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El Consejo de la Magistratura citó al juez de ejecución penal Axel Gustavo López a dar explicaciones por presunto mal desempeño de sus funciones. López había otorgado el beneficio de la libertad condicional a un remisero que cumplía condena por cuatro delitos sexuales y que después fue acusado de asesinar a Tatiana Kolodziey. La citación es para el 28 de agosto.

El juez Axel López es uno de los titulares de los dos juzgados federales de ejecución penal en los que tramitan miles de expedientes. Hay otros tres juzgados federales –en total son cinco para todo el país, todos ubicados en la ciudad de Buenos Aires- pero uno de ellos está vacante y los otros dos, encabezados por jueces subrogantes. Se estima que en estos juzgados tramitan más de 50 mil causas. Los operadores judiciales no dan abasto.

Al juez López se lo cuestiona por haber otorgado la libertad condicional a Juan Ernesto Cabeza, quien mientras gozaba de ese beneficio habría asesinado a Tatiana Kolodziey.  La mujer de 33 años desapareció la noche del sábado 20 de octubre del año pasado, después de salir de un boliche bailable en Resistencia. Esa madrugada Tatiana tomó un remis para ir a la casa de su novio, pero nunca llegó. Su pareja llamó al padre, y juntos radicaron la denuncia para buscarla. Cuatro días después su cuerpo apareció en un descampado al norte de la capital chaqueña, estaba tapado con ramas. Tatiana había sido maniatada y estrangulada. Una de las líneas de investigación apuntaba al abuso sexual.

Juan Ernesto Cabeza es el principal sospechoso de su muerte. En 1995 había sido condenado a veinticuatro años de prisión por cuatro casos de violación en la ciudad de Buenos Aires. Después de cumplir 16 años de condena y en base a su buena conducta en el penal pudo acceder al beneficio de la libertad condicional. En la resolución del juez López consta que cumplía con los requisitos para acceder a ese beneficio. La misma resolución también le prohibió volver a trabajar como taxista o remisero. Pero Cabeza logró conseguir la habilitación en Resistencia. A menos de un mes de su liberación, fue el último que vio a Tatiana Kolodziey con vida.

La resolución de López que concedió la libertad condicional a Cabeza no es la primera del juzgado que genera polémica. Allí también se permitieron salidas laborales a Pablo Díaz, un hombre condenado a doce años de prisión por abuso sexual. Al cabo de casi un año de transitar un régimen de semi libertad, intentó violar a su vecina de diecinueve años, pero ella se resistió y la terminó matando. La familia de la víctima, Soledad Bragna, lo denunció ante el Consejo de la Magistratura, que en octubre de 2010 desestimó la acusación.

En octubre del año pasado, tras la aparición del cuerpo de Tatiana Kolodziey, López volvió a ser acusado ante el Consejo de la Magistratura. La asociación Madres del Dolor pedía el juicio político del magistrado para que se lo separase de su cargo. Aunque muchos medios de comunicación y parte de la opinión pública reprocharon la actuación del juez, López recibió el apoyo de más de dos mil figuras vinculadas a tribunales, las fiscalías y defensorías, y de varios organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos, como el CELS y la Asociación Pensamiento Penal.

La discusión gira en torno a la imposibilidad de predecir o anticipar la reincidencia de una persona condenada por delitos sexuales –o por cualquier otro delito-, y la responsabilidad que tienen los jueces de ejecución al conceder estos beneficios. Aunque existen programas específicos de tratamiento para la reinserción de estas personas, salen a la luz casos de reincidencia que han derivado incluso en la muerte de la víctima. Muchas veces acusados de “garantistas”, los jueces de ejecución (y jueces de garantías) están en el ojo de la tormenta. Y este es el turno de López.