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El Teatro Argentino de La Plata fue el escenario de un nuevo encuentro de Justicia Legítima. Alrededor de mil asistentes coparon la sala Astor Piazzolla, para discutir sobre las dificultades para el acceso a la Justicia, y lanzar la Asociación Civil Justicia Legítima. Con la participación de jueces, fiscales, defensores, trabajadores judiciales y del Ministerio Público, lo que sucedió en la ciudad de las diagonales fue todo un acontecimiento. 

 

El encuentro, que comenzó poco después de las 14, fue inaugurado por el fiscal Félix Crous, a cargo de la procuraduría contra la narcocriminalidad, que presentó el panel de apertura entre sonrisas, aplausos, chistes y el pedido explícito de que los oradores no excedieran los diez minutos de exposición. Un pedido que casi nadie respetó, dado el entusiasmo de los participantes.

 

El ex juez español Baltasar Garzón, destituido por comenzar a investigar los delitos de lesa humanidad del franquismo, fue el primer orador. Recordó a los fallecidos en el trágico temporal de La Plata, y saludó a los representantes presentes de los pueblos originarios, una causa que ha acompañado a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. “Es necesaria la independencia de la Justicia respecto de los poderes del Estado, pero más importa respecto de las estructuras de poder corporativo dentro del Poder Judicial”, sostuvo Garzón.

 

El panel de apertura también estuvo compuesto por Omar Palermo, ministro de la Corte mendocina; Mario Kestelboim, defensor general de la Ciudad de Buenos Aires; y Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación. Palermo festejó que La Plata fue la primera localidad en donde se comenzaron a juzgar a los genocidas y represores de la última dictadura cívico militar, y sostuvo que “los acuerdos espúrios en el Consejo de la Magistratura tuvieron como límite el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Ahora es necesario que la violencia institucional y la demagogia punitivista sean nuevos límites para esos acuerdos”. 

 

Kestelboim fue aplaudido en forma avasallante al ser presentado. El ex interventor de la facultad de Derecho en la presidencia de Héctor Cámpora criticó los métodos de la Corte Suprema de Justicia, que aun cuenta con atribuciones para rechazar el tratamiento de determinados expedientes sin expresar fundamentos. “No queremos jueces como Armella, de Quilmes, que tenía la causa Riachuelo pero debió ser removido de su cargo porque su actuación carecía de tranparencia. Ese juez no le permitió ser parte del juicio a la Defensoría General de la Nación ni de la Ciudad, pero sí se lo permitió a las empresas contaminantes del Riachuelo”. 

 

El cierre del primer panel estuvo en manos de Alejandra Gils Carbó. Homenajeó a Susana Trimarco, que había sido invitada pero se encontraba realizando la apertura de una nueva casa para el rescate de víctimas de la trata de personas. Recordó a los “luchadores heroicos” que resistieron “el saqueo y la entrega del patrimonio social de todos los argentinos durante la década del '90”, refiriéndose a las privatizaciones menemistas. “Eso llevó a la crisis extrema del 2001, en la que la corporación judicial fue cómplice por haber garantizado la entrega neoliberal”. Respondió enfáticamente a los ataques judiciales a las procuradurías creadas en su gestión, todas en torno a la lucha contra el crimen organizado. “Cuando atacan a la Procuración General, atacan a la Constitución Nacional, a la democracia y a todo el pueblo argentino”.

 

Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación, no pudo estar presente por razones de fuerza mayor, pero dialogó con Infojus Noticias y señaló que se ha consolidado definitivamente el colectivo de Justicia Legítima: “Queda demostrado que aquello de febrero en la Biblioteca Nacional no fue un episodio aislado sino el comienzo de un movimiento que toma más fuerza cada día”. Se refirió a uno de los objetivos del encuentro, y destacó que la importancia de que Justicia Legítima se conforme como Asociación. “Será diferente a las demás porque podrán participar todos los interesados en la administración de Justicia, con el único requisito de ser mayor de edad”. 

 

Martínez explicó que uno de los principales motivos por los que se conformó el movimiento es reconocer que siguen habiendo grandes dificultades en el acceso a la Justicia por parte de muchos sectores. “Por eso invitamos al panel a los representantes de cooperativas de trabajo y fábricas recuperadas, del movimiento campesino, la Comunidad Homosexual Argentina”, destacó Martínez.

 

En el segundo panel, los representados fueron los trabajadores del Poder Judicial y el Ministerio Público, que señalaron la importancia de las paritarias como una forma más de Justicia. Mila Montaldo, en nombre de la comisión interna de empleados del Ministerio Público, criticó la “traición” de Julio Piumato a los trabajadores del gremio. “Se pasea por los estudios de televisión de quienes trabajan para perpetuar a las corporaciones en los espacios claves del poder”. “Cruje la estructura de la corporación judicial”, sentenció la gremialista.

 

En el cierre del encuentro, María Laura Garrigós de Rébori, jueza de la Cámara del Crimen de Capital Federal, llamó a todos los presentes a asociarse a Justicia Legítima y leyó la conformación oficial de la entidad civil. “Yo siempre estuve en contra de la corporación, tengo más de treinta años en el Poder Judicial, pero este número de gente coincidiendo con que tenemos que hacer cambios de base en la Justicia, jamás lo había visto”, señaló. Adelantó que en agosto habrá otro encuentro en Mendoza, y que se espera que en noviembre se realice el tercer encuentro nacional, en alguna futura filial en el interior del país, que se espera que surjan a partir de este acontecimiento.

 

La nueva Asociación tendrá a Garrigós de Rébori como presidenta, junto a Jorge Auat, fiscal de la unidad de los juicios; y Kestelboim será el tesorero. La comisión directiva estará compuesta, entre otros, por Gils Carbó; Alicia Ruiz, ministra del Tribunal Supremo de la ciudad de Buenos Aires; Stella Maris Martínez; Félix Crous y Alejandro Slokar, juez de la Cámara de Casación Penal.