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El almirante retirado Jorge Godoy y Benito Rótolo, su segundo en la jefatura de la Armada hasta 2006, empezaron a ser  juzgados esta mañana por el espionaje ilegal realizado a políticos, periodistas, funcionarios y militantes sociales, sindicales y culturales desde la Base Aeronaval Almirante Zar en Trelew (Chubut). En 2012, trece marinos fueron condenados por “recopilar, analizar, procesar y distribuir información” sobre estas personas y organizaciones “en forma sistemática y habitual”. Ahora es el turno de quienes dieron las órdenes.

Los ex jefes de la Armada llegaron a tribunales antes de las 9, acompañados por sus familias. Una hora y media después, el titular del juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7 Sebastián Casanello le indicó a uno de los secretarios que les leyera la acusación. Junto a sus abogados Godoy y Rótolo escucharon una sucinta descripción de los delitos que se les atribuyen: “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público” porque ordenaron tareas ilegales de inteligencia o “bien omitieron –intencionalmente-- hacerlas cesar”. Estos delitos prevén penas de hasta dos años de prisión.

Por la tarde se escucharon los primeros testimonios. El primero fue el abogado Eduardo Hualpa, uno de los impulsores de la investigación junto al Centro de Estudios Legales y Sociales y víctima del espionaje. En el expediente figuran carpetas del seguimiento del que fue objeto Hualpa, por su actuación en en la causa contra otros cinco ex jefes de la Armada acusados por la masacre de Trelew, en la que 16 militantes de organizaciones armadas fueron fusilados en agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar.

Sucintamente el abogado sureño recorrió los inicios de la investigación. Recordó que la denuncia data de 2006, cuando el cabo Carlos Alegre envió un correo electrónico al Centro de Estudios Legales y Sociales. Entonces, Alegre contó que estaba siendo presionado para realizar tareas de espionaje explícitamente prohibidas por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. Alegre volverá esta tarde a recordar por qué y cómo tomó aquella decisión, esta vez en un debate oral que tiene como acusados a sus ex superiores.

La causa quedó radicada entonces en el juzgado federal de Trelew, a cargo del juez Jorge Pfeger, que como primera medida dispuso el allanamiento de la base aeronaval. Secuestró documentación y registros informáticos que, más tarde, le permitieron determinar que las tareas de espionaje eran comunicadas internamente -de forma vertical y horizontal- entre las distintas áreas y mandos. Y que la compilación y el almacenamiento de esa información era realizado de forma sistemática en diversos formatos y jerarquías.

En 2008 los querellantes ampliaron la acusación, y le pidieron al juez de Trelew que investigara el rol de los jefes de la Armada. Tres años después, luego de que Godoy solicitara que el expediente pasara a los tribunales federales en la Capital, el juez Daniel Rafecas lo procesó junto a Rótolo. Y en 2012, el juzgado Nacional en lo Criminal y Corrrecional n° 3 elevó la causa que hoy llega juicio.

En el expediente

Las carpetas incluían seguimientos, con fuentes públicas (como publicaciones periódicas) o de producción propia (escuchas) a periodistas, funcionarios locales, dueños de medios de comunicación, dirigentes de comunidades indígenas, profesores y estudiantes universitarios y referentes de organismos de derechos humanos, catalogados como “ex–subversivo”, “izquierda moderada”, "delincuente terrorista" o “ideología marxista”. Esa información apuntaba a personas con activa participación social y política en la provincia de Chubut, pero también en el plano nacional.

La entonces ministra de Defensa Nilda Garré, y otros funcionarios del área a su cargo habían sido “fichados” en la sección de inteligencia de la Base. Y el fallecido secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, tenía un seguimiento por su participación en el reclamo de justicia por la Masacre de Trelew (el fusilamiento de militantes revolucionarios en la base Almirante Zar, el 22 de agosto de 1972); así como el juez federal que investigaba estos había sido observado por su “ideología”.

Cuando Pfeger ordenó el allanamiento, en las oficinas de la Base aeronaval también secuestraron el “Plan Básico de Inteligencia Naval”, en sus ediciones del 2000 y 2005. El primero, contraviniendo la legislación vigente, disponía entre otros puntos el seguimiento “sobre minorías locales”, la confección de “síntesis de prensa local” e incrementar “los esfuerzos de inteligencia de la comunicación social para determinar políticas y tendencias”.

El plan de 2005, con la firma de Godoy, estableció como pauta la  producción de inteligencia sobre "amenazas asimétricas", provenientes del “narcotráfico, terrorismo internacional, crimen organizado, contrabando de armas, deterioro del medio ambiente, migraciones y cualquier otra que como tal se manifieste” (cuya inteligencia está vedada a las Fuerzas Armadas). El PBIN 201 (2005) fue la puerta de entrada para que la Armada estableciera sistemas de vigilancia sobre la comunidad islámica chubutense, grupos piqueteros y activistas indígenas, en violación a lo dispuesto por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia.

En la documentación constaba que muchos de estos mensajes hallados en la Sección de Inteligencia de la Fuerza Aeronaval N° 3 habían sido enviados o pedidos por la Dirección de Inteligencia Naval (DIIA) y el Comando de Operaciones Navales (COOP), áreas que dependen orgánica y directamente de Godoy y Rótolo, jefe y subjefe Estado Mayor General de la Armada (SJEM) respectivamente. Por ejemplo, entre la documentación  constan pedidos desde la DIIA a las diversas áreas, bases u oficinas de inteligencia que la Armada tiene en el país sobre las  marchas y actividades vinculadas con el 24 de marzo, en relación al repudio al golpe de Estado de 1976.

Indicios como el antes citados llevaron a las autoridades a ordenar nuevos allanamientos, en otras áreas de inteligencia de la Fuerzas. Pero los procedimientos fueron infructuosos. “En los restantes allanamientos no pudo secuestrarse documentación equivalente –en cantidad y calidad--, pero ello no significa que las otras oficinas de inteligencia de la ARA no participaran del circuito de inteligencia ilícita”, explicó la querella encabezada por el CELS, cuando reclamó el juzgamiento de Godoy y Rótolo. Los querellantes atribuyeron esa falta a que lejos de ser sorpresivos o inesperados, los otros allanamientos se realizaron “días y/o semanas después de que la situación tomara estado público y repercusión mediática”.