La Defensoría General de la Ciudad tiene menos presupuesto que el año anterior. Tampoco se le asignaron partidas suplementarias luego de la ampliación presupuestaria aprobada por la Legislatura.
El Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim, denunció que el recorte presupuestal para las defensorías afecta al ejercicio de derechos fundamentales. “Los mismos que declaman sobre la independencia de la Justicia, a nivel nacional, ahogan a la Justicia local para recortar su capacidad de funcionamiento y poder controlarla” señaló.
El Ministerio Público de la ciudad está integrado por tres ramas: Fiscalía, Defensoría y Asesoría Tutelar. La Defensoría General es la encargada de garantizar el derecho a la defensa en un juicio a los habitantes de la ciudad y observar el cumplimiento de los Derechos Humanos en los lugares de detención. En el año 2013 recibirá menos presupuesto destinado a equipamiento e infraestructura que el que recibió en 2012.
La semana pasada la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó, a pedido del jefe de gobierno Mauricio Macri, una ampliación presupuestaria de más de 7 mil millones de pesos pero no otorgó ningún refuerzo para la Fiscalía y la Defensoría por fuera del incremento salarial.
El Ministerio Público tiene como propósito atender al cumplimiento de las garantías constitucionales y el acceso a la Justicia. El Defensor General manifestó que si esta situación persiste “se corre el riesgo de ver resentido el funcionamiento de uno de los componentes principales del Poder Judicial de la Ciudad”. Y alertó sobre “los riesgos que entraña para la independencia del Poder Judicial local este ahogo presupuestario, ya que pone en riesgo el efectivo funcionamiento de los organismos que garantizan la vigencia de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución de la Ciudad”.