Caso Bulacio: fijaron fecha para el juicio oral
A 22 años de la muerte de Walter Bulacio por una golpiza en una comisaría, hay fecha para la realización del juicio oral para el ex comisario Miguel Ángel Espósito, acusado de privación ilegal de la libertad.
Una noche de abril de 1991 Walter Bulacio, de 17 años, fue a ver un recital de Los Redonditos de Ricota en el estadio de Obras. En la puerta fue demorado por efectivos de la comisaria 35 que lo detuvieron argumentando que había intentado colarse. Una semana después, Walter murió como consecuencia de una golpiza que le dieron en esa comisaría. La letra fría del expediente habla de un “aneurisma no traumático”. Ahora, la única parte de la causa que todavía queda en la Justicia ya tiene fecha para el juicio oral. El 24 de septiembre es la fecha fijada por el tribunal oral N° 29 para enjuiciar a Miguel Ángel Espósito acusado de privación ilegal de la libertad de Bulacio.
La causa principal del crimen prescribió por la lentitud de los procesos judiciales. Sólo queda en los estrados una causa en la que se investiga la presunta privación ilegal de la libertad del joven por parte del ex comisario Espósito. Misma suerte corrió el expediente abierto contra la jueza que más tiempo tuvo la causa, Alicia Iermini, a quien se le archivó la denuncia en su contra en el Consejo de la Magistratura.
El próximo 24 de septiembre el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29, integrado por Alejandro Litvack, María Cristina Deluca Giacobini y Gustavo Goerner, iniciará el juicio oral y público por la “privación ilegal de la libertad” de Bulacio contra Miguel Espósito. El por entonces comisario de la seccional 35, protagonista de aquella noche, ya fue sobreseído por el crimen y por la aplicación de torturas al joven.
La estrategia de la defensa de Espósito, cuyo abogado es el penalista Pablo Argibay Molina, es certificar que la detención de Walter pudo haberse producido como parte de una práctica habitual para con los menores de edad. En esto toma vital importancia la comprobación del denominado “memorando 40”, desde la visión de la defensa, una norma ilegal que permitía a la Policía Federal detener a menores de edad y entregarlos a sus padres sin intervención de un juez.
Por su parte, María del Carmen Verdú, abogada de la familia de Bulacio, sostiene que el mencionado memorando “no es una ley ni una norma” sino una disposición interna de la Policía Federal. Incluso en un ofrecimiento de prueba presentado al TOC 29 por la querella en 2010 se lee: “hubiéramos preferido…que estuviéramos a las puertas de un debate en el cual se discutieran todos los hechos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo por probados, respecto, no sólo de la detención ilegal, sino de la tortura y muerte de Walter”. El Estado argentino fue condenado por su responsabilidad en el crimen de Walter en 2003 cuando la Corte IDH le exigió al Estado “derogar este tipo de normas”.
La historia del juicio
Este juicio debió haberse realizado en agosto de 2011, pero como ocurrió desde el inicio de la investigación, una serie de planteos judiciales realizados por la defensa de Espósito postergaron su inicio.
Otro tanto debe decirse de Alicia Iermini, la jueza que más tiempo tuvo la causa. Tras nueve años en su poder y 17 pedidos de traslado la causa terminó en prescripción, por lo que se impidió poder juzgar a los responsables del delito. El fallo de la Corte IDH también pedía investigar la actuación de los funcionarios judiciales que participaron en la causa. En 2004 la Corte Suprema de Justicia, ya renovada por el gobierno de Néstor Kirchner, ordenó reabrir la causa e indicó al Consejo de la Magistratura que analizara la situación de los jueces que declararon prescripta la causa. En 2008 el Poder Ejecutivo por medio de su entonces Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, denunció ante el Consejo a Iermini.
En 2012, a cuatro años de la primera denuncia y a ocho del pedido del máximo tribunal argentino la denuncia contra Iermini por su “mal desempeño” en la causa llegó al Plenario del Consejo de la Magistratura. Seis votos logró el dictamen impulsado por los consejeros Manuel Urriza, entonces presidente del organismo, Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo, y los legisladores Marcelo Fuentes, Stella Córdoba, Carlos Moreno y Ada Iturrez, quienes votaron por iniciar el proceso de remoción de la jueza. Como no se lograron los dos tercios el expediente se archivó, y al igual que la causa principal, quedó en la nada.
El único acusado que irá a juicio oral es el comisario Miguel Ángel Espósito. El delito por el que será juzgado contempla prisión o reclusión de uno a cinco años, “e inhabilitación especial por doble tiempo”, al “funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase a alguno de su libertad personal”. Muy poco para una causa que ya cuenta con 22 años de historia.
A cinco años de la Masacre de la Cárcova: “Seguimos pidiendo justicia”
Mapa interactivo: seguí los juicios de lesa humanidad en todo el país
