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Cuatro días después de ser sobreseída por la prescripción de la causa relacionada con el Plan Nacional de Manejo del Fuego, María Julia Alsogaray enfrenta un nuevo juicio ante el mismo tribunal -el Oral Federal N°6- pero con distintos jueces. La causa investiga a la exfuncionaria por irregularidades en el convenio entre la Secretaría de Recursos Naturales de la Nación y la Universidad de Lomas de Zamora entre 1992 y 1995. En la causa también están imputados Pascual Romero, ex Director Técnico Administrativo de la Secretaría, como coautor material, y José Merlino, coordinador del convenio por parte de la universidad, como partícipe necesario.
-Vamos a pasar a la lectura del pedido de elevación a juicio- dijo esta mañana José Martínez Sobrino, el juez que el jueves pasado había firmado en disidencia la prescripción de la causa.

Antes de la lectura la abogada de María Julia, Pamela Biserirer, interrumpió para preguntar si se habían resuelto los pedidos de recusación presentados el viernes pasado y hoy.
-Todavía no fueron resueltos- respondió Sobrino.
-Entonces me veo en la obligación, en mi calidad de abogada defensora, de pedir que se suspenda esta audiencia- afirmó la abogada.
-Eso se va resolver después. Ahora vamos a escuchar el pedido de elevación a juicio- aclaró Sobrino.

Mientras María Julia comía una pastilla Halls, la sombra de las estrategias de dilación que su defensa utilizó en el juicio relacionado con el Plan Nacional Manejo del Fuego –y que terminaron con la prescripción y el sobreseimiento- sobrevoló el Tribunal Oral Federal N° 6. Esta vez los hechos parten de un convenio entre la secretaría de Medio Ambiente y la Universidad de Lomas de Zamora. El acuerdo movió 7 millones de pesos entre diciembre de 1992 y enero de 1995.

Desde agosto de 1993 no existen constancias de recibos por parte de los pasantes ni acreditación alguna de las tareas realizadas. El dinero lo cobraba en efectivo José Merlino, sin autorización expresa de la universidad. La Secretaría le asignó una consigna policial para acompañarlo al banco. No está claro ni cuántas personas trabajaban – Pascual Romero dice que cerca de 200 y Merlino contó 20 – ni cuánto cobraban, ni hasta cuándo duró el convenio, ni quién seleccionaba el personal, ni cuáles eran las tareas puntuales que se realizaban. Las acusaciones son de Peculado y Defraudación en perjuicio de la administración pública.

La etapa de instrucción de la causa llevó 5 años, alcanzó los 2 mil folios y presentó 45 fundamentos que incluyen informes de la División de Delitos Complejos de la Policía, de la Auditoría General de la Nación, del Banco Nación, del Ministerio de Economía, documentos secuestrados de la Secretaría, declaraciones indagatorias de funcionarios y autoridades de la universidad. La investigación estuvo a cargo del fiscal de instrucción Guillermo Marijuán y fue elevada al TOF N° 6 en 2005.

María Julia escuchó la lectura del secretario del juzgado con la cabeza apoyada sobre la pared y los ojos contemplando la nada. De traje gris, pañuelo marrón y aros de oro, la ingeniera parecía desear que el tiempo pasara rápido, aburrida de escuchar la radiografía de uno de los proyectos que tuvo bajo su mando. Los agujeros en la documentación iban mostrando que en esos años nada estaba hecho para durar.

En su declaración indagatoria María Julia dijo que el convenio fue necesario por la falta de personal técnico en la Secretaría. Que lo firmó por la demanda de Recursos Humanos de sus subsecretarios, que eran quienes seleccionaban al personal. Dijo desconocer la forma de pago a los pasantes y que tomó conocimiento de la falta de documentación en la etapa de instrucción de la causa. Sin embargo, Enrique Kaplan -segundo de la ingeniera en la Secretaria- dijo en su indagatoria que nunca controló ni ejecutó nada que tuviera que ver con el convenio, y que la contratación de personal, como todo el resto, era manejado por María Julia. A su vez, Alberto Noé Carballo -entonces subsecretario- dijo que nunca tuvo a la vista documentación referente al convenio y que el personal ya estaba trabajando cuando él llegó a su función.

Con una mano en la cabeza y los ojos cerrados, María Julia seguía escuchando. La palabra de los subsecretarios, de los peritos contables, de funcionarios del ministerio de Economía, la suya propia. La causa se inició en el año 2000 cuando el apoderado de la universidad de Loma de Zamora, Alejandro Taraborrelli, denunció la pérdida del expediente que daba cuenta del convenio y ordenó su reconstrucción. Se descubrió, entre otras cosas, que se siguieron pagando cheques a nombre de José Merlino incluso después de la fecha de cierre del convenio por una cifra cercana a los 900 mil pesos. Mientras para la universidad el convenio había terminado en agosto de 1994, se siguió pagando a Merlino hasta enero de 1995.

El tribunal que dio inicio hoy a la primera audiencia del juicio dictó un cuarto intermedio hasta el 8 de mayo. Los subrogantes que la semana pasada sobreseyeron a la exfuncionaria, Patricia Mallo y Eduardo Fernández, dieron su lugar a los titulares María del Carmen Roqueta y Julio Panello. La fiscalía también es otra, está a cargo de Dafne Palopoli. Se espera escuchar a 55 testigos en el transcurso de las audiencias.