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En los alegatos finales del juicio oral por las coimas en el Senado, la Oficina Anticorrupción pidió seis años y medio de prisión para el ex presidente Fernando De la Rúa. Fue por considerar que pudo haber detenido el pago de sobornos para que el Senado aprobara la ley de Reforma Laboral. La OA, querellante en la causa, requirió además condenar a seis años y seis meses al ex titular de la SIDE, Fernando de Santibañes; cinco años y seis meses para los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Constanzo; y a un año de prisión en suspenso para el arrepentido ex ecretario parlamentario, Mario Pontaquarto. 

En el caso del exministro de Trabajo de la Alianza, Alberto Flamarique, y el ex senador Ricardo Branda, se pidió la absolución. No existen evidencias de su participación en el "plan criminal", se explicó ante el Tribunal Oral Federal 3. “Tenemos certeza de todos los movimientos: hay pruebas que demuestran cada una de las acciones de las llamadas y el dinero”, dijo a Infojus Noticias Matías Rey, abogado representante de la la OA en la querella

“Para los querellantes quedó demostrado que Pontaquarto estuvo en el departamento de Cantarero la noche del 26 de abril”, contó Rey. Esa noche, los entonces senadores recibieron su parte del soborno en el departamento de Cantarero, que no es juzgado por razones de salud, adonde poco antes el entonces secretario parlamentario de la Cámara Alta había concurrido para dejar 4.300.000 pesos obtenidos de la SIDE. Según la querella, “hay pruebas certeras también ratifican el flujo de llamadas entre los senadores involucrados”.

José Genoud, el fallecido titular del bloque de la UCR, se habría quedado los restantes 700.000 pesos entregados por la SIDE.

De la Rúa, que asistió a todas las llamadas del juicio que comenzó en agosto de 2012, es  considerado como el "instigador del delito de peculado y cohecho activo agravado". Para él se pidió la condena a prisión de seis años y seis meses, además de inhabilitación absoluta y perpetua. Al ex SIDE Santibañes se le pidió la misma pena por el cargo "autor" de peculado y cohecho activo agravado.

Para los exsenadores Alasino, Tell y Constanzo, además del pedido de 5 años y seis meses se les pide una multa de 90.000 pesos, por autores de cohecho pasivo y encubrimiento, a raíz de haber cobrado dinero de los sobornos para dar su voto positivo a la Reforma Laboral el 26 de abril de 2000.

A Pontaquarto, “el arrepentido”, se le pidió un año en suspenso y unificar esta pena con una condena anterior por no rendir viáticos, lo que la llevaría a tres años de cárcel en calidad de partícipe necesario del cohecho agravado, ya que fue el brazo ejecutor de las maniobras para concretar el pago.

“El juicio lleva un año de audiencia y pasaron alrededor de 230 testigos”, contabilizó Rey y señaló el desgaste que eso implica para la  OA. Durante los alegatos de esta tarde, la querella repasó la llegada de Pontaquarto ese día a un hotel céntrico con el dinero, lugar donde según declaró en la instrucción de la causa lo vio su exesposa Silvana Costalonga.  Luego hablaron del retiro de los maletines con la plata para ser llevados al departamento de Cantarero por la noche, y señalaron las pruebas que confirman todas estas transacciones.

El juicio a cargo de los jueces del TOF 3 -Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez- continuará el martes próximo con los alegatos de la fiscalía.

La génesis de una coima

José Ipohorski, representante de la querellante OA, reconstruyó los hechos ocurridos en abril de 2000. Se basó, en primer lugar, en los dichos de los involucrados ante el periodismo y la declaración judicial del ex secretario del Senado, Mario Pontaquarto. Su testimonio “resulta creíble”, dijo Ipohorski. “A pesar de que los acusados y sus defensas intentaron deslegitimarlo por corrupto y traidor, no deja de ser un testigo”, señaló.

El abogado citó jurisprudencia nacional y extranjera para avalar el reconocimiento del testimonio de un arrepentido.  “Él reconoció su participación en el hecho y tampoco hubo una mejoría en su situación a partir de su declaración, sino todo lo contrario”, dijo. Pero aclaró: “Esto no coloca a Pontaquarto en un lugar de elogio, no. Es un corrupto y debe ser sometido a juicio”.

Para comprender el asunto de las coimas, hay que hacer referencia a la Reforma de la Ley Laboral. “Era un objetivo para el gobierno de De la Rúa”, explicó Ipohorski.  “Entonces se concibió una operación ilícita para lograr ese objetivo”. El proyecto tuvo media sanción de Diputados, a pesar del voto negativo de los diputados justicialistas. El radicalismo apuntó hacia los senadores justicialistas, imprescindibles para aprobar la ley.

Visto el fracaso de la negociación política, desde las más altas esferas gubernamentales se concibió la operación ilícita llevada adelante por De Santibañes y Genoud, se repartieron las tareas y el brazo ejecutor fue Pontaquarto", agregó en relación al ex secretario parlamentario del Senado Mario Pontaquarto, el "arrepentido" del caso que también es juzgado.

En cuanto a los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda, en el alegato se recordó que se venían sus mandatos en 2001. Tenían que ver por sus carreras políticas, que estaban llegando a su fin y cualquier cosa era necesaria para blindarse económicamente ante la falta de un futuro político" y por eso "hicieron lo que hicieron".

Se decidió entonces coimear a esos cuatro senadores, en una reunión que tuvo lugar, según los dichos de Pontaquarto, en la Casa Rosada. La OA dio por probado que existió una reunión en la Casa de Gobierno el 30 de marzo de 2000 al mediodía con el titular de la bancada del PJ Alasino, el senador Tell y Genoud con presencia de Pontaquarto para "obtener garantías del propio Presidente de la Nación". "De la Rúa estaba al tanto del plan en curso y lo avaló, esta reunión destrabó el pago de los sobornos a los conductores de los bloques del PJ", señaló la OA.

La sentencia, a fin de año

En el alegato se dio por comprobado que el dinero se retiró de una cuenta bancaria de la SIDE en el Banco Nación en abril de 2000 y estuvo guardado una semana en la casa de Pontaquarto al posponerse la sesión donde iba a tratarse la ley. El día de la sesión los senadores "fueron puestos en conocimiento de la versión final del proyecto a último momento y solo cuatro votaron en contra y el resto a favor por disciplina partidaria o contribución a la gobernabilidad", recordó la OA que se dijo en ese momento.

El abogado de Pontaquarto, Juan Manuel Alemán, dijo a Infojus Noticias que los alegatos culminarán a mediados de noviembre y que la sentencia estará antes de fin de año. Sobre los rumores que corren por los pasillos judiciales acerca de posibles absoluciones, confió que “pese a que el juicio se postergó y se negaron testimonios, hay pruebas suficientes para que el Tribunal se expida con condenas fuertes”.

Sin embargo, el abogado reconoció que el Tribunal rechazó un testimonio clave: el de la única persona que admitió ver la valija con el dinero para los pagos. Esa persona fue, ni más ni menos, Silvana Costalonga, ex esposa del arrepentido. Tanto para la defensa de Pontaquarto como para la fiscalía se negó una "prueba esencial": la mujer fue la única que dijo haber visto el dinero cuando Pontaquarto trasladó la valija desde el Senado a un hotel, y luego hacia su domicilio.