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En la farragosa sentencia de la Cámara de Casación Penal que volvió a condenar a Fernando Carrera por la llamada “Masacre de Pompeya” hay una frase reveladora acerca de cómo se puede culpabilizar a alguien con solo hacer malabares con las palabras que componen la ley. Hasta el estudiante más burro sabe que negarse a declarar es un derecho. Pero la jueza Liliana Catucci sostuvo que el “silencio” de Carrera cuando fue llamado a indagatoria por primera vez “no deja de llamar la atención, máxime frente al trágico suceso que se le enrostraba”. “No pudo deberse a su deteriorado estado de salud, porque la voluntad de hablar para defenderse es ingénita al ser humano. En efecto por experiencia se conocen situaciones, en las que aún con un mínimo aliento de vida, el inocente cuenta lo sucedido”, afirmó, equiparando el negarse a declarar con un signo de responsabilidad en los hechos.

La frase fue destacada en el blog del penalista Alberto Bovino (www.nohuboderecho.blogspot.com) y pone en evidencia un criterio peculiar utilizado para acatar las directivas que el año pasado dio la Corte Suprema, cuando advirtió que la Cámara de Casación debía enmendar la “arbitrariedad” con que había confirmado la condena a 30 años de cárcel que en 2007 fijó el Tribunal Oral Criminal 14 contra Carrera.

Es más de la misma lógica que envolvió a este caso desde sus inicios, empezando porque la mayor parte de los elementos de prueba emanan de la propia Policía Federal que lo persiguió con dos autos sin identificación (de las comisarías 34 y 36) y cuyos agentes le dispararon por lo menos 18 veces, 8 de las cuales impactaron en su cuerpo, y todo eso porque le atribuían el robo de la ridícula suma de 250 dólares (desproporcionada para desatar tamaña cacería). Ese raid, digno de una película yankee de acción, en el mediodía caluroso del 25 de enero de 2005, derivó en que Fernando atropellara a cinco personas, tres de las cuales fallecieron, entre ellos un niño. La responsabilidad policial era una variable en juego y para la fuerza era central que fuera otro el culpable.

Se supone que la Policía disparó con ese ímpetu de manera defensiva, respondiendo disparos de su “presa”. Eso dijeron los agentes en su momento, una de las pocas cosas que podría explicar la balacera desenfrenada. Sin embargo, el fallo de esta semana redujo la pena contra Carrera de 30 años a 15 porque consideró que los homicidios no fueron intencionales y porque no había pruebas de que hubiera gatillado un arma en el momento que recibió la lluvia de balas policiales.

En cambio lo se responsabilizó por la tenencia de una pistola Taurus 9 mm sobre la cual jamás se buscaron sus huellas dactilares, según explica la defensa. Tampoco hubo una búsqueda de rastros de pólvora en sus manos mediante la prueba llamada “dermotest” ni adentro del vehículo. Se dio por buena la aparición de unas vainas en el auto Carrera, un Peugeot 205 blanco, que era de él, no era robado como los vehículos que se suelen usar para delinquir.

En distintas etapas judiciales –excepto en el más alto tribunal- a Carrera, un hombre de 36 años sin antecedentes penales, se lo acusó de un encadenamiento de hechos. El reciente fallo de Casación –que además de Catucci, firman Mariano Borinsky y Ana María Figueroa– lo acusa de robar primero junto con un compinche que estaría prófugo y del posterior homicidio culposo agravado de tres personas y las lesiones a otras dos a las que atropelló supuestamente escapando como loco de la policía.

El caso tiene aspectos llamativos, puntos oscuros y plantea interrogantes. El razonamiento de Casación no mejora el panorama:

El robo. Las pruebas en que se apoya el fallo para vincular a Carrera con el robo no son contundentes. Una es el reconocimiento fotográfico que hace el testigo Héctor Vaira, sobrino de Juan Alcides Ignes, la víctima del robo de 250 dólares. A Vaira le mostraron una foto carnet de Carrera y dijo que se “parecía” al hombre que estaba al volante del auto mientras, amenazante y armado, esperaba al otro hombre que ejecutaba el asalto. Pero nunca afirmó que fuera era él. El informe, de hecho, dice que “no reconoce” a nadie, y había sido descartado por el tribunal oral. Tampoco logró resultado alguno en una rueda de reconocimiento un año después. Carrera, en un inicio, tenía la cara despedazada por el primer balazo policial que recibió, que impactó en su mandíbula.

Para más dudas, en la investigación nunca se analizó con quién mantenía contacto Carrera, por ejemplo, los días previos. Con quién hablaba por teléfono es algo que no fue rastreado. Lo que muestra que tampoco hubo una búsqueda del supuesto ladrón que actuaba con él, de quien no hay ni rastros.

La otra evidencia que utilizan los jueces para adjudicarle el robo es que su auto, afirman, tenía una patente retráctil, que se puede mover para impedir su identificación. Ese no fue un elemento que apareciera desde el comienzo en la investigación, sino que surgió cuando dos personas se presentaron en la comisaría 34 para decir que les habían robado con un auto similar, con una patente parecida, según recuerdan los defensores. Recién ahí se puso la atención en ese detalle. La pericia inicial la hizo un perito ah honorem que nunca se presentó al juicio oral. En esa instancia hizo un análisis gendarmería que era ambiguo respecto de si la patente trucha había sido instalada antes o después de los hechos. Ignes –que es miltar- y Vaira relataron que tras el robo empezaron a seguir a los ladrones con su auto, y que en un momento, de pronto, se detuvieron, el acompañante se bajó, acomodó la patente y escapó.

