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El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) denunció penalmente a Diego Sánchez, uno de los protagonistas del conflicto que se da en la sala D de la Cámara Civil. Le endilgan los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato.

La denuncia presentada por la organización presidida por Jorge Rizzose presentó luego de que se conociera la decisión de la Corte Suprema de multar a Sánchez por “demoras” para emitir su voto. El máximo tribunal consideró una “falta grave” la demora injustificada en dictar sentencias y lo separó del trámite de una serie de expedientes. Esto luego de que las otras integrantes de la sala Patricia Barbieri y Ana María Brilla de Serrat dieran a conocer la situación a la Corte.

Ahora el Colegio radicó una denuncia penal ante el Juzgado en lo Correccional Nº 6, a cargo de Carlos Bruniar, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato, entre otros. En la entidad explicaron que la denuncia presentada se realizó en el entendimiento de que “debe proteger a nuestros colegas que se encuentran sin posibilidad de terminar sus pleitos lo cual implica también un grave problema para los justiciables”.

En el Consejo de la Magistratura existe un expediente donde se está investigando los conflictos que se suscitan en la sala D de la Cámara. Según explicaron desde el colegio, el senador Mario Cimadevilla (UCR), representante del Congreso en el cuerpo, dictaminó que “el Juez Sánchez no asiste cuando se encuentra el Tribunal a los acuerdos de Sala, se niega a suscribir los fallos ya firmados por los otros magistrados de la Sala, mantiene expedientes en su despacho cerrado con llave vencido el término con que cuenta para intervenir, ha perdido expedientes en medios de transporte público, utiliza los votos o realiza agregados a los fallos que denomina desacuerdos para descalificar y agravia a sus colegas de Sala y de Cámara, incurre en inasistencias que no justifica, entre otros".

En diálogo con Infojus Noticias, el consejero sostuvo que el tratamiento “no se puede dilatar en el tiempo” ya que “el tema no da para más”. Para el senador se trata de un tema de “gravedad” ya que se está “afectando el servicio de justicia”. El senador pidió que sea incluido en una reunión de la Comisión de Disciplina la semana que viene. Todo indica que podría ser tratado.

El caso llegó en 2011 al Consejo, pero de la mano de una denuncia de Sánchez contra Brilla de Serrat, en la que sostiene que esta es “problemática, manipuladora, psicópata, autoritaria, envidiosa y chismosa”, solicitando al Consejo le realice una prueba psiquiátrica. Luego el pleno de la Cámara denunció a Sánchez, y comenzaron a llegar las denuncias contra este último. Hay más de una decena de denuncias entre los magistrados en el organismo.
Sánchez, Brilla de Serrat y Barbieri, así como otros integrantes de la Cámara, debieron comparecen ante los consejeros. El primero en los términos del artículo 20. Y se defendió: “Su conducta ha estado y seguirá estando enmarcada estrictamente en la ley” pero “no puede entender… cómo jueces de cámara, a sabiendas que serán revocadas por arbitrarias e inconstitucionales, siguen dictando estas sentencias”, en referencia a sus colegas. Ahora la palabra está en el Consejo.