Infojus Noticias

“Operación Cóndor fue el terrorismo de Estado actuando sin fronteras y con enorme crueldad”, dijo hace diez días Stella Calloni en el Tribunal Oral Federal Nº1 donde, desde hace un año, se juzga a 22 represores por delitos de lesa humanidad.  La periodista fue quien en 1992 impulsó la investigación sobre el Plan Cóndor: la coordinación de dictaduras que, orquestada por Estados Unidos a través de la CIA, involucró a Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay.  Infojus Noticias hizo un repaso de lo más importante de su declaración y conversó con la autora.

En los ’80,  cuando Calloni era corresponsal de las guerras de Centroamérica, el abogado y ex detenido paraguayo Martín Almada le facilitó archivos de la dictadura de Alfredo Stroessner y rápidamente advirtió que aparecían los “pactos de sangre entre dictadores y hacedores”. El acuerdo que dio inicio oficial a su funcionamiento se firmó en noviembre de 1975 en Chile, pero pueden enumerarse diversas acciones previas que también dan cuenta de un trabajo en común entre militares de estos países, las llamadas operaciones pre-cóndor.

En su declaración, la periodista explicó paso a paso el armado del plan represivo, tal como aparece en su libro Operación Cóndor. Pacto Criminal y contó que el indicio en Argentina fue un cable que salió de la embajada estadounidense en Buenos Aires firmado por el agente especial del FBI, Robert Scherrer. El 28 de septiembre de 1976, Scherrer habló a sus jefes de la Operación Cóndor. Dijo que los perseguidos –sin importar las fronteras- serían los “llamados izquierdistas, comunistas o marxistas”. Y que en plan tendría tres fases: una de recolección de datos sobre los disidentes políticos, una segunda de “seguimiento” para tener conocimiento de certero de dónde estaban y una tercera de “ejecución” de la “acción directa contra el objetivo” (lo que implicaba, el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato). 

El fiscal Pablo Ouviña le preguntó por los niños del Cóndor y la periodista recordó a Macarena Gelman, la nieta que el poeta Juan Gelman conoció cuando tenía 23 años, porque los secuestradores de su madre -María Claudia Irureta Goyena- la robaron y separaron de su familia. A Paula Logares, secuestrada con sus padres argentinos en Montevideo y entregada a un comisario de la brigada de San Justo. Y a los hijos de un año y medio y de cuatros, de los uruguayos Victoria Grisona y Roger Julien, secuestrados en Argentina, llevados a Uruguay y finalmente abandonados en una plaza en Valparaíso, Chile. “Son temas que deben ser escritos y hablados con seriedad y simpleza”, dijo la periodista a Infojus Noticias. El Plan Cóndor se oficializó el 25 de noviembre de 1975, en una reunión convocada en Santiago de Chile por Manuel Contreras, el jefe de la DINA (policía secreta chilena). Del encuentro participaron los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina –entonces gobernada por Isabel Martínez de Perón-, y de las dictaduras militares de Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.  “Para ellos, toda la región era un territorio liberado”, dijo Calloni.

El Cóndor en versión local

“En Argentina la operación adquirió características particulares”, explicó la periodista. Además de apuntar  sus garras sobre dirigentes políticos, el Cóndor también tuvo un costado mafioso. “La banda de Aníbal Gordon –el ex integrante del grupo paramilitar de derecha, conocido como Triple A– fue tras los fondos de los Montoneros y de la guerrilla en Paraguay”, dijo Calloni. Y recordó que la patota comandada por Gordon decidía sobre la vida y la muerte en el centro clandestino Automotores Orletti, ubicado en el barrio porteño de Flores.

Orletti fue la cárcel clandestina que en Buenos Aires sirvió de base operativa para los servicios de inteligencia de los países vecinos. Calloni contó que, justamente, fue allí donde estuvieron secuestrados los integrantes del área de financiamiento del partido uruguayo Victoria del Pueblo (PVP). “Iban tras los 10 millones de dólares que tenía la organización uruguaya por un secuestro que habían realizado en su país”, dijo. En este debate, a las 106 víctimas directas del Plan Cóndor, se suman otras 67 que pasaron por ese centro clandestino.

Además de su inclinación por conseguir los bienes de la guerrilla, en Argentina este plan criminal tiene otro récord: “es el país que tiene más gente desaparecida en Operación Cóndor”, dijo Calloni. Para la periodista, además es claro que “a nivel superior todos los jefes militares sabían” y, aún antes de que el operativo se terminara de pactar con Jorge Rafael Videla, los servicios de inteligencia “ya tenían listados de personas que eran seguidas y monitoreadas” de manera conjunta. En Argentina, el Batallón 601 compilaba y distribuía los datos obtenidos por los servicios de inteligencia en todo el país.

Entre los imputados en el juicio donde declaró Calloni están Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Vañek. Pero ninguno de ellos estaba en la sala SUM de Comodoro Py cuando, casi al final de la tarde, después de siete horas de intensas y precisas explicaciones, Calloni dijo que el Cóndor “tuvo una debilidad”: los militares dejaron rastros de los pedidos de captura. Las búsquedas fueron internacionales y los pedidos por su vida empezaron a aparecer en los diarios. No tuvieron en cuenta que, tarde o temprano, “habría reclamos por ellos”.

Calloni ahora trabaja en reconstruir las historias de los hombres y mujeres que fueron víctimas del Cóndor y sigue buscando los rastros de este plan militar. En Punta Arenas, en el sur de Chile, se encontró con militantes de ese país que durante la dictadura de Augusto Pinochet escaparon al sur argentino pero también fueron perseguidos acá.

Como apuntes de un trabajo incansable, Calloni enumeró lo que la ocupa ahora: “las historias de los niños que estuvieron detenidos con sus padres en Automotores Orletti”, la de los militantes de la Contraofensiva Montonera que fueron atrapados en Brasil y continúan desaparecidos, la colaboración económica de empresas y fundaciones estadounidenses para el financiamiento del operativo, además del uso de los fondos robados a los militantes para armar empresas que luego quedaron en manos de los represores.