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Sergio Burstein será el primero de los familiares de las víctimas del atentado en la AMIA, que declarará en el juicio por las irregularidades que determinaron el fracaso de la investigación sobre el ataque en el que murieron 85 personas. Integrante de la asociación de familiares y amigos de las víctimas conocida como 18J, estaba previsto que declare la semana pasada, pero la audiencia fue suspendida debido a problemas de salud del juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2.

El día del atentado, el 18 de julio de 1994, Burstein tenía previsto encontrarse con Rita Worona, la madre de sus hijos, Mariano y Romina. Estaban separados, y días antes ella le había contado que tenía miedo porque habían recibido amenazas en la mutual y, en dos o tres oportunidades, tuvieron que desalojarla. Nunca llegaron a encontrarse, ese mañana a las 9.53, la explosión convirtió en escombros el edificio en el que Rita trabajaba, en el sector de sepelios.

La organización de familiares que Burstein integra se formó en 2012, cuando la comisión directiva de la AMIA lo excluyó del acto en el que, cada año, recordaban a  las víctimas del atentado. En el anterior, Burstein había señalado con fuertes críticas al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, por las escuchas ilegales de las que había sido víctima. Desde entonces, cada 18 de julio, reclaman justicia en un acto en Plaza de Mayo. Además de la familia Burstein, integran esta asociación: Juan y Olga Degtiar (padres de Christian); Jacobo y Graciela Furman (padres de Marcelo) y Jorge Jurín (marido de Rebecca).

Escuchas ilegales

El referente de 18J fue víctima de una red que, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizaba intervenciones telefónicas ilegales a dirigentes políticos y empresarios. Cuando el 2 de julio de 2009, el entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri designó a Palacios al frente de la naciente Policía Metropolitana, organizaciones de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, legisladores porteños y organismos de derechos humanos, se opusieron al nombramiento y lograron su renuncia.

Palacios ya estaba señalado judicialmente por la destrucción y el ocultamiento de pruebas, y por alertar a los sospechosos de la llamada “pista siria” en la investigación del atentado y por darle aviso a la familia Kanoore Edul, cercana a la del entonces presidente Carlos Menem, que estaban siendo investigados por el ataque a la mutual (y así hacer fracasar una serie de allanamientos en sus domicilios).

Burstein participó activamente de la campaña para la destitución de Palacios. Y en octubre de 2009, alguien le advirtió que su teléfono estaba siendo intervenido por el ex jefe de la Metropolitana. Tras realizar la denuncia, se abrió la causa por espionaje ilegal. Todos los acusados funcionarios del gobierno porteño (incluido Palacios), menos el recientemente electo presidente Macri, enfrentaran un juicio oral por estos hechos en 2017, ante al Tribunal Oral Federal 5.

Por decisión del juez Sebastián Casanello, y con la confirmación de la Cámara de Apelaciones, Macri continúa procesado por estos hechos, pero no irá a juicio porque el juez a cargo de la instrucción espera prueba que requirió a la Justicia de Estados Unidos relacionada con la empresa Ackerman Group LLC Security & Investigative Consultants, que aparece como contratada para las escuchas por Franco Macri, el padre del futuro presidente.

Sobre otros imputados por el encubrimiento

En una entrevista exclusiva con Infojus Noticias, Burstein dijo estar convencido de que Carlos Telleldín es quien tiene toda la información sobre el atentado y quien supo, desde un principio, que el motor de la Trafic encontrado entre los escombros, pertenecía a la camioneta que él había vendido. “El que tiene la verdad se llama Carlos Telleldín, que es un farsante. Este tipo que hoy es abogado, nos hizo perder 10 años con una declaración falsa. Le pagaron para mentir y mintió“, expresó.

También contó que al momento de enterarse del pago, fue inmediatamente a hablar con el entonces juez instructor de la causa, Galeano quien dijo desconocer de qué se trataba. “Lo negó completamente y le creímos; ahora dice que era un secreto de Estado. Creíamos ciegamente en lo que nos decían.” dijo Burstein.

“¿Por qué les creíamos?”, se preguntó Burstein en esa entrevista. “¿Cómo íbamos a pensar que alguien que durante siete días vivió con uno la remoción de los escombros, el olor a amonal y la desesperación, no iba a investigar?”, detalló en una respuesta que fue más bien para sí mismo. Y lo explicó: “Creímos porque no podíamos concebir que la Justicia, la policía, la SIDE, la dirigencia comunitaria (AMIA y DAIA) se hayan unido para desviar la investigación”.

En las próximas audiencias, y hasta fin de año, se espera que declaren como testigos Juan y Olga Degtiar, familiares de la asociación 18J, y los integrantes de la querella de Memoria Activa, Adriana Reisfeld, Diana Wassner y Jorge Lew.

DM/RA