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El Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto de ley que hace hincapié en que la mujer embarazada tiene derechos que el equipo de salud que la atienda debe respetar. La propuesta incluye la atención durante el embarazo, el parto, el posparto en los hospitales públicos y privados de la provincia de Buenos Aires. También incluye la promoción de derechos de los recién nacidos. Con luz verde en las comisiones de Salud Pública, Niñez, Adolescencia y Familia y Legislación general, la propuesta se inscribe en línea con la ley nacional de parto respetado, aprobada en 2004.

 

“Sin esta norma no hay muchos registros. Que exista, ofrece a las madres un marco para que puedan denunciar los caso de violencia obstétrica”, dijo a Infojus Noticias la senadora Diana Larraburu, impulsora del proyecto junto a Patricia Segovia (FpV). La falta de datos para un diagnóstico preciso fue confirmada por Flavia Raineri, titular de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia del Ministerio de Salud provincial: “Son pocas las denuncias que recibimos por violencia obstétrica; pero tenemos conocimiento de que hay efectores de salud (tanto públicos como privados) con un buen desempeño y otros con uno medio o bajo”.

 

Luciana Sanchez, del colectivo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, explicó que se trata de “un tipo de violencia naturalizada”. “El desafío de cualquier campaña es que las mujeres sientan que pueden denunciar y no van a ser revictimizadas”, explicó. Larraburu afirmó que en la provincia el trámite debería ingresarse a través de las direcciones hospitalarias o directamente ante los titulares de cada región sanitaria. En el caso de Nación, las denuncias recibidas a través del 0800-222-3444 de Salud Sexual son derivadas al Programa Nacional de Salud sexual y reproductiva en caso de involucrar a profesionales del ámbito público y a la Superintendencia de Servicios de Salud en el caso de los privados.

 

A nivel nacional son dos las leyes que tiene competencia en la materia. La ley de parto respetado, que aún no reglamentada. Y la de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Ley 26.485) que define la violencia obstétrica como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”.

 

Una de las formas de violencia más frecuentes está asociada a la denegación del acceso a un aborto en condiciones seguras (aún en casos de abortos no punibles).  Desde marzo de 2013, el colectivo Lesbianas y Feministas, impulsa una campaña contra la violencia obstetricia. "Uno de los principales obstáculos para enfrentarla", dijeron desde ese colectivo a Infojus Noticias, "es el efecto de la  impunidad, que la vuelve natural y  rutinaria".

 

En cuanto al aborto en particular, por tratarse de una práctica prohibida, "muchas de las mujeres no se animan a denunciar los legrados sin anestesia por miedo a ser re-victimizadas o  criminalizadas", agregó Sanchez. Desde marzo de 2013, en la Línea Aborto más Información menos Riesgos  (11 156 664-7070), se registraron varios llamados de mujeres que  tras abortar fueron sometidas a “intervenciones sin anestesia”.

 

En el informe del relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, el argentino Juan Méndez considera que la “denegación del acceso a un aborto seguro” y “los abusos presentes en entornos de atención de la salud que pueden trascender el mero maltrato y equivaler a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.