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Roberto Carlés fue diploma de honor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde ejerce la docencia. Es doctor en Derecho de la Università degli Studi di Ferrara –Italia-,  doctor en Ciencias Penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y presidente del Comité de Jóvenes Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Se puede decir sin duda que es uno de los especialistas en Derecho Penal y Criminología más reconocidos en Latinoamérica. Fue investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja y también participó como investigador del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.  

Carlés tiene más de 8mil seguidores en Twitter y publicó más de 12 mil veces en su cuenta @robertinocarlés, donde posa en el perfil con el papa Francisco y sostiene una remera de “Deportivo Social Fútbol de Ezeiza”, aunque también es apasionado de San Lorenzo. Tiene 33 años y, de concretarse su designación, se convertirá en el ministro de la Corte Suprema de Justicia más joven de la historia argentina (el ex ministro Julio Oyhanarte fue designado por primera vez por el presidente Arturo Frondizi a los 37).

Entre las distinciones que recibió Carlés, están el premio Fundación Bolsa de Comercio en 2000, becario Fulbright (2006-2007), becario del doctorado de investigación de la Università degli Studi di Ferrara (2009-2012), del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en 2011. Es secretario Adjunto de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología y ex asesor de la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autor de numerosos trabajos académicos, publicados en América Latina, Europa y en los Estados Unidos.

Carlés fue coordinador de la comisión  que redactó el proyecto de reforma del Código Penal que integraron Federico Pinedo (PRO), Ricardo Gil Lavedra (UCR), María Elena Barbagelata (ex diputada socialista) y Zaffaroni.

“Es un error creer que tenemos un Código penal porque podamos ir a una librería y comprar un librito cuya portada nos promete aquello que no encontraremos en sus páginas. Porque un Código es, ante todo, un sistema, y como tal no puede modificarse parcialmente sin tener en cuenta a la totalidad. Esto es lo que se ha hecho en forma reiterada en nuestro país –y se hace en todo el mundo–, afectando el principio de proporcionalidad que debe regir a toda sanción, en especial a las penas. Así, se han consagrado absurdos jurídicos tales como que el autor de un robo calificado por el uso de arma de fuego, agravado además por la participación de un menor en el hecho, pueda merecer más pena que un homicida”, escribió para Infojus Noticias.

El decreto 222/03 establece que producida una vacante en la Corte, se deberá publicar, en un plazo máximo de tres días, en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional durante 3 días el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacante. En el marco de esa norma y del artículo 99, inc. 4 de la Constitución Nacional, la Presidenta cumple con lo establecido por el artículo 2° de la ley 26.183, de 2006, que redujo a cinco el número de miembros del Máximo Tribunal de la Nación.

“Desde algunos sectores de la doctrina y de la opinión, en general, se sostiene que la legislación penal debe enviar a la sociedad un duro mensaje contra el delito. ¿Pero cuál es el mensaje que transmite un Código en el que “sale más barato” matar a la víctima que solamente robarle? Otro ejemplo: el secuestro de una mujer embarazada tiene una pena mayor que el homicidio de una mujer embarazada. Como se ve, la desproporcionalidad de las penas, consecuencia de las innumerables reformas al Código, han alterado la primacía que algunos bienes jurídicos tienen sobre otros”, opinó Carlés sobre la reforma que coordinó.