones de inteligencia cuya publicidad se encuentre restringida por cuestiones de seguridad del Estado.

Condiciones para el debate

La pasada semana, el tribunal presidido por Jorge Gorini, e integrado por los jueces Néstor Costabel y Karina Perilli, con Domingo Altieri, como cuarto juez, informó a la partes una serie de reglas prácticas previstas en la acordada 01/12 de la Cámara de Casación Penal para agilizar el debate. En esa audiencia, los magistrados no hicieron lugar a que las partes a realizarán planteos sobre el desarrollo del debate o la incorporación de pruebas. E informaron que una vez finalizado el juicio por el choque de trenes en la estación de Once, en el que también participa el juez Gorini, se sumarán audiencias los días martes.

Los jueces plantearon la opción de agilizar las primeras audiencias acordando una lectura sintética de la acusación, pero al planteo se opusieron los representantes del abogado e imputado Carlos Telleldín, investigado por haber recibido cuatrocientos mil dólares, provenientes de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado. El pago se habría acordado a cambio de que Telleldín cambiara su declaración en la causa e involucrara falsamente en el atentado al personal de la Policía Bonaerense, en particular de las Brigadas de Investigaciones II de Lanús y XVI de Vicente López , que finalmente resultaron absueltos por estos hechos.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, querellante en esta causa, ofreció colaborar con la entrega de copias digitalizadas de los requerimientos de elevación a juicio para todas las partes. Además, según las reglas fijadas por el propio tribunal, los familiares y las víctimas del atentado y los ex policías falsamente involucrados serán los primeros en brindar su testimonio y el cronograma se completará según la sucesión cronológica de los hechos recopilados por Galeano, mientras tuvo a cargo la instrucción de la causa.

Cronología del encubrimiento

La causa que investiga el encubrimiento del atentado a la AMIA empezó hace quince años, cuando Claudio Lifschitz, uno de los prosecretarios del juzgado federal en el que recaló la investigación, contó que el ex juez Galeano y el gobierno de Menem habrían acordado “plantar” la pista que dirigía hacia los policías bonaerenses como autores del atentado donde murieron 85 personas. Todo esto, en medio de un enfrentamiento entre el entonces gobernador Eduardo Duhalde y Menem y con intención de desviar la mirada de la llamada “pista Siria”.

La trama que denunció Lifschitz y se tradujo en una denuncia que formalizada por el entonces Ministerio de Justicia de la Nación, llegó hasta la Casa Rosada. Elevado a juicio en 2009, el juez federal Ariel Lijo, indicó que, orquestada (o gestionada) por Menem, a través de su hermano Munir, el gobierno de entonces acordó con el juez Galeano omitir la investigación de la pista llevaba a un hombre cercano a su familia: el ciudadano argentino de origen sirio-libanés Alberto Kanoore Edul. Y a Jorge “Fino” Palacios, como uno de los artífices de la operación de encubrimiento, que habría actuado, dando aviso a Kanoore Edul de un allanamiento en su domicilio, que finalmente resultó infructuoso para la investigación.

La otra parte, elevada a juicio en 2006, involucra a la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), como el brazo ejecutor que “habría ocultado y erradicado pruebas en torno a la presencia de unos ciudadanos iraníes en la Argentina”. E indicó a Telleldín como la vía para plantar en el expediente la versión que involucró falsamente a los integrantes de las brigadas de Investigaciones de la policía Bonaerense. En este tramo, además de Anzorreguy y Galeano, aparecen involucrados los ex fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, otros agentes de Inteligencia y policías, entre otros.

MB/RA