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En la resolución 872-13 de la Defensoría del Pueblo, se denuncia que la fuerza de seguridad porteña ingresó al predio del neuropsiquiátrico rompiendo un candado e invadiendo un patio al que los internos pueden acceder libremente. En el texto se relatan los hechos con lujo de detalles, y se explica la gravedad del desempeño policial a partir de las pruebas que los mismos funcionarios de la Defensoría recolectaron mientras eran testigos de la represión.

 

Según el órgano, el responsable del operativo era Horacio Giménez, jefe de la fuerza creada por el macrismo. Giménez se hizo presente cuatro horas después de comenzado el operativo. Lo acompañaba el subjefe, Ricardo Raúl Pedace. En la resolución se recuerda que hubo ocho personas detenidas durante varias horas en la comisaría 4ta de la Metropolitana, sobre las que pesa una denuncia penal por “resistencia a la autoridad”, a iniciativa de la dependencia policial. 

 

La resolución cuestiona al Gobierno de la Ciudad porque el operativo fue dispuesto sin previo aviso a las autoridades del hospital, con una cautelar vigente que protegía los talleres. No hubo funcionarios presentes que explicitaran lo que estaba sucediendo. Y se vio una clara actitud de combate de parte de los efectivos de Infantería de la Metropolitana. 

 

“Es particularmente grave que el violento despliegue policial haya tenido lugar en el predio de un hospital neuropsiquiátrico que posee un régimen abierto, sin que se haya adoptado ninguna medida de resguardo para garantizar la integridad de los internos”, consigna el texto. La Policía Metropolitana no adhirió al protocolo de criterios mínimos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. En marzo la Defensoría presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para que la Metropolitana se sume a ese protocolo.

 

Además, en el documento se informa que en los talleres demolidos había presencia de un material cancerígeno, asbesto o amianto, usado durante mucho tiempo para materiales de la construcción, y prohibido desde hace algunos años por su probada peligrosidad. La Organización Mundial de la Salud estableció estándares para la remoción del material, una tarea que debe ser realizada con suma delicadeza y grandes cuidados. Las topadoras de Mauricio Macri lejos estuvieron de tomar esas precauciones. A partir de ello, la Defensoría requirió informes a la ministra de Salud porteña, Graciela Reybaud.

 

El órgano que encabeza Pierini también solicitó al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, que remita un informe sobre el pedido formulado al Ministerio de Seguridad para que se ordene el operativo policial. Chaín se presentará el martes próximo ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura porteña, a requerimiento de la oposición. Los legisladores solicitaron su presencia en el recinto. No lograron que también vayan el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Salud.

 

InfoJus intentó comunicarse con los distintos ministerios interpelados por la Defensoría del Pueblo, pero no obtuvo respuesta. Sólo habló el director del área de prensa del Gobierno porteño. Explicó que “la Defensora puede requerir muchas cosas, pero no hay obligación de responderle. Si a veces se toman sus sugerencias o propuestas, es tan sólo por buena voluntad”. 

 

Amnistía Internacional se dirigió a Macri y al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. En una carta que les envió, señala que la Metropolitana “reprimió de manera brutal y desmedida a trabajadores y pacientes del hospital Borda, así como periodistas y otros individuos”. Destaca la necesidad de proteger el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente. Y señala que el Estado tiene un rol fundamental en esa tarea. 

 

La carta está firmada por la directora ejecutiva del organismo en Argentina, Mariela Belski. Llama al Gobierno porteño a “resguardar los derechos humanos” como el de reunión y libertad de expresión, a “iniciar las acciones judiciales  y administrativas correspondientes “para sancionar a los responsables de controlar el accionar de los agentes” de la Metropolitana y “prevenir el uso excesivo de la fuerza”.