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El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró hoy un "caso inédito en la historia de la humanidad" que un juez (por Thomas Griesa) pretenda "alterar un contrato e impedir el pago a bonistas que voluntariamente adhirieron a la reestructuración de la deuda", como sucede con el 92,4 por ciento de los tenedores de deuda del Estado argentino.

"Consideramos que es un caso inédito en la historia de la humanidad. Es la primera vez que un juez pretende alterar un contrato e impedir el pago a los bonistas que han adherido a la reestructuración de la deuda. El caso es motivo de consulta y estudio a nivel internacional", dijo Capitanich.

El jefe de ministros agregó que también es insólito que se hable de "default técnico" cuando la "Argentina ha manifestado su voluntad de pago y, además, ha hecho los depósitos correspondientes".

"Es necesario remarcar de modo enfático que se pretende incluir un eufemismo que es default técnico", dijo Capitanich durante la habitual conferencia de prensa matutina en Casa de Gobierno.

Explicó que "cuando un país paga y cumple sus obligaciones financieras" no está en default, y enfatizó que, además, "no puede un juez alterar situaciones de carácter contractual surgidas de un prospecto que no fue objetado por la Bolsa de Valores de Estados Unidos".

"Lo que genera el juez Griesa con su fallo es una alteración del mecanismo de cumplimiento de la Argentina con sus acreedores que voluntariamente adhirieron a la reestructuración de la deuda", dijo y agregó que "los recursos del Estado nacional están depositados en la cuenta del Banco Central de la República Argentina a disposición de los acreedores que adhirieron voluntariamente al canje".

El jefe de ministros también explicó que la intervención del "special máster", a iniciativa de Griesa, es para iniciar un proceso de diálogo que permita generar una situación de negociación dada la complejidad del caso.

En este marco, Capitanich reiteró que la posición argentina es siempre la misma: "Argentina está dispuesta y abierta al diálogo para establecer condiciones de negociación equitativas, justas y legales para el 100 por ciento de los bonistas".

Mencionó también que el juez neoyorquino "no tomó una decisión asociada a una orden de desacato, que no se apropió de los fondos depositados para aplicar su propio fallo".

Dijo también que Argentina debe inexorablemente respetar la Constitución Nacional, que establece que corresponde al Congreso de la Nación el arreglo de la deuda interna y externa, y que por eso la reestructuración de la deuda fue por ley.

En este marco, recordó que esa reestructuración permitió lograr el 92,4 por ciento de consenso, quedando fuera el 7,6 por ciento que no aceptó el proceso, y dejó claro que "la deuda no la generó este gobierno" y que se trata de "títulos defaulteados en 2001".