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Al fondo de la Villa 21-24 de Barracas, al sur de la Ciudad de Buenos Aires, las casillas de ladrillo y chapa se enciman una sobre otra. De las últimas casas nace una pendiente empinada que desemboca directamente en el Riachuelo. Al espacio de 35 metros que va desde la orilla hasta las primeras viviendas se lo conoce como “camino de sirga”. El nombre proviene de prácticas antiguas: los pescadores amarraban allí sus barcos, usando unas cuerdas gruesas conocidas como “sirgas”.

Hoy no hay pescadores ni río donde pescar. En el “camino de sirga” viven 400 familias que todavía esperan que el gobierno de la Ciudad acelere las obras para su relocalización. Mientras tanto padecen problemas de salud derivados de la contaminación del agua y del suelo: plomo en sangre, cáncer de garganta, y obstrucciones respiratorias son las más frecuentes. El jueves de esta semana, secretarios del Juzgado de Rodríguez, junto con funcionarios del ACUMAR y del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) fueron a la Villa 21-24 para recorrer el camino de sirga.

En 2008, a raíz de una denuncia de vecinos de Villa Inflamable, en Avellanda, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo “Mendoza”, por medio del cual dispuso la responsabilidad conjunta del Gobierno nacional, provincial y porteño en las tareas de saneamiento y relocalización del Riachuelo.

A cinco años del fallo Mendoza, los vecinos de la Villa 21-24 siguen esperando la relocalización. Las obras que debería realizar el Gobierno de la Ciudad son las más atrasadas, en relación con las que se hacen del lado de Provincia. Los vecinos de la villa de Barracas y la Defensoría de la Ciudad creen que las primeras familias en ser trasladadas deben ser las que viven en el “Meandro de Brian”, en el centro del camino de sirga. Allí las casas están construidas sobre un basural. En ese lugar, el 30 por ciento de los chicos tienen plomo en la sangre y problemas respiratorios y dermatológicos.

En junio de este año, vecinos de la villa realizaron una movilización ante el IVC. Junto a ellos marcharon obreros de la construcción que reclamaban quincenas de salarios adeudados. Se trata de los obreros que trabajaron en la construcción de viviendas para relocalización, cuyas obras estuvieron detenidas varios meses por falta de pago.

Desde el Gobierno de la Ciudad dicen que la relocalización debe empezar desde los extremos, por “cuestiones técnicas”. Gustavo Moreno, asesor tutelar de los vecinos de la Villa 21-24, disiente al respecto y critica al IVC: “Ellos dicen que no entran las máquinas ni camiones, pero nosotros dudamos de eso y creemos que hay que priorizar la salud de los chicos y tener la voluntad política de definir un operativo de relocalización”, le dijo a la agencia Telam.

Quien debe supervisar las tareas de relocalización, desde noviembre del año pasado, es Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N° 2 de Morón. Recién en abril de este año, el Juzgado recibió el expediente completo: son 860 causas de ambos lados del Riachueloque incluyen pedidos de relocalización, denuncias por contaminación de agua, napas y aire, presentaciones por incumplimientos de empresas, entre otras.

“Los vecinos, la Defensoría y el Gobierno de la Ciudad no logran ponerse de acuerdo, por eso nuestra intervención aparece como inminente”, dijo a Infojus Noticias uno de los secretarios del Juzgado. “Si no conocemos el lugar, es muy difícil determinar eso”, agregó. En la visita pudieron comprobar que el estado de las casas del Meandro de Brian es altamente precario. “Son construcciones hechas con palos, cartón y chapa. No están hechas de material como otras casas de la Villa”, explicó.

Esther Arce, una de las delegadas vecinales de la Villa 21-24, dijo que "si bien desde 2008 la Corte Suprema dispuso que el gobierno porteño libere el camino de Sirga, reclamamos que sean las casi 400 familias que viven en el Meandro de Brian las primeras en ser relocalizadas. Estamos luchando y esperamos que el IVC nos escuche".

Por su parte, la coordinadora de la Junta Vecinal, Zunilda Martínez, señala que "luego de que se vencieran todos los plazos que tuvo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que cumpla con la relocalización de los vecinos del Camino de Sirga, la respuesta llegó desde Nación cuando hace dos semanas estuvo aquí Juan Manuel Abal Medina, el Jefe de Gabinete, a quien también le entregamos el petitorio".

Esta semana se realizaron audiencias con ACUMAR para dividir la cuenca y poder hacer un trabajo más específico. A partir de la visita del jueves, el Gobierno de la Ciudad y el IVC deberán presentar de manera conjunta un proyecto de relocalización. El viernes hubo una audiencia entre los delegados vecinales, el Gobierno de la Ciudad, el IVC y ACUMAR.