Infojus Noticias

Solo dos hombres de la justicia investigan la causa por asociación ilícita que involucra a barras y directivos del club de fútbol más importante de la Argentina. Hay cientos de horas de video, escuchas telefónicas y demás pruebas que todavía no pudieron incorporarse al expediente. Cómo el juez Manuel De Campos tenía diez días para evaluar la prueba, cerca de la medianoche del jueves los siete detenidos por la investigación judicial quedaron en libertad. El motivo: falta de mérito. Técnicamente significa que no hay, en este momento, elementos para mantenerlos presos.

Fuentes con acceso a la causa aclararon a Infojus Noticias que la medida no implica un retroceso en la investigación. No es por una debilidad en la prueba ni por falta de ella, ni tampoco –al menos hasta el momento-, como pretenden los abogados defensores, porque el juez De Campos no tenga competencia para investigar la asociación ilícita. Más bien todo lo contrario: “es falta de tiempo material para analizar la prueba”, dice una de las fuentes de la causa. “La cantidad de testimonios, procesar los ya recabados, ver y analizar las horas y horas de escuchas y filmaciones, es imposible. Todo eso juega a favor del preso porque la regla es la libertad y la excepción es tenerlo preso”, agregó el informante.

Los investigadores saben que en videos que no han visto y desgrabaciones que no han leído hay más pruebas contra la barra porque se los ha sido referenciado por los policías o agentes de la Side que los recabaron. “Pero a veces, esa foto o ese video no ha sido volcado formalmente al expediente, no ha sido exhibido a los defensores, y por lo tanto no es formalmente una prueba”, explica otra de las fuentes.

Ante el vencimiento de los plazos legales para definir la situación de los detenidos  había tres opciones: procesarlos, sobreseerlos o dictarles la falta de mérito. El juez De Campos no tuvo más remedio que inclinarse por la tercera opción. Ahora deberá seguir juntando y procesando la prueba para que las imputaciones futuras sean más sólidas. “Yo puedo empezar a jugar un partido con nueve jugadores, pero seguramente a los 15 minutos esté tres a cero abajo. Prefiero esperar al que viene demorado por el tránsito”, razonó la fuente. “Después, si te echan a dos al final es otra cosa”.

Uno de los mayores problemas que tiene el juez es que los tiempos materiales de la obtención de la prueba son cansinos. Hace diez días, desde el juzgado mandaron a pedir las grabaciones de las cámaras que apuntan a las entradas a la cancha. En esos registros esperan corroborar gran parte de los indicios que poseen y obtener muchas más prueba. Desde Boca respondieron que son unas quinientas horas de filmación y que tienen que copiarlas prácticamente en tiempo real. Aún ni siquiera están grabadas.

En el juzgado de instrucción 5 sólo dos personas se abocan a la causa judicial más compleja que les tocó afrontar. No sólo por la cantidad de fojas –lleva acumulados 26 cuerpos- sino por lo profuso y variopinto de la prueba: decenas de declaraciones testimoniales, cientos de testigos, más de cien celulares intervenidos. Y además están el resto de las causas que tramitan allí. Para colmo, el juzgado ya estaba diezmado por un empleado con licencia prolongada y otro destinado a otras labores. El juez De Campos solicitó por oficio a la subsecretaria de personal de la Suprema Corte cinco contratos más que ayudaran a procesar todo el material colectado. Le fueron otorgados dos. “En realidad, ningún juzgado está preparado para algo como esto. Excede los parámetros normales”.

Los que salieron en libertad son Carlos Mechetti y Gustavo Gómez, y cinco miembros de la primera línea de la barra brava que permanecían tras las rejas: Santiago "El Gitano" Lancry, Alberto Crocamo, "el Gordo Beto", Cristian Garro, Hernán Cantón y Carlos Santa Cruz. El resto ya habían sido excarcelados en tandas, de acuerdo al grado de responsabilidad en la imputación, a excepción de Mauro Martín y Gustavo Petronelli, que siguen procesados por el homicidio en agosto de 2011 de Ernesto Cirino.

El defensor de los 51 barras detenidos el 23 de mayo –y varios liberados ayer-, Horacio Rivero, presentó un pedido de nulidad por incompetencia del juez para investigar la asociación ilícita, y repara en algunos errores de forma que harían caer la prueba. Y que además de “arrogarse la competencia que no tiene”, considera que los hechos –“desorden, reventa de entradas, ingreso sin autorización, exceso de asistentes, omisión de recaudos básicos de organización, turbación de espectáculos, obstrucción de salidas”- no son delitos sino “contravenciones”.