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El vicepresidente Amado Boudou se presentó esta mañana en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, para declarar en una causa por presuntas irregularidades en la compra de un automóvil. El funcionario presentó un escrito, se negó a contestar preguntas y se retiró a los pocos minutos. La indagatoria, por supuesta falsificación de documentación para la adquisición de un Honda CRX Del Sol, modelo 1992, la iba a realizar el juez federal Claudio Bonadío, instructor del sumario.

Boudou llegó a las 10 a los tribunales de Comodoro Py acompañado por el abogado Martín Magram. El fiscal del caso, Guillermo Marijuan, también estaba presente. La presentación la realizó en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, donde el magistrado tiene su despacho. En el escrito, el vice explicó su postura con respecto a lo que se investiga en la causa. El trámite no duró más de 15 minutos.

Bonadío le imputó "haber transferido irregularmente a su nombre, mediante documentación falsa, el automóvil marca Honda, modelo CRX, dominio B 2.423.822, expidiéndose a consecuencia de dicha maniobra un título de propiedad y una cédula de identificación automotor de dicho vehículo ideológicamente falsos”.

Boudou está imputado por ser propietario del automóvil con presunta documentación falsa que usaba su ex pareja, Agustina Seguín. A través de su abogado, el vice presentó escritos en el juzgado en el que explica que realizó con normalidad la transferencia del coche. Y responsabilizó de cualquier irregularidad al gestor, a quien aseguró no conocer ya que -según alegó- había sido contratado por la mujer. Según la imputación, el vendedor del auto “nunca enajenó el vehículo a favor de Boudou, ni este último posee el domicilio que consignan dichos documentos públicos, y tampoco se corresponde el número de motor que posee el rodado".

El escrito

En el escrito presentado ante el juez Bonadío el vicepresidente relató que compró el auto en 1993 en la concesionaria Atlántica Automotores S.A. de Mar del Plata, auto que era “conducido prácticamente con exclusividad por mi exmujer, Agustina Seguín, -resultando que hasta la póliza del seguro estaba a su nombre-“.

Destacó que fue Seguín quien “se ocupó de contactar a los gestores para encargarles los trámites respectivos”, entre ellos, a Andrés Alberto Soto.  El vicepresidente remarcó que “jamás” conoció personalmente a ningún gestor “ni mantuve contacto con los intervinientes por medio alguno”, dijo.

“Habiendo adquirido legítimamente un rodado, me he visto privado de su uso durante algunos años y envuelto en causa criminal en calidad de imputado cuando no fui más que una víctima” explicó y habló de una “verdadera red de gestores falsificadores de los que evidentemente fui víctima”.

“Jamás me encargué del trámite de inscripción registral, no completé los formularios cuestionados ni falseé información de tipo alguno, ni hice completar documentos con datos falsos”, consignó en la declaración presentada hoy.

“¿Que perjuicio concreto se releva al inscribir la propiedad de un rodado a nombre de un sujeto X cuando el mismo fue comprado legítimamente por X?” se preguntó Boudou para argumentar que no hay respuesta a esto ya que no hay móvil: “Cual podía ser el móvil de falsear un 08 cuando era el legítimo comprador del vehículo o un 04 cuando me encontraba viviendo en Capital Federal”, dijo y concluó que “cualquier pretensión de imputarme el delito investigado constituirá una rebuscada imputación objetiva carente de fundamento, brevemente, un verdadero dislate jurídico.”

Pedidos de prueba y testimonial

En el escrito, firmado también por sus abogados Martín Magram y Jacobo Grossman,  el vicepresidente pidió “medidas probatorias” para acreditar su postura. Recordó que durante la declaración testimonial de Iban Esteban Chomiak, letrado de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios,  este detalló que “el recurso que utilizan algunos gestores, ha sido la de insertar un asiento falso en el D.N.I. o trucar en la fotocopia de un DNI, un domicilio que no existe en el documento original”.

Por eso, teniendo en cuenta que Soto (el gestor) reconoció la “información que él mismo habría colocado en los formularios, resta indagar acerca de la letra inserta en la copia del DNI presentado”. Por eso solicitó al juez realizar una pericia caligráfica “con la letra de todos los imputados intervinientes” y quienes “intervinieran en el trámite de cambio de radicación”.

Además, pidió se cite a declaración testimonial a quienes integraron la sociedad Atlántica Automotores SA para que “den cuenta del funcionamiento de la operatoria de compra venta de rodados”.

La causa

La causa se inició en septiembre de 2009 por una denuncia de María G. Taboada de Piñero, titular de la oficina número dos del Registro Nacional del Automotor, ubicada en la calle porteña San José 151, 2º A, ante la supuesta adulteración en el número de motor y de formularios y firmas en la transferencia del vehículo.

El vice había sido citado el miércoles pasado por el magistrado, pero pidió postergar la declaración indagatoria ya que ese día el vicepresidente se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo debido a que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había viajado a Brasil para participar de la cumbre de los BRICS.