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Cuatro jóvenes procesados por el delito de “ocupación” de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín deberán presentarse a la primera audiencia por esta causa penal. Será hoy a partir de las diez de la mañana. Mientras tanto, en la puerta del Juzgado N° 17 –donde transcurrirá el proceso, en Tacuarí 138- habrá actividades culturales y funcionará durante todo el día una radio abierta para reclamar por la imputación de los cuatro ocupantes de la sala. “La protesta social no es un crimen. Si criminalizan a uno, criminalizan a todos”, dice el comunicado que difundieron los estudiantes organizados.

El juez Norberto Tavosnanska, titular del Juzgado N° 17 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, decidirá si eleva a juicio la causa. En la audiencia se presentarán las pruebas que dan cuenta de la ocupación.Para los procesamientos Tavosnanska entendió que la ocupación de la sala del edificio histórico es parte de un conflicto sociocultural.

Tiene sus orígenes en 2006, cuando el proyecto de refuncionalización del Centro Cultural San Martín planeaba otros destinos para la Sala Alberdi. Ubicada en el 6º piso del edificio, hasta ese momento era sede de talleres y actividades teatrales. En 2007 los docentes del lugar presentaron un amparo para evitar el cambio. En 2009, la Justicia determinó que el gobierno porteño debía refaccionar la sala en 30 días y trasladarla, mientras tanto, a un espacio de similares características. Esta medida nunca se cumplió. En agosto de 2010 un grupo de talleristas y estudiantes tomaron el lugar como modo de protesta.  En diciembre del año pasado la Justicia ordenó liberar el lugar. Pero los estudiantes continuaron con la toma.

La noche del 13 de marzo los alumnos que mantenían la toma, habían decidido desalojar. Querían abrir una mesa de diálogo con el Ministerio de Cultura de la Ciudad. Pero cuando los manifestantes salieron con las carpas, la policía Metropolitana se apostó en la puerta de entrada e intentó el desalojo por la fuerza. La represión dejó un saldo de 100 heridos de balas de goma, 3 con balas de plomo y una joven con fractura de cráneo. La noche del 24 de marzo las últimas cuatro personas que ocupaban el lugar fueron desalojadas e identificadas por la Justicia.

Los abogados que representan a los jóvenes procesados son María del Carmen Verdú, por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y  Ernesto Martín Alderete, de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP).