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En un entrevista realizada por el diario Tiempo Argentino, el ex integrante de la Audiencia Nacional española aseguró que la iniciativa argentina tendiente a regular las reestructuraciones de deuda soberana, que fue aprobada días atrás por la ONU, “es un avance no sólo necesario sino fundamental”.

La medida “representa un éxito para Argentina y para los países que están siendo víctimas de la acción depredadora de esos fondos internacionales”, aseguró Garzón, que también lamentó la negativa de las naciones que “que dinamizan ese tipo de fondos” no hayan acompañado la resolución aprobada por 124 países miembros.

El ex magistrado explicó que “faltaba una regulación necesaria” ya que la acción de los fondos buitre están “poniendo en juego muchas vidas, mucha tranquilidad y el funcionamiento de todo el país”. También señaló que la Ley de Pago Soberano, aprobada por el Congreso nacional el último miércoles “es un ejercicio soberano del Parlamento y creo que es acertado”, a la vez que rechazó las imposiciones para “ubicar ese desarrollo de la justicia fuera del territorio”.

En este sentido, opinó que el dictamen del juez Thomas Griesa “no es sólo un fallo comercial en una jurisdicción pactada, es mucho más. Esto afecta a millones de personas y por lo tanto tiene que haber una racionalidad mayor”.
Durante la entrevista, Garzón fue consultado sobre la iniciativa que impulsa para que algunas acciones económicas sean consideradas como “delitos de lesa humanidad”.

Al respecto, aseguró que hoy existen “una serie de conductas que cuando se realizan en forma masiva, formando parte de acción sistemática de sectores contra la población” se podríaN reconocer como actos ”que afectan a la naturaleza humana”. Entre esas acciones, detalló la posible existencia de dos tipos de delitos; los primeros vinculados al “aprovechamiento económico, la financiación de la represión y el desarrollo de crímenes de lesa humanidad” como ha ocurrido en Argentina.

Las otras conductas que busca que sean consideradas contra la humanidad son aquellas “que inciden en el orden económico financiero, como por ejemplo la explotación abusiva de recursos naturales cuando entran en conflicto con la protección de los pobladores o pueblos originarios o cuando dañan el ecosistema de forma sistemática”.

Más allá de estas acciones, Garzón también consideró que de prosperar el proyecto, también alcanzaría a las actividades relacionadas con “la especulación con productos básicos como alimentos o medicamentos”. En relación a la posibilidad de implementar esta nueva tipificación, evaluó que el sistema judicial, en “cualquier país es manifiestamente inadecuado para combatir este tipo de criminalidad”, sin embargo reconoció que en la Argentina, “en el ámbito del Ministerio Público Fiscal”, los fiscales “se dan cuenta de que esa es la línea, esa es la acción que se debe tener para investigar crímenes económicos masivos, crímenes financieros, lavado de activos”.

“Cualquier crimen contra la humanidad en su base está o va acompañado con unas consecuencias económicas evidentes que pueden estar en la génesis de lo mismo”, concluyó Garzón.