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La presidenta Cristina Fernández de Kirchner enviará al Senado un proyecto de ley para declarar servicio público esencial y estratégico a las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). Se busca regular las tarifas de conexión y facilitar el acceso de los usuarios y consumidores a estos servicios. Lo anunció el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en una conferencia realizada con los ministros de Planificación y de Economía, Julio De Vido y Axel Kicillof. También participó el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner.

El proyecto permitirá que los usuarios reciban todos los servicios en su hogar a través de una única conexión –un solo cable–. De convertirse en ley, la norma obligará a los licenciatarios de TIC a conectarse entre sí para establecer una velocidad mínima obligatoria en la transmisión de las redes. El objetivo es garantizar un acceso de calidad y equitativo para todos los usuarios del territorio nacional.

Una de las iniciativas contenidas en el proyecto de ley es la modificación del fondo del Servicio Universal, que pasará a ser ejecutado exclusivamente por el Estado Nacional, y que surge a portes obligatorios de los licenciatarios de servicios de información y comunicación. Con los recursos de ese fondo especial se permitirá eliminar la diferencia de tarifas entre la corta y la larga distancia nacional, para que no pese sobre la factura de los usuarios.

De Vido señaló que la iniciativa permitirá “el desarrollo de las tecnologías de la información” y establecerá “una completa neutralidad de las redes, que facilite a la gente acceder al mayor universo de comunicaciones posible”. Se refería a que no existirá ningún tipo de restricciones que puedan afectar a los contenidos. Por el contrario, se intenta que todos los usuarios puedan explotar de la mejor manera el acceso a las nuevas tecnologías.

“Se mantendrá la más plena y absoluta libertad para inyectar contenidos a la red”, aclaró. Y agregó: “Estamos garantizando el derecho humano a las comunicaciones, resaltando el rol del Estado como planificador, y distinguiendo entre mercados de generación de contenidos y el transporte de los mismos”.

Berner explicó que el proyecto busca modificar la ley de 1972, que sólo preveía la telefonía básica. “Era indispensable y esencial que tengamos una nueva regulación”, completó. Y agregó que “con un solo cable, los usuarios tendremos acceso a múltiples servicios y empresas, sin necesidad de que nos anden agujereando la pared cada vez que contratamos un servicio”.

El ministro de Economía señaló que dar un marco jurídico a las telecomunicaciones “es un derecho humano y una necesidad”. Subrayó que “no es posible que cinco empresas se dividen el 88 por ciento de las ventas y nos vacunen con las tarifas”. Y afirmó que “esta ley pone como servicio público a toda esa infraestructura, regulando velocidad y tarifa, lo que seguramente generará más inversiones en el sector”.

Capitanich aclaró que el proyecto se elaboró gracias al “trabajo de un equipo, compacto y armónico, bajo el liderazgo de la Presidenta”. Y destacó el sentido federal de la norma, al decir que “no es lo mismo montar plataformas digitales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que en distintos pueblos del interior, que es donde el Estado tiene que intervenir”.

El proyecto de ley apunta a optimizar el uso de la infraestructura de telecomunicaciones, mediante una “arquitectura abierta de redes”. El mecanismo favorecerá la interconexión entre los distintos actores que intervienen en la red y se propicia una mejor competencia entre los prestadores, en igualdad de condiciones. Eso dará como resultado una mejor calidad del servicio y a un precio razonable.