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El local “Buenos Aires Celular” vendía todo tipo de productos vinculados con telefonía móvil, además de ofrecer “cursos de servicio técnico”. El local queda en el barrio porteño de Balvanera, en Larrea 181. En marzo de 2011, llamó la atención a algunos agentes de la Policía Federal que allí se vendieran diferentes modelos a precios inferiores de los del mercado y bajo el rótulo de “liberados”. La gran afluencia de público que recibía el negocio alimentó las sospechas.

Luego de una serie de investigaciones, la División Delitos en Tecnologías y Análisis Criminal de la Policía Federal  comprobó que los cursos allí ofrecidos enseñaban a “desbloquear” y activar teléfonos celulares y que se vendían “cajas desbloqueadoras”.

Hecha la denuncia ante el Juzgado N° 10, se ordenó un allanamiento, en el que se secuestraron 49 celulares: 27 nuevos de origen chino y “liberados” para ser utilizados por cualquier compañía o sim card, rotulados como “Blackberry” y “E71”. También hallaron 22 equipos con números de IMEI adulterados, 21 chips de desbloqueo y carpetas con documentación sobre los cursos.

La investigación concluyó con el procesamiento de Gustavo, Brian, su hijo, y Débora, acusados de los delitos previstos en el artículo 12 de la ley 25.891. Prevé de 6 meses a tres años de cárcel para todo aquel que adquiera celulares de procedencia ilegítima, siempre y cuando conozca este origen. La misma ley dispone que la comercialización de los servicios de telefonía celular sólo puede realizarse a través de las empresas legalmente autorizadas.

El procesamiento fue apelado por la defensa de los tres acusados, pero el jueves de esta semana fue confirmado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Los jueces consideraron que el cuadro resulta suficiente para “convalidar (…) la atribución de responsabilidades discernidas.” En el fallo ponen de relieve que todos los aparatos extranjeros eran imitaciones y que no tenían los sellos de la AFIP-Aduana.

Los jueces señalan a Gustavo como el responsable del local, siendo que él mismo se reconoció así durante los allanamientos. Débora había sido anteriormente la dueña del local, que luego transmitió a Gustavo, y era titular de una de las cuentas bancarias del negocio. Por su parte, Brian tenía una permanencia constante en el local y manejaba la caja.

Uno de los argumentos de la defensa fue que los celulares pertenecían a otras personas que los habían dejado allí para ser reparados. Sin embargo, el fallo de Cámara señala que “no puede dejar de llamar la atención” que desde el allanamiento de julio de 2011 hasta hoy, “ninguno de los supuestos clientes” se haya presentado a para reclamar los teléfonos que habían dejado en reparación.