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En Rosario, la Justicia investiga las estructuras de blanqueo de dinero montadas por las tres principales organizaciones narcocriminales. En Chaco, mientras un Tribunal Oral juzga a la banda que envió más de mil kilos de cocaína a Europa camuflada en cargamentos de carbón vegetal, se abrió otro expediente conocido Carbón Blanco II, para seguir las maniobras de lavado. En estos y otros casos no solo se sigue la ruta de la droga; también la del dinero, que es el objetivo final de los delitos a gran escala. Las causas surgieron a partir de la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Carlos Gonella.

“Se trata de organizaciones muy complejas, que cuentan con prestaciones profesionales para llevar adelante sus delitos. Para investigarlas, es necesario contar con mucha capacitación”, explica Gonella. En la entrevista con Infojus Noticias, el fiscal cuenta cual es el rol de los profesionales y de los bancos, detalla en qué gastan el dinero los traficantes y como se inician las investigaciones por lavado. “Después de mucho trabajo, hoy tenemos un sistema consistente y por eso los avances en estos casos se demuestran”, explica.

En Argentina no abundan las condenas por lavado de dinero contra organizaciones narcocriminales. La primera fue dictada por el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, en 2010, contra una organización de alcance barrial. La segunda, en 2014, un Tribunal Oral de Corrientes condenó a una banda que introducía marihuana desde Paraguay. Además de las que se instruyen, hay varias elevadas a juicio.

-¿Por dónde se puede empezar a investigar el narcolavado?

- Hay dos maneras. Una de ellas sería a través de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) que las empresas están obligadas a confeccionar a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), que analiza el reporte. Si se detecta actividad financiera irregular, el director de la UIF puede decidir pasar al siguiente nivel, en este caso es el Ministerio Público Fiscal, de dónde depende la Procelac. Esta Procuraduría tiene seis  áreas de trabajo, una de ellas es Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo. Ahí se analiza el reporte y se fortalece desde el punto de vista probatorio, antes de judicializarla.

El otro camino para iniciar una causa es por un delito precedente ya judicializado: secuestros, trata, narcotráfico. En ese caso, el juez o el fiscal a cargo piden la colaboración.

-Por ejemplo, el caso Carbón Blanco.

- Esa causa estaba a punto de elevarse a juicio cuando se creó la Procelac, en 2012. El tráfico de más de mil kilos de cocaína tenía un valor de mercado aproximado de 80 millones de euros. ¿A dónde estaba ese capital? ¿Quién estaba detrás? Nosotros tomamos el caso, cruzamos datos y el estándar de sospecha se fue alimentando hasta reconstruir que el principal sospechoso era el abogado Carlos Salvatore. Tenía un poderoso entramado económico, conformado por cincuenta empresas, bienes, muebles de lujo, inmuebles en cinco provincias, principalmente en la costa, inversiones en proyectos cinematográficos, todo eso para lavar el dinero.

-¿Cuáles son las características del narcolavado? ¿Se dan casos de empresas que facturan pero no tiene empleados, por ejemplo?

- Uno de los rasgos típicos en una operación de narcolavado a través de estructuras jurídicas en una operación nacional o trasnacional, es justamente esta. Una empresa que tiene un objeto social que no gira, o que no puede comprobar fácticamente que opere, una empresa que no tuvo movimiento, una empresa con un capital declarado ínfimo, pero que empieza a tener bienes a su nombre. Generalmente las sociedades offshore funcionan con esta lógica, enquistadas en paraísos fiscales y se utilizan como pantalla para poner bajo su nombre activos financieros o bienes.

-¿Cuáles son los mecanismos más habituales para el lavado?

-Dentro de las tipologías que define el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), están las inversiones inmobiliarias. Los famosos fideicomisos, que son estructuras jurídicas que no están debidamente reguladas en Argentina y en ningún lugar del mundo. En los plenarios del GAFI se debate si es necesario regularlos o no. Pero de todos modos los Estados tienen que tomar medidas de prevención porque se ha detectado a nivel mundial que los fideicomisos son estructuras jurídicas para lavar dinero. Por ejemplo, actualmente hay grupos económicos que publicitan en Argentina invitando a los inversores a poner su dinero en bienes inmobiliarios en la isla de Manhattan. Los estamos investigando. Esa estrategia de marketing está montada sobre fideicomisos. Estados Unidos alertó mediante una carta sobre el riesgo económico que supone la inversión inmobiliaria en Manhattan. Esos negocios inmobiliarios se promueven en publicidades y luego se organizan reuniones informativas en lujosos hoteles de la ciudad. Una oferta de esa naturaleza, necesariamente tiene que estar inscripta en los organismos públicos argentinos.

-¿Cómo se aprovecha la estructura del fideicomiso para lavar dinero?

