CABA: al menos 44 antenas de celulares no tienen autorización
Las empresas las instalan rápido y después argumentan que su desmantelamiento obstaculiza la comunicación. Las antenas ilegales aumentaron en los últimos tres años.
Leo Vaca
La Defensoría del Pueblo de Capital Federal informó que al menos 44 antenas de telefonía celular instaladas en edificios de la ciudad de Buenos Aires funcionan sin ninguna autorización. Además, denunció que el Ejecutivo porteño no toma ninguna medida para que las empresas telefónicas cumplan la normativa vigente.
En la Defensoría hay registradas 108 denuncias realizadas por ciudadanos entre 2006 y 2012 que piden saber si las antenas de telefonía móvil tienen los permisos necesarios y si son riesgosas para la salud.
Al recibir cada una de estas solicitudes, la Defensoría las elevó a las tres direcciones del gobierno de la ciudad que son competentes: la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR), la Dirección General de Evaluación Técnica (DGET) y la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC).
Ahora, la Defensoría sostiene que en todos los casos, en las 108 denuncias, existen informes negativos: “al momento de la consulta, las instalaciones denunciadas carecían de por lo menos una de las tres autorizaciones exigibles, resultando que cuarenta y cuatro (44) de ellas carecían de las tres autorizaciones administrativas que exige la normativa”.
En base a estos datos, Alicia Pierini, Defensora del pueblo de la ciudad, pide que se precisen los casos en los que es necesario sellar, desconectar o desmantelar instalaciones radioeléctricas en infracción. Y también que el poder ejecutivo actué de manera coordinada y controle efectivamente las antenas de la ciudad.
En estos casos, es la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFyCO), la que debería intervenir emitiendo las sanciones correspondientes.
La Defensoría señala que esta situación viene dándose desde 2003 pero que “se observa que las investigaciones realizadas por esta Defensoría en el trienio 2010-2012 muestran un incremento en la cantidad de estaciones que no cuentan con autorizaciones”.
Esta situación “fue y continúa siendo sistemáticamente aprovechada por las empresas operadoras, que frecuentemente se apresuran a instalar y operar sus instalaciones sin contar aún con las licencias que la reglamentación vigente exige”.
Luego de instalar las antenas las empresas “pretenden justificar su accionar con excusas del tipo “aumento exponencial en la demanda de sus servicios” y “las excesivas demoras de la administración para el otorgamiento de permisos”. Ante cada intimación o incluso fallos judiciales adversos suelen anteponer recursos administrativos o jurídicos con el fin de impedir sanciones pecuniarias o eludir órdenes de desconexión y/o desmantelamiento”.
En este marco, Alicia Pierini, Defensora del Pueblo, solicita al Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta disponga que las reparticiones competentes regularicen los casos denunciados.
Pide también que se realice una acuerdo marco interjurisdiccional que fije un mecanismo único y general para todo el país, donde la Comisión Nacional de Comunicaciones en el orden federal y las provincias/municipios en el orden local “puedan ejercer en forma eficaz sus respectivos poderes de policía a fin de controlar el correcto funcionamiento de las estaciones radioeléctricas emplazadas en sus correspondientes jurisdicciones”.
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