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En poco tiempo Fernando Carrera podría volver a vivir su peor pesadilla: la cárcel. A las tres de la tarde, tres horas después del momento pactado, en un hall vigilado celosamente por diez policías federales, un empleado entregó por ventanilla un fallo de 150 fojas rubricado por Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Ana María Figueroa, los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. En su parte resolutiva, el dictamen de la mayoría confirmó los delitos de “robo agravado por su comisión con armas de fuego” y “homicidio culposo agravado por haber sido ocasionado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y por la cantidad de víctimas (tres)” en concurso real con la “portación de arma de guerra” sin licencia. Los jueces lo absolvieron del delito de “abuso de arma, por el beneficio de la duda”. Respecto al monto de la pena, redujo los 30 años a los que Carrera había sido condenado en 2007, durante un juicio oral, a 15 años de prisión. El voto en disidencia de la jueza Liliana Catucci, ratificó todos los delitos y pidió que se lo condenara a 20 años.

En enero de 2005, en el barrio de Pompeya, dos mujeres y a un niño de seis años murieron atropelladas por un Peugeot 205 blanco conducido por Carrera. El hecho se conoció como la “Masacre de Pompeya”. La versión de la policía aseguró que el conductor era un ladrón que, cuando huía tiroteándose de agentes de civil que lo perseguían, atropelló a dos mujeres y un niño de seis años. Pero Carrera, un comerciante sin antecedentes penales, jura que fue sorprendido por policías de civil que repentinamente abrieron fuego contra su auto, que uno de los trece disparos hizo que perdiera el conocimiento y el control sobre el auto. Su defensa planteó desde el primer momento en que lo habían confundido con los autores reales y habían continuado la acusación para encubrir la mala praxis policial.

El Tribunal Oral Criminal N° 14, en un debate lleno de incongruencias –las víctimas del robo no lo reconocieron, nadie lo vio disparar y las pericias indicaron que todos los balazos eran de afuera hacia adentro- lo condenó a 30 años. En 2010, la Sala III de la Cámara de Casación Penal ratificó en todos sus términos la sentencia. Pero el año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación la consideró “arbitraria”, excarceló al condenado y le ordenó a Casación que fallara de nuevo. Fue hoy.

“Este fallo es una vergüenza”, fue lo primero que balbuceó hoy Federico Ravina, quien encabezó la defensa de Carrera. “Un cheque en blanco para el gatillo fácil y las causas armadas, para la mala policía”, arengó. “Vamos a apelar presentando un recurso extraordinario”, adelantó finalmente, luego de hojear las últimas fojas del veredicto. La otra abogada de Carreras, Rocío Rodríguez López, detalló a Infojus Noticias que “si esta misma Cámara rechaza ese recurso, el fallo se considera firme y Fernando podría volver a la cárcel”. Con siete años purgados a la sombra, quedarían más de la mitad y no podría acceder a la libertad condicional, beneficio que se obtiene luego de cumplir los dos tercios de la pena impuesta. La siguiente alternativa es recurrir en queja ante la Corte Suprema, aunque no suspendería el efecto derivado del fallo de hoy.

“Yo tuve un presentimiento de que algo iba a pasar porque hace un mes y medio, el juez (Hugo) Cataldi, uno de los jueces orales que lo condenó, que está muy vinculado a las fuerzas de seguridad, fue designado juez para los delitos de lesa humanidad en Tucumán, por estos mismos jueces de la Cámara de Casación”, denunció Ravina a Infojus Noticias. A fines de abril, Cataldi fue designado juez sustituto en el juicio oral por los crímenes del Arsenal de Azcuénaga. “Lo premiaron, cuando tiene una denuncia en el Consejo de la Magistratura, y una denuncia penal por prevaricato en la que el fiscal (Carlos) Rívolo pidió medidas de prueba, acusado de tergiversar prueba de los testigos”, completó el letrado.

Quien defiende al juez Cataldi en el Consejo de la Magistratura es Luis María Cabral, por entonces presidente de la Asociación de Magistrados, y designado –otra vez- por la Cámara de Casación lo como “juez subrogante permanente”, lo cual le permite al magistrado, que ni siquiera es juez de Casación, mantener el interinato para el que fue designado a dedo y que vencía el 30 de junio. “Los Molinos de viento contra ls que uno lucha son poderosos, soplan muy fuerte”, concluyó Ravina.

La jornada en Comodoro Py tuvo una respiración propia, calma pero expectante. Ravina y Rodríguez López –los abogados defensores-, amigos, periodistas y una quincena de militantes del Movimiento Evita fueron llegando pasado el mediodía al primer piso donde funciona Casación. Los esperaban, distribuidos regularmente sobre paredes, puertas y rincones diez hombres y mujeres uniformadas de la Policía Federal. Una resolana metálica se filtraba por los ventanales del edificio, y al fondo, ajeno a la voluntad de los hombres y sus leyes, el Río de La Plata. Los abogados estaban seguros –se lo anticiparon a Infojus Noticias- que los jueces no se someterían a la lectura pública de la decisión.

Dos veces, un empleado sin asomar la cabeza pidió otro lapso de tiempo antes de dar a conocer la decisión final. La primera, hasta las 13.30; la segunda, cuarenta minutos más. La impaciencia ganó la sala entre los afectos de Carrera. “Se va a acabar, se va a acabar, la burocracia judicial”, gritaban, entre aplausos de bronca, activistas y letrados. Finalmente, a las 15, el mismo empleado –sin asomarse- entregó el documento casi sin mirar a los ojos, como el médico que da el diagnóstico de una enfermedad terminal.

-Confirmaron robo agravado, homicidio culposo, 15 años- leyó Ravina, en voz alta, a quemarropa.

Siguió un silencio hondo y varios insultos. Después, algo más repuesto, completó:

-Vamos a apelar. Qué vamos a hacer. La lucha continúa, no nos van a quebrar.

En el hall contiguo, antes de los ascensores, agradeció el aguante de los presentes. Y salió a la vereda a repudiar la decisión del tribunal ante las cámaras de televisión y que repetirá, esta tarde, en una conferencia de prensa. Carrera y su familia se comunicaron por teléfono, unos minutos más tarde, con sus abogados. Lo hicieron desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires, donde hizo falta confinarlos luego de ser hostigados por hombres anónimos con modos de la vieja usanza policial.