La huida. La corrida de Ignes y Vaira con su vehículo tras los asaltantes se extendió por unas treinta cuadras, hasta que los perdieron de vista. La esposa de Ignes había avisado a la policía. El comando radioeléctrico buscaba un Fiat Palio blanco o un Peugeot blanco. Carrera estaba en Del Barco Centenera y la avenida Sáenz cuando fue abordado por un auto policial negro. Según su relato, le apuntaron desde la ventanilla y salió disparado porque pensó que le querían robar. Carrera da una explicación algo endeble de qué hacía ahí. Habló de que iba hacia Avellaneda a gestionar el alquiler de una propiedad suya, pero la persona que en teoría iba a ver nunca declaró.

La mayoría de los jueces que han intervenido en este caso (excepto la Corte) sostienen que estaba huyendo porque él robó. En ese punto, dicen que gira en “U” y recibe un disparo policial en la mandíbula. La defensa sostiene que ese impacto bastó para generarle un estado de inconsciencia y perder el control del auto, lo que lo llevó a recorrer 300 metros en los cuales atropelló a las cinco personas, hasta que terminó incrustado en una camioneta Renault Kangoo.

Los peritos de la causa tuvieron opiniones disímiles sobre la posible pérdida de conocimiento. Casación eligió las interpretaciones que se inclinan porque estaba consciente, ya que dan por cierto que aceleró para girar y tomar contramano la avenida Sáenz, una versión que los abogados defensores objetan y de la que los únicos testigos son los policías. Es extraña, de hecho, la falta de testigos en una avenida transitada, a plena luz del día, frente a un hecho que difícilmente pasara inadvertido. También es visible cierta tensión entre lo que se produce en la investigación judicial y los hallazgos de las investigaciones periodísticas que ganan mucha fuerza. El jueves volvió a hablar públicamente, con Infojus Noticias, Luis Ríos, un hombre que describió ante “Cámara Testigo” y en la película “The Rati Horror Show” cómo le dispararon a Carrera, pero nunca fue citado por ningún tribunal.

Los disparos. Casación dice que Carrera tenía un arma ilegal, que disparó apenas se vio rodeado por la policía. La pistola cromada que aparece en su auto era robada. Los investigadores decían que no podían peritar las huellas porque tenía sangre. En las fotos no tiene ninguna mancha. Pero los camaristas no encuentran suficientes pruebas de que haya disparado al final, después de chocar, malherido, a pesar de que la policía dice que disparó en respuesta. Los testimonios originales que dieron lugar a esa versión, que habían sido tenidos en cuenta por el tribunal oral 14, eran los de Rubén Maugueri, titular de la Asociación de Amigos de la Comisaría 34, el barrendero Darío Villafañe y Gustavo Jarc. En la declaración en la comisaría decía que vieron a Carrera disparar. En el juicio oral, que solo escucharon disparos.

Quién gana y quién pierde con el fallo de Casación. Obviamente Carrera es el gran perdedor, porque había recuperado la libertad después de estar siete años presos, tras el fallo de la Corte el año pasado que anuló la sentencia. Con la nueva pena de 15 años corre riesgo otra vez de ir a prisión si le rechazan el recurso extraordinario.

Los policías, en cambio, estarán aliviados porque toda la culpabilidad quedó concentrada en Carrera. Pero los ocho que fueron pasados a disponibilidad quedaron un poco más a salvo de imputaciones penales. Un sumario interno del Ministerio de Seguridad dice, por ejemplo, que ninguno de los agentes hizo diligencia alguna “para procurar rastros de lo ocurrido durante la persecución”, o sea, para preservar prueba. Negaron, además, haber disparado, lo cual era obvio por las perforaciones que quedaron en el auto de Fernando. El sargento Juan Antonio Leyes dijo que recién le encomendaron un día después buscar testigos. El comisario Daniel Enrique Villar, que era jefe de la seccional 34, había llegado al lugar de la colisión con un auto del testigo Maugueri. El sumario también señalaba la existencia de la declaración ante los medios de Ríos y la importancia de su citación.

También quedan resguardados los jueces del tribunal oral, que fueron denunciados penalmente y en el Consejo de la Magistratura: Hugo Cataldi, Beatriz Bistue de Soler y Rosa Lescano. Cataldi, conocido por sus buenos vínculos con la policía, está asignado a un juicio de crímenes de lesa humanidad en Tucumán. El fiscal Carlos Rívolo impulsó un requerimiento de investigación contra ellos, entre otras cosas por avalar testigos truchos, como el de la comisaría. De Casación, fueron denunciados los que integraban la sala que confirmó la condena inicial a 30 años. Dos de ellos se jubilaron, queda Eduardo Riggi, quien –en otro asunto– fue escrachado en las escuchas de la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra e investigado por presuntos sobornos para que la causa no llegara hasta José Pedraza.

Catucci, que en la nueva confirmación de condena pide 20 años, integra la Casación desde sus orígenes, cuando la creó Carlos Menem. Borinsky y Figueroa hicieron el voto mayoritario. Son de los jueces más nuevos, que asumieron en 2011.