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La pistola Taser es un arma de electrochoque. Dispara dos electrodos en forma de dardos conectados a la pistola a través de cables que emiten las descargas eléctricas. Ese shock actúa sobre el sistema nervioso incapacitando cualquier movimiento voluntario. Desde Amnistía Internacional y Naciones Unidas se ha cuestionado el uso de este tipo de armas y se hizo un llamado a los países miembros para que las abandonaran.

Por un fallo de la máxima autoridad judicial porteña, el gobierno de Mauricio Macri podrá comprarlas para equipar a la Policía Metropolitana. Carlos Pisoni, actual subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, y quien presentó el recurso judicial para que se impida la compra, dijo a Infojus Noticias que  el fallo lo sorprendió y que no es más que “una burla a la democracia”. “Creemos que autorizar la compra de la Taser es, de alguna manera, legalizar la tortura en la Ciudad de Buenos Aires”, sentenció.

La causa fue presentada con el patrocinio del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. Pisoni llevó adelante la presentación para tratar de impedir que el gobierno de Macri pudiera equipar con este tipo de armamento a su policía “naciente”. “En ese momento se estaba formando la Policía Metropolitana con “Fino” Palacios,  con las escuchas ilegales de Ciro James, con gran cantidad de la cúpula que venía de las fuerzas de seguridad que estuvieron en dictadura”, recordó Pisoni y resaltó que en ese marco es que se da la compra de estas armas por “contratación directa”.

El nuevo fallo se contrapone al de primera instancia que había sido ratificado por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario. “El fallo de primera instancia había sido contundente”, explicó Pisoni en relación a lo dictado en julio de 2010 año el juzgado N° 9 de la Ciudad de Buenos Aires.

“Cuando empezamos a investigar nos damos cuenta que las Taser eran consideradas elementos de tortura por el Comité Contra la Tortura de la ONU, que instaba a los países a no comprarlas”, contó el subsecretario de Derechos Humanos. “Nos empezamos a dar cuenta que no podían ser utilizadas en Argentina, teniendo en cuenta nuestra historia reciente. Con los juicios a los genocidas en marcha, con torturadores que están que están siendo condenados por participar del terrorismo de Estado legalizar la tortura con este tipo de armamento era una burla al a democracia”, dijo Pisoni y afirmó que “el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad es justamente eso: una burla a la democracia, un retroceso muy grande a una semana de un nuevo aniversario del golpe genocida”.

Pisoni explicó que el próximo paso será apelar la decisión judicial ante la Corte Suprema de Justicia. “El que tiene que seguir la causa soy yo con el patrocinio del Observatorio, pero no lo hago desde el Estado Nacional, sino como particular que es como inicié la causa”, explicó y agregó que se buscará el apoyo de las organizaciones que puedan acompañar esta causa. “Todas aquellas organizaciones que luchen contra la tortura en Argentina tienen que ser parte de esta causa. Por lo que peleamos y luchamos es para que no haya más tortura en Argentina y creemos que autorizar la compra de la taser es de alguna manera legalizar la tortura en la ciudad de Buenos Aires”, dijo.

Cuestionamientos internacionales

El 16 de diciembre de 2008, Amnistía Internacional advirtió que "El problema de las Taser es que se prestan de forma inherente a cometer abusos, ya que son fáciles de llevar y fáciles de utilizar, y pueden infligir un fuerte dolor con sólo pulsar un botón y sin dejar señales importantes". El informe realizado por la investigadora Angela Wright partió del aumento de muertes en los Estados Unidos a causa del uso de este tipo de armas. El trabajo incluyó información sobre 98 autopsias y concluyó que el 90 por ciento de las personas muertas tras recibir la descarga de una Taser estaban desarmadas, y muchas no parecían constituir una amenaza seria.

“Muchas fueron sometidas a descargas repetidas o prolongadas -muy superiores al ciclo "estándar" de cinco segundos-, o fueron aplicadas por más de un agente al mismo tiempo. Hubo incluso personas a las que se les aplicaron descargas por no cumplir una orden policial tras haber quedado incapacitadas por una primera descarga”, dice el artículo publicado en página oficial de Amnistía.

A contramano de este informe, en la página web del distribuidor de Taser para México, se dice que el uso de las Taser genera un “99% de incapacitación instantánea en menos de 1 seg. sin efectos secundarios a largo plazo”.

En ese mismo sitio se dice que el Inmovilizador Temporal Disuasivo Taser X26 es actualmente utilizado en 72 países, 17 de ellos en Latinoamérica” y entre el listado de países figura Argentina donde aún no se han empleado. Otros países que figuran en la nómina son Brasil, Chile, Bolivia y Colombia, además de Gran Bretaña, Francia, Corea del Sur, Australia y los Estados Unidos que en ese orden son los que mayor uso le dan a este tipo de armamento.

En enero de 2010, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chilller, pidió por carta al ministro de Justicia porteño Guillermo Montenegro y al titular de la Policía Metropolitana Eugenio Burzaco, "dejar sin efecto la adquisición de cinco dispositivos "Taser X26" para la Metropolitana. En el texto se expresaba la preocupación del CELS “por la persistencia en la adopción de medidas para la puesta en marcha de la Policía Metropolitana que contrarían principios de seguridad democrática” y citan a las Naciones Unidas como uno de los organismos internacionales que ha opinado en contra del uso de este tipo de armamento. "Refiriéndose expresamente a estas armas, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha manifestado que "… causan un dolor severo que constituye una forma de tortura, que en algunos casos incluso puede llegar a causar la muerte", expresaron. Ese organismo de las UN recomendó además a los estados miembros que "consideren abandonar el uso de armas eléctricas Taser". 

JC/SH