Infojus Noticias

Cuando Vanesa Orieta iba a la fiscalía de La Matanza que tenía que investigar dónde estaba su hermano, Luciano Arruga, le pedían que dejara notas por escrito. “Conociendo los abusos de parte de muchos uniformados, temo por la vida de mi hermano”, escribió cuando habían pasado 15 días de la desaparición. La fiscal Roxana Castelli, titular de la UFI 7, no la escuchó. La primera funcionaria judicial en llevar adelante el caso delegó durante 45 días la investigación en la propia policía que la familia denunciaba como sospechosa. En noviembre del año pasado el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense decidió que Castelli debía enfrentar un jury junto a su par Celia Cejas y al juez de Garantías Gustavo Banco. Castelli presentó un escrito para frenar ese proceso en su contra. Según ella, prescribió. Esta mañana, en una audiencia a puertas cerradas los miembros del Jurado resolvieron postergar el tratamiento de su pedido. También, decidieron no hacer lugar a la prueba ofrecida por Castelli y los otros dos funcionarios denunciados.

“Tenemos el derecho a saber ¿qué pasó con Luciano?”, difundieron en un comunicado los Familiares y Amigos del joven de 16 años al que buscaron durante casi seis años y estaba enterrado en un cementerio de Chacarita como NN.  En ese mismo escrito, que circuló en las redes sociales, la familia del joven le pidió a los responsables del Jurado que definan la fecha de investigación y enjuiciamiento de los funcionarios provinciales que participaron en el proceso de investigación por la desaparición de Luciano. La expectativa de la audiencia de hoy era amplia porque se esperaban definiciones. Sin embargo, los miembros del Jurado no decidieron si hacen lugar al pedido de la fiscal o continúan con el sumario.

Castelli fue separada de la causa el 12 de marzo de 2009, cuando había pasado poco más de un mes de la ausencia del joven. En ese tiempo, por ejemplo, está comprobado que los patrulleros del destacamento de Lomas del Mirador -donde se creía que podía haber estado Luciano antes de desaparecer- fueron lavados con lavandina.

Cuando asumió su colega, Cejas Martín, la nueva fiscal allanó sorpresivamente las comisarías indicadas por la familia, donde lo habían detenido al adolescente los dos años previos a su desaparición. Los policías de esas dependencias la recibieron con una pregunta: “¿Cómo? ¿Y Castelli?”.

La familia de Luciano denunció a Castelli ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense el 14 de diciembre de 2012. Las acusaciones que presentaron son contundentes.  Según la denuncia, Castelli violó la resolución 1390 de la Procuración General, por haber delegado la investigación en la Bonaerense, cuyos integrantes eran señalados desde el primer momento de la investigación como sospechosos de la probable comisión de un hecho delictivo; omitió la producción de prueba relevante, ignoró las denuncias de hostigamiento policial sobre Luciano; omitió la correcta identificación de testigos en el lugar donde vivía el joven; realizó sin la debida diligencia diversos estudios periciales sobre las dependencias policiales y/o los móviles; omitió la investigación de innumerables irregularidades policiales.

Por otra parte, Castelli contaba desde un primer momento con la información de las huellas dactilares de Luciano que lograron que se lo identificara cinco años y ocho meses después, el 17 de octubre de 2014. No las utilizó para encontrarlo. “Desde los primeros momentos de la investigación, tanto la fiscal Roxana Castelli como la fiscal Celia Cejas Martin, contaban con las huellas dactiloscópicas de Luciano Nahuel Arruga, que habían sido incorporadas a la investigación luego de que la fiscal Castelli solicitara la causa por la que Luciano fue detenido en el Destacamento de Lomas del Mirador el 22 de septiembre de 2008 y torturado por agentes policiales. Sin embargo, lejos de utilizarlas para lograr dar con el paradero del menor, la copia de la causa instruida por los agentes del Destacamento se agregó sin más al expediente”, dice la denuncia del CELS.

Los motivos de la fiscal para que no la investiguen

La ley 13661 de la provincia de Buenos Aires establece las normas de procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios que pueden ser denunciados por delitos o faltas. En su artículo 58 bis prevé que en los casos donde se investigan faltas, las causas prescriben a los 5 años desde que el funcionario cesó en las funciones. Cuando el hecho constituya presuntamente un delito, el plazo de prescripción de la acción será el establecido en el Código Penal. Castelli está denunciada por faltas gravísimas que, de investigarse, pueden constituir delitos. Si el jury no avanza esas faltas no podrán ser analizadas ni conocidas.

Dentro de sus argumentos, la funcionaria dice que ella no tuvo manera de saber que la policía estaba implicada en el caso. Sin embargo, en la causa figuran dos elementos claves que refutan sus intentos por quedar desvinculada. Por un lado un habeas corpus, presentado por la familia a los pocos días de la desaparición, pidiendo por la aparición de Luciano. Y por el otro, figuran tres formularios por escrito firmados por la hermana del joven desaparecido que apuntan a la responsabilidad de la Bonaerense y las detenciones previas que había sufrido Luciano. Esos escritos que Orieta llenó por escrito tienen fecha del 16, 19 y 23 de febrero.

“Desde el CELS sostenemos que no corresponde cerrar esta acción debido a que el paso del tiempo sin que avance la investigación de la actuación de la fiscal fue producto de la falta de impulso del trámite por parte del propio estado, en un caso en el que se investiga la comisión de faltas serias de la fiscal Castelli”, informaron desde el organismo de derechos humanos que acompaña y patrocina a la familia de Luciano. Y agregan: “el proceso de enjuiciamiento es el único mecanismo institucional establecido para sancionar las irregularidades cometidas por los funcionarios judiciales y son herramientas para evitar que hechos como estos vuelvan a cometerse”.

El historial de violencia

Los dos años previos a su desaparición Luciano sufrió el hostigamiento policial. En julio de 2008 lo detuvieron por primera vez por averiguación de antecedentes. Durante de esa detención en la Comisaría de Don Bosco de La Matanza lo golpearon. El 22 de septiembre de 2008 lo llevaron al destacamento de Lomas del Mirador. Allí los policías lo maltrataron y humillaron. El año pasado Julio Diego Torales, a cargo de la dependencia, fue condenado a 10 años de prisión por esas torturas. La madrugada del 31 de enero de 2009 salió de su casa para ver a su hermana, pero nunca llegó. Se cree que fue detenido en ese trayecto. A las 3.21, un estudiante de 21 años de Monte Grande lo atropelló sobre la General Paz. El mismo joven avisó al SAME. Una ambulancia llevó a Luciano hasta el Hospital Santojanni. Ahí murió al día siguiente. El adolescente no tenía documentos y después de una autopsia fue enterrado sin nombre. El conductor dijo que “corría desesperado”, como “escapando”. También declaró un motoquero que estacionó para ayudar. Dijo que sobre la colectora  vio estacionada una camioneta doble cabina de la Bonaerense con las luces bajas.

Los familiares y amigos lo buscaron durante casi seis años. La identificación del cuerpo se logró el 17 de octubre del año pasado luego de la aprobación judicial del habeas corpus, que puso en marcha los mecanismos de búsqueda del Estado. El recurso había sido presentado por los abogados del CELS en abril. La Sala IV de Casación Penal pidió a Salas “realizar la totalidad de las diligencias conducentes a establecer lo ocurrido”. En tres meses Salas, en coordinación con distintos funcionarios del Estado nacional y provincial, logró identificar el cadáver enterrado como NN. Paradójicamente, lo hizo cruzando las huellas dactilares que le habían tomado a Luciano en su paso por la comisaría donde lo torturaron en 2008.

MFA/RA