-A partir de la lógica propia del fideicomiso, que es muy compleja, porque tiene tres actores. Fideicomitente, fideicomisario y beneficiario final. La lógica es la misma que la de las llamadas “sociedades pantalla”. Este tipo de estructura se usa para lavar dinero donde hay mucha comercialización de grano, que es una actividad de altísimo riesgo de evasión, por ejemplo en provincias como la de Córdoba, o Santa Fe, también en la costa con las inversiones inmobiliarias. Y otra vez volvemos al caso Carbón Blanco, donde se valen de las figuras de fideicomisos para lavar dinero del narcotráfico.

-¿En qué otros negocios invierten su dinero los narcotraficantes?

- Hay otras tipologías. La compra de caballos de carrera, por ejemplo. Lo detectamos en el caso del colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, también el “Mono” Ale, en Tucumán, era propietario de caballos. Otro canal para lavar es la compraventa de bienes culturales, pinturas, aunque no parezca, es una zona de riesgo para el lavado de activos. La compra de pases de jugadores de fútbol aparece mucho también, siempre con maniobras de triangulación, donde se hace constar en el contrato un valor que en realidad después es mucho más alto, y así se logra evadir impuestos.

- ¿En el caso de un narcotraficante, de qué le sirve invertir en esos negocios?

- Es la forma de introducir al mercado formal inversiones a bajo riesgo. El lavado de activos tiene tres fases, la última es la integración del bien espurio a la actividad económica formal. Es una manera de mediatizar o de distanciar el flujo de dinero de la actividad ilícita precedente. Justamente el lavado de activos es altamente pernicioso, porque desactiva la actividad económica legítima. Lo podemos medir en el caso “carbón blanco”. Hoy, en ese caso, tenemos a 200 familias que compraron sus inmuebles y que están en distintas etapas; algunos tiene la casa y les falta la escritura, otros pusieron la plata en pozo. Esas actividades se canalizaron a través de empresas vinculadas con los narcos y tenemos familias que no tienen nada que ver con la actividad criminal, pero que están perjudicadas. La Procelac se reunió con ellos para despejar sus dudas y también para sumar pruebas a la investigación. Ahora todas las empresas de Salvatore están inhibidas.

- ¿Cómo es el rol de los profesionales en las maniobras de lavado? ¿Hay nombres que se repiten de una causa a otra?

- Sí, hay personas que aparecen en varios casos. Estamos empezando a trabajar en Rosario con ese tema, con el caso de las tres grandes bandas narcos. El rasgo característico de la ilegalidad económico son las prestaciones profesionales. Empresarios que tienen dinero vinculado al narcotráfico, o a la evasión, que utilizan los servicios de un asesor contable, o de un Banco, para sacar la plata al exterior. Así funciona el mecanismo de fuga de divisas, el mercado de capitales.

- ¿Y los bancos como interviene en ese engranaje?

-En algunos casos los bancos son proactivos en detectar riquezas no declarada y ofrecer una especie de servicio. El banco HSBC es un caso. La rentabilidad de los bancos no es el interés que le genera el depósito, sino la comisión por las transferencias internacionales. Algunos bancos buscan los lugares donde desarrollar esta actividad porque detectan que los sistemas no están fortalecidos.

-¿Cuál es la situación de los sistemas argentinos?

-En Argentina, tenemos que reconocerlo, hasta que no nos pusimos a trabajar estratégicamente en adecuar los estándares GAFI, teníamos esa realidad. Hoy tenemos un sistema consistente y por eso los avances en estos casos se demuestran. En octubre del año pasado el GAFI finalmente sacó a la Argentina de la conocida y temida "lista gris" de países que, a su juicio, incumplen con los preceptos de lucha contra el lavado de activos. Estar en esa lista no te suma en términos de transparencia internacional. Eso sin perjuicio de lo que nosotros consideramos que es el GAFI, un ámbito dónde hay mucha hipocresía y donde discuten las políticas económicas los grupos hegemónicos en detrimento de los países emergentes. Hoy estamos equiparados a países que no tiene déficit dentro del sistema.

-¿Cuáles son los obstáculos con los que se encuentra la Justicia para pasar de investigar la ruta del dinero del narcotráfico?

-Se trata de organizaciones muy complejas, que cuentan con prestaciones profesionales para llevar adelante sus delitos. Para investigarlas, es necesario contar con mucha capacitación. El Ministerio Público, a través de Procelac, cuenta con 70 profesionales entre abogados, contadores, pero también hay antropólogos, criminólogos, sociólogos. Eso es porque el Ministerio Público cuenta con una política clara en apostar a la formación para investigar esto. Ahora, con la experiencia de los casos, confeccionamos un protocolo para el manejo de casos en torno al contrabando de divisas y fenómenos ilícitos asociados, que llega a los juzgados y fiscalías del país. En el Poder Judicial hay un hueco en ese sentido. No hay formación. Tenemos muy buenas experiencias con jueces predispuestos a investigar estos delitos, que piden la colaboración de Procelac. Pero todavía hay jueces que son más reacios a coordinar.

SO/WC/AF