Lo dijo María Laura Garrigós de Rébori durante el XII Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos convocado por la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. La camarista analizó cómo trata el sistema penal a las personas detenidas que sufren enfermedades como la adicción a las drogas.
Durante su exposición, la camarista penal María Laura Garrigós de Rébori criticó por un lado a los jueces que no contemplan la adicción a las drogas, especialmente al paco, como una enfermedad. Al mismo tiempo, destacó la importancia de la iniciativa Prisma del Servicio Penitenciario Federal y de la Ley de Salud Mental.
“El 70 por ciento de los expedientes que llegan a apelación son casos de hurtos y robos y muestran que las personas que cometieron esos delitos no forman parte de un plan delictivo, no son criminales como los que vemos en las películas”. La jueza precisó que dentro de este porcentaje una gran mayoría de personas, especialmente los jóvenes, sufren adicciones. “Buena parte de esa población que queda presa son chicos con adicciones, hay un punto de contacto serio entre la cárcel y la salud mental”, destacó.
Garrigós relató que muchos jueces imponen condenas sin tener en cuenta la situación de adicción de los imputados “pese a que sabe que el imputado padece una enfermedad, una adicción, se le aplica la pena como si no la tuviera. Hay herramientas legales para actuar en estas situaciones pero hace falta una apertura general del Poder Judicial”, opinó.
En este sentido, la jueza destacó la importancia de la Ley de salud mental que traslada la decisión sobre internaciones psiquiátricas al fuero civil. Sin embargo, relató que los jueces de este fuero se resisten a su aplicación. “Los expedientes por insania mental quedan en manos del empleado de menor jerarquía del juzgado, o de alguno al que le interesa el tema. Ocuparse de los locos en un juzgado es lo mismo que decidir en una casa a quién le toca sacar la basura. Digo esto de una manera un poco grosera para que se advierta que es una situación complicada”, dijo Garrigós.
En este contexto, destacó el programa Prisma, un convenio entre el Servicio Penitenciario Federal y el Ministerio de Salud para alojar y brindar tratamiento a las personas privadas de su libertad que lo necesitan y se ocupa de buscarles una residencia adecuada cuando salen del penal.
“El abordaje siempre viene de la mano del prejuicio porque es muy difícil ver al otro, ya sea el enfermo mental o el preso, como un igual. Es fácil identificarse con la víctima de un delito pero pensarse a uno como un posible preso o un posible enfermo mental es muy difícil”, afirmó Garrigós en alusión al lema con el que las Madres de Plaza de Mayo convocaron a estas jornadas: El otro soy yo.
En torno a estos planteos Garrigós destacó la importancia del movimiento Justicia Legítima: “Hay que pensar la justicia desde adentro y desde afuera”, concluyó.