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“Esta absolución fue un nuevo ejemplo de la impunidad de la delincuencia económica”, sostuvo el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) al analizar la sentencia que liberó a todos los acusados por el supuesto pago de coimas en el Senado, en 2000. Los jueces, que tomaron como propio el planteo de la defensa al sostener que “los hechos no existieron”, firmaron un fallo “arbitrario” y utilizaron un “doble estándar” para analizar las pruebas y testimonios de la acusación y la defensa. Esas son las principales conclusiones de un trabajo que analizó las “irregularidades” que fueron señaladas en la apelación de la Fiscalía, que aún debe resolver la Cámara Federal de Casación Penal.

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal 3, compuesto por los jueces Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez, también fundó su sentencia absolutoria en que existió un “complot” contra el gobierno de la Alianza y descartó el testimonio del “arrepentido” Mario Pontacuarto.  En el documento del Cipce al que tuvo acceso Infojus Noticias se subrayó que : “Hubo un constante ataque hacia cualquier argumento que pudiera conducir a una condena, tomando como verdad absoluta lo dicho por todos los acusados (con la obvia excepción del ‘embaucador’ que confesó los sobornos, según las palabras del Tribunal)”.

La causa se originó por la denuncia pública del supuesto pago de coimas por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo para asegurar la reforma laboral. “Es el proyecto del Fondo Monetario y de los traidores”, habían denunciado los sindicatos y movimientos sociales durante las movilizaciones de rechazo, en febrero de 2000, porque aseguraban que esa modificación era parte del acuerdo para que el organismo liberara fondos para el “blindaje financiero”.  Fue parte del proceso que desembocó en el Megacanje de títulos públicos.

Los abogados del Cipce analizaron en detalle la apelación de la fiscal Sabrina Namer ante Casación. Ese documento, de 300 páginas, responde punto por punto al fallo de 2697 hojas que elaboraron los jueces Gordo, Pons y Ramirez para absolver al ex presidente Fernando de la Rúa; al ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes; a los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Costanzo, y al "arrepentido" Mario Pontaquarto.

Los jueces se esforzaron por establecer una comparación con la causa AMIA para hablar de un “complot” político, tal como plantearon las defensas de los acusados. Según esa línea, se habría tratado de una confabulación que abarcaría a Pontaquarto, a varios jueces del Poder Judicial, a fiscales del Ministerio Público Fiscal, a la SIDE, a la Oficina Anticorrupción y a periodistas pero -precisaron los abogados del Cipce- “en ningún momento se probó tal conspiración”.

Además, del análisis del fallo y la apelación de la fiscal surge que existió “un doble estándar” para valorar pruebas y testimonios: “La fiscalía explicó cómo el Tribunal consideró que estos registros de comunicaciones telefónicas no servían como prueba cuando incriminaban a los acusados, pero sí cuando –según su criterio– los beneficiaban”, indicaron.

El testimonio de Morales Solá

“Otro ejemplo de este doble estándar puede encontrarse en la valoración de los dichos de los testigos. Así ocurrió con Joaquín Morales Solá, quien dijo que tres senadores y un diputado le confirmaron que se pagaron sobornos. Su testimonio no fue valorado por los jueces, porque ellos consideraron que Morales Solá –uno de los principales periodistas de uno de los medios de comunicación más poderosos– había sido engañado por sus fuentes, quienes lo utilizaron políticamente. Sin embargo, más allá de esto, el Tribunal acusó a la fiscalía de haber hecho una ‘delegación valorativa’ en el testimonio del periodista, es decir, darle al testigo el poder de determinar si los sobornos existieron o no”, agregaron.

También precisaron que el Tribunal Oral “atacó duramente” a los jueces, fiscales y querellantes que impulsaron el caso, tanto en su etapa de investigación como en el juicio oral. “El punto máximo de este ataque se dio contra el juez de la instrucción, Daniel Rafecas, quien fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura, acusado de haber actuado con ‘parcialidad’ y violando garantías constitucionales de los imputados. Esta denuncia envía un mensaje preocupante a toda la sociedad y a los funcionarios del sistema de justicia, atentando contra futuras investigaciones en casos de corrupción”, alertaron desde el Cipce.

Sin embargo, “todos los sujetos y organismos públicos que participaron en la causa mostraron su conformidad con la forma en que se llevó adelante la investigación”. El Cipce subrayó: “Los únicos que criticaron la investigación –y de manera tan agresiva– fueron los defensores de los acusados y los jueces del Tribunal. Todos los demás sujetos que intervinieron consideraron que la instrucción del caso no violó ninguna garantía constitucional, y que existen numerosas pruebas que demuestran que los sobornos realmente existieron